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El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

Periódico Digital Qcom.es: El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

12 DE enero DE 2022

De las palabras a los hechos en "la España olvidada"

Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

¿Será 2022 el año en que se pasará de las palabras a los hechos en la España despoblada, mayormente rural?  Podría ser y vamos a pensar que existen los mimbres para que así lo sea.

Por un lado, está la “batalla” pendiente de la financiación autonómica”, que debería haberse actualizado ya en 2014, en la que hasta ocho CC.AA. de las más despobladas exigen cambios drásticos al Gobierno para que se tenga mucho más en cuenta la dispersión de población sobre el territorio, el envejecimiento y el coste de los servicios básicos de las zonas rurales a la hora de repartir los fondos con los que abordar los desafíos demográficos.

Por otro, está la decisión de las distintas plataformas y movimientos ciudadanos de la “España Vaciada” de inscribirse como partido político para concurrir a las próximas citas electorales, comenzando por las anticipadas autonómicas de Castilla y León el próximo 13 de febrero, que serán en parte una “prueba piloto” camino de las elecciones generales de noviembre de 2023, si antes no se adelantan, y de las municipales y autonómicas previstas en las once CC.AA. no históricas (tras el adelanto en la región castellano y leonesa) para mayo del próximo año.

El pasado 23 de noviembre, los ocho presidentes de Galicia, Aragón, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, lo que vamos a llamar “la España olvidada”, de tres partidos políticos distintos (PP, PSOE y PRC) se hicieron escuchar institucionalmente en el Foro Santiago, celebrado en Santiago de Compostela, del que salió la “Declaración de Santiago”, con 35 puntos básicos, en los que demandan al Gobierno, entre otros asuntos, un fondo específico estatal que recalcule el “coste real” (por habitante) de la prestación de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, servicios sociales…) para desarrollar la Estrategia nacional frente al reto demográfico, cuyo fin sea paliar las desventajas de las zonas menos pobladas y más envejecidas, mayormente rurales.

Los ocho firmantes de esta declaración institucional de la España interior exigen también crear un catálogo de servicios para que cualquier ciudadano español, viva donde viva, reciba los mismos servicios y pueda ejercer todos sus derechos en igualdad de condiciones en todo el país, asegurando su financiación a través del sistema de financiación atribuido a las CC.AA.

Inciden también en que las necesidades de financiación atiendan o tengan en cuenta, además de los costes fijos, la superficie, la dispersión de la población, la baja densidad demográfica, la orografía, la baja natalidad o el envejecimiento y, además, que se mantenga la cláusula tradicional de anteriores negociaciones, según la cual ninguna Comunidad puede recibir menos cuantías en el nuevo modelo de financiación, lo que obligará a dotar al sistema autonómico de mayores recursos económicos.

Como afirmó entonces el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, “se debe abrir el debate de la sostenibilidad del estado del bienestar. Si hablamos del debate sobre la sostenibilidad de las pensiones, también hay que analizar la sostenibilidad de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales.”

Pocos días después del encuentro en Santiago, el Gobierno anunciaba el 3 de diciembre, a través del Ministerio de Hacienda y la Función Pública, que dirige María Jesús Montero, el envío a todas las CC.AA. de régimen común y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla de un documento de 240 páginas como paso previo al debate sobre la financiación autonómica. En el mismo, se plantea elevar ya el componente o factor de despoblación del 3% a una horquilla de entre el 3-4%, es decir, las variables no poblacionales (despoblación, insularidad, dispersión y superficie) para el reparto de los recursos del sistema de financiación de las CC.AA., introduciendo elementos correctores y teniendo en cuenta también los costes fijos vinculados al gasto, con impacto en aquellas regiones menos pobladas.

A la vez, ante este problema, el documento propone también establecer, al considerarse la solución más adecuada, un fondo específico al desarrollo, que contribuya a frenar la “sangría” demográfica por pérdida progresiva de población en determinadas zonas.

