26 DE junio DE 2023
Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez
Recientemente la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (ComAgri) del Parlamento Europeo presentó un interesante estudio de investigación sobre “El impacto de los fenómenos climáticos extremos en la producción agrícola de la Unión”, que pone énfasis en cómo el propio sector está decidiendo ya soluciones de adaptación en medio de posibles respuestas políticas para hacer que la agricultura sea más resiliente al cambio climático.
Este es asunto cada vez de más de candente actualidad, ya que fenómenos extremos, como las olas de calor o de frío, lluvias torrenciales, inundaciones, sequías, incendios forestales e intensas tormentas de viento y granizo…suceden cada vez con mayor ocurrencia y en menor espacio de tiempo, siendo el sector agrario, que tanto depende de la evolución meteorológica en sus cosechas, una de las víctimas más propiciatorias y a quien se le pide también más esfuerzos, no acompañados de mayores o suficientes recursos para poder hacer frente a estas adversidades
Como se señala en una sinopsis del estudio, “el cambio climático puede influir en la frecuencia y la gravedad de los fenómenos extremos, siendo esta atribución especialmente evidente en el caso de las olas de calor. Las tendencias históricas y las proyectadas en la sucesión y gravedad de los fenómenos extremos convergen hacia escenarios parecidos; es decir, en un aumento de las temperaturas extremadamente cálidas en verano en toda Europa, en condiciones progresivamente más secas en el Sur y en un aumento de los episodios de lluvias intensas en el Norte y Centro europeos.”
Tal es así, que cada vez preocupa más la magnitud de estos aumentos. Las proyecciones que se barajan indican que el número de días de las olas de calor climatológicas se multiplicará al menos por cinco para finales de siglo en los climas más fríos y hasta por treinta en los climas más cálidos, pudiendo triplicarse la gravedad de las sequías en el Sur de Europa para finales de siglo.
En la actualidad, las sequías representan más del 60% de las pérdidas específicas del sector agrario, es decir unos 5.000 millones de euros anuales (Naumann y cols, 2021), pero lo peor es que esta tendencia se prevé que aumente en el futuro.
Los fenómenos extremos tienen también un “efecto cascada” en las funciones ecológicas y en la economía agrícola, siendo los subsectores más vulnerables los cereales de secano y, en concreto, el maíz, como se vio en la última campaña en la Unión Europea; los árboles frutales y las plantas perennes, así como los tubérculos cultivados en regiones con episodios extremos de lluvias y la ganadería por su dependencia de los forrajes, se indica en el estudio.
Pero, ¿existen soluciones de adaptación para que el sector agrario sea más resiliente al clima? En el estudio se da cuenta de varias alternativas en apoyo de la actividad de los agricultores y del mantenimiento de su productividad. Otra cosa es que éstas sean viables (rentables y competitivas), suficientes y puedan ser aplicables con el apoyo que recibe actualmente el sector agrario.
Las mismas incluyen opciones de adaptación “de arriba hacia abajo”, ya existentes en su mayoría, como herramientas o instrumentos de gestión de riesgos (seguros, fondos de inversión, cobertura o mancomunación de riesgos), observatorios del cambio climático y sistemas de alerta temprana aplicados de manera local.
Los agricultores pueden también adoptar estrategias o alternativas por sí mismos (“de abajo hacia arriba”), como de hecho ya vienen haciendo en algunos casos y en la medida de lo posible, mediante la estabilización de los ingresos a través de su adhesión a programas de gestión de riesgos o la diversificación de las fuentes de ingresos; el fomento de la resiliencia a través de la mejora de la salud del suelo y el buen funcionamiento de los agroecosistemas, o la protección de los activos mediante inversiones en equipos específicos (redes antigranizo, invernaderos, riego, etc.).
Instrumentos políticos
Como es lógico, están también los instrumentos políticos que contemplan la necesidad de la adaptación del sector agrario de la Unión a estos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos. Ahí están definidas las Estrategias “De la Granja a la Mesa”, “De Adaptación al Cambio Climático de la UE”, “Sobre Biodiversidad 2030”, “Para la Protección del Suelo”…, etc., que promueven un enfoque sistémico de los problemas medioambientales y climáticos, teniendo en cuenta el papel y los posibles efectos sobre el sector agrario.
El problema no está en la definición en sí de las distintas estrategias, sino en las limitaciones y en las dificultades para aplicar en la práctica todas estas disposiciones recogidas en el papel y, sobre todo, para compensar suficientemente los efectos adversos que tienen sobre la rentabilidad y competitividad de la producción agrícola de la UE. Como se ha repetido ya hasta la saciedad, no es posible una agricultura “verde” sustentada sobre “números rojos”.
Según el estudio, la nueva reforma de la PAC 2023-27 hace mayor hincapié en los instrumentos que apoyan una gestión proactiva de los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos causados por el cambio climático.
Como respuesta a los retos que plantea la adaptación del sector agrario, los Estados miembros consideran prioritaria la necesidad de apoyarla mediante los planes estratégicos nacionales de la PAC, con instrumentos como los regímenes ecológicos (ecorregímenes) o intervenciones sectoriales u otras.