En concreto, las variables correctivas no poblacionales (“población ajustada”) tendrían como objetivo, según la propuesta de Hacienda, garantizar una adecuada prestación de servicios en aquellas CC.AA., cuyas características geográficas inciden especialmente en sus necesidades de gasto, teniendo en cuenta un desafío clave para muchas regiones, como es el reto demográfico.

Las primeras reacciones de las CC.AA. de “la España olvidada”, como les gusta más llamar a algunos de los presidentes autonómicos de esas regiones, no se hicieron esperar. Fueron por lo general positivas (al igual que las de algunos otros presidentes de la España “poblada”, como el de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig), al considerar que la propuesta de Hacienda supone un claro avance sobre el actual sistema de financiación, en línea con lo que plantean (“Documento de Santiago”), pero la ven aún demasiado tibia e insuficiente, aunque válida para iniciar el debate cuando realmente se produzca.

La España Vaciada

Por otra parte, en la III Asamblea General de la España Vaciada un total de más de 160 colectivos, en representación de 30 provincias y 12 CC.AA., animados por el ejemplo de “Teruel Existe” (fue en las últimas elecciones generales la fuerza más votada en la provincia, logrando un diputado y dos senadores) acordaron el 19 de septiembre pasado en Priego (Cuenca) crear una herramienta o instrumento de participación política con el que concurrir a las próximas citas electorales, con el único objetivo de trabajar por el reequilibrio territorial y luchar contra la despoblación.

Esta plataforma recalcó que “es necesario estar presentes en las instituciones para tener capacidad de influencia en las medidas políticas que nos afectan, porque las decisiones que están condenando el futuro de nuestras comarcas las toman los políticos; la España Vaciada ya no puede esperar más y es el momento de avanzar con decisión para empezar a resolver de manera urgente el grave problema de la despoblación y de los desequilibrios, actuando en todas las instituciones y en todos los ámbitos.”

Entre los argumentos compartidos en la III Asamblea de la España Vaciada se citó de manera reiterada los artículos 138 y 139 de la Constitución, que recogen el principio de desarrollo equilibrado y el principio de igualdad entre los españoles, a la vez que la denuncia respecto a que “las distintas Administraciones llevan décadas dejando atrás a los habitantes de un extenso territorio del país, frente al impulso de zonas más desarrolladas, lo que consideran un “maltrato y abandono histórico”.

Esta plataforma, como declaró recientemente el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, en el programa “Parlamento” de RNE, tiene un objetivo “de mínimos”: conformar un grupo parlamentario propio para garantizar que se trabaje en la lucha contra la despoblación, “que nadie ha sido capaz de atender en más de cuarenta años”, afirmó. Para ello se requiere, al menos, 15 diputados o bien, a partir de cinco escaños, haber alcanzado un 15% de los votos en las circunscripciones donde se haya presentado la candidatura o un 5% de las papeletas en el conjunto del Estado.

“La experiencia nos demuestra, señaló Guitarte, que es muy fácil que estos problemas caigan en el olvido, que la inercia de funcionamiento del Estado vaya por otro camino, por lo que creemos que es imprescindible esa presencia de la España Vaciada para que se corrija el modelo de desarrollo que estamos siguiendo en el país.”

Guitarte indicó que la plataforma política de la España Vaciada, que podría causar cierta preocupación a las grandes formaciones políticas, como el PP o el PSOE, “no pretende llegar a revolucionar nada, sino a poner encima de la mesa el problema de la despoblación, siendo un elemento de consenso, más que de confrontación, puesto que uno de sus principales objetivos es que haya Gobiernos estables y un pacto de Estado para afrontarlo.”

En principio, la intención de la plataforma política de la España Vaciada era irse preparando para concurrir a las elecciones generales, previstas, si no hay adelanto electoral, para noviembre de 2023 y, quizás también en algunas elecciones autonómicas, que podrían adelantarse, como las andaluzas. Aunque había rumores, no preveían que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, del Partido Popular, rompiera el gobierno de coalición con Ciudadanos (Cs), anticipando la cita electoral en esta Comunidad para el próximo 13 de febrero.

Por ello, aunque la anticipación con las urnas en esa región les ha pillado un poco con el pie cambiado, estas elecciones autonómicas serán la primera prueba de fuego a la que se enfrentará la plataforma política de la España Vaciada, puesto que, como es de sobra conocido, Castilla y León es una de las regiones que más sufre el fenómeno de la despoblación y el envejecimiento de sus zonas rurales.

"En principio, serán cinco (Soria, Burgos, Palencia, Valladolid y Salamanca) de nueve provincias en Castilla y León, en las que la plataforma de La España Vaciada presenta candidaturas a esta cita electoral, mientras que León y Zamora han decidido esperar y madurar más su decisión para presentarse a las elecciones municipales y generales de 2023.

Salvo en Soria, cuya plataforma Soria, ¡YA! cuenta con más de 20 años de existencia y concurrirá con su propia marca, al ser la más conocida, pero previendo luego coaligarse con el resto en el Parlamento autonómico, el resto de las que se presentan lo hará bajo la denominación de "España Vaciada" más el nombre de la provincia. Cabe señalar también que León (UPL) y Ávila (Por Ávila) cuentan con movimientos de parecida índole a los de la España Vaciada, aunque no tienen nada que ver con la coordinadora estatal, y que en Segovia y en Palencia se han creado plataformas como "Segovia Existe" y "Palencia Existe", siguiendo el ejemplo del nombre trazado por "Teruel Existe" que, por ahora, estarían también al margen de la misma.

Habrá que esperar a ver qué resultados logra la España Vaciada en las elecciones autonómicas del próximo 13-F en Castilla y León, donde la más preparada para lograr presencia de procuradores en las Cortes autonómicas es Soria ¡Ya! Una presencia que podría resultar decisiva si ninguno de los grandes partidos logra mayoría suficiente como para gobernar en solitario.

¿Fue el Partido Agrario Español (PAE) de 1934 el antecedente de “La España Vaciada”?

Según un reciente artículo de Xavier Carmaniu en el rotativo asturiano de “La Nueva España”, el conservador y republicano Partido Agrario Español (PAE), fundado en 1934 y en activo hasta la Guerra Civil, podría pasar por ser el antecedente de la plataforma de “La España Vaciada”. En todo caso, fue el primer ejemplo de movilización política propia del campo español, en una época en la que se utilizaba el agrarismo como bandera electoral para lograr escaños en el Congreso, como lo fue ya en la Restauración y en la dictadura de Primo de Rivera. El PAE tenía implantación sobre todo en las provincias de la zona “mesetaria”, pero también logró escaños en tres de las provincias gallegas (Lugo, Orense y Pontevedra), Santander, Córdoba, Jaén, Sevilla y Murcia. Fue una formación que representaba los intereses de los propietarios de tierras pero que, a diferencia de otros partidos de derecha, aceptó el régimen de la II República de 1931. Se trataba, según defendió Luis Gil Cuadrado en su tesis doctoral en la UCM, de un partido políticamente moderado, pero socialmente conservador. El PAE logró escaños al Congreso de los Diputados en 25 provincias españolas en el bienio republicano 1934-1936, con el Gobierno de Alejandro Lerroux, líder del Partido Republicano Radical (PRR), y hasta ocupó brevemente (entre el 6 de mayo y el 25 de septiembre de 1935), el Ministerio de Agricultura, siendo ministro el abulense Nicasio Velayos Velayos. A este ministro le dio incluso tiempo de elaborar una la Ley para la reforma de la reforma agraria de 1932, con la que trató de proteger a los propietarios expropiados de las expropiaciones forzosas de tierras, con vías como recurrir a los justiprecios fijados unilateralmente por el Gobierno o introduciendo un cauce de “utilidad social”, que permitía al Gobierno la anexión de tierras de forma automática, sin poder dar lugar a recurso alguno. También trató, sin éxito, articular mecanismos para estabilizar el precio del trigo a largo plazo y proteger a los agricultores, retirando cereal del mercado en tiempos de buenas cosechas y reintroduciéndolo en momentos de escasez.

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