Las soluciones de adaptación que cuentan con mayor apoyo son las que contribuyen a prevenir los daños causados por las inundaciones, las lluvias torrenciales u otros fenómenos adversos, que afectan a la estructura del suelo (rotaciones, aumento de la cubierta vegetal y limitación de la labranza), pero también las que persiguen el mantenimiento o establecimiento de elementos del paisaje (biodiversidad).
En lo relativo a la prevención de daños debidos a la sequía y a la escasez de agua, el apoyo de los Estados miembros se centra principalmente en soluciones que promueven un uso más eficiente del agua de riego, que aumenten la retención de agua en los suelos y el paisaje, junto a medidas destinadas a la rotación y diversificación de cultivos, y de adopción de especies más tolerantes a la sequía y el calor.
Algunos Estados miembros apoyan también la mejora de la gestión de los pastos, mediante la adecuación de la carga ganadera a la producción forrajera, por ejemplo, con el fin de hacer frente al riesgo de escasez de forrajes en caso de sequía.
Otras soluciones de adaptación abordan igualmente los riesgos de heladas, granizo y tormentas, como la promoción de protección antigranizo en los huertos frutales.
Sin embargo, en el estudio se reconoce que las medidas de la PAC, aplicadas por los Estados miembros, en general, no se diseñaron siguiendo un enfoque global, que permita una adaptación generalizada del sector agrario. Las intervenciones de la Política Agrícola Comunitaria promueven la adopción de prácticas agrícolas individuales y medidas de gestión que abordan riesgos climáticos específicos (“una práctica = un pago”), en lugar de fomentar un enfoque sistémico a nivel territorial o de explotación.
Además, añade que “dado que estos instrumentos políticos siguen siendo voluntarios, su impacto potencial dependerá de los recursos presupuestarios que se asignen y de la aceptación por parte de los agricultores.”
¿Recursos suficientes?
Posiblemente, ahí esté el “quid” de la cuestión: ¿Son suficientes los recursos presupuestarios que se ponen sobre la mesa para compensar a los agricultores y que éstos acepten las medidas propuestas de mejora de su resiliencia ante los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, sin ver a la par mermada la rentabilidad y competitividad de sus explotaciones?
Los Estados miembros tendrán que evaluar la eficacia de sus planes estratégicos de la PAC en materia de adaptación al cambio climático y llevar a cabo los ajustes necesarios para la consecución del objetivo OE4 (Contribuir a la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos).
En concreto, los informes anuales de resultados pertinentes para la adaptación al cambio climático (por ejemplo, la proporción de Superficie Agraria Utilizada (SAU), con arreglo a los compromisos apoyados para mejorar esa adaptación) deberían permitir hacer un seguimiento de los avances logrados en este ámbito.
El estudio de la ComAgri ofrece una serie de recomendaciones para esta adaptación sectorial ante tales adversidades y considera fundamental que en los próximos años se analicen los instrumentos que cada Estado miembro ha movilizado efectivamente para apoyar dicha adaptación.
Se recomienda, así, que esos objetivos de adaptación deben definirse con mayor precisión por parte de los Estados miembros, con el fin de poder hacer un seguimiento adecuado de los resultados obtenidos.
Se considera importante también evaluar la capacidad del marco de rendimiento, seguimiento y evaluación aplicables a la PAC de 2023 a 2027, para informar verazmente sobre las contribuciones de cada Plan estratégico nacional a este objetivo europeo.
Para mejorar la resiliencia de los sistemas agrícolas de la Unión frente a los fenómenos climáticos graves, las intervenciones de la PAC deben promover enfoques sistémicos a nivel de explotación. Y, en este sentido, los planes estratégicos deberían desarrollar más mecanismos específicos como, por ejemplo, enfoques basados en puntos, orientados a la consecución de resultados y basados en sistemas para buscar soluciones de adaptación ambiciosas.
También se recomienda hacer un mayor esfuerzo para apoyar el despliegue de los instrumentos de gestión de riesgos pues, no obstante, el apoyo a los regímenes de seguros constituye una media “ex post” (apoyo a la recuperación de un fenómeno climático adverso), que no debe eclipsar las medidas “ex ante” (fomento de la prevención, la preparación y la respuesta) a nivel de explotación.
Por último, los autores del estudio consideran necesario reforzar las sinergias entre las políticas de gestión del agua, las políticas agrícolas y las políticas climáticas, mediante una mejor integración de la gestión de riesgos de inundación y de sequía en los planes estratégicos de la PAC.
En conclusión, parece mucho más fácil definir el impacto y referirse a los riesgos del impacto que están teniendo los fenómenos climáticos extremos en la producción agrícola de la Unión Europea, que encontrar alternativas o soluciones viables para afrontar los mismos. Muchas de las respuestas ya están siendo aplicadas en mayor o menor medida por los propios agricultores y ganaderos, que son los más interesados en ello, dado que está en juego la viabilidad de su negocio y su propia supervivencia.
Otras, son propuestas por las políticas que quiere aplicar la UE en este ámbito, muchas veces a través de instrumentos o herramientas que no tienen en cuenta la opinión y la posición de los interesados, agricultores y ganaderos que las tienen que aplicar. De ahí su aversión y su rechazo. Si se quiere tener cierto éxito, en vez de tratar de imponer esas políticas, incluso con sanciones si se incumplen, debería atenderse y escuchar más a los que las deben aplicar o, al menos, intentar consensuar un punto intermedio para llegar al acuerdo.
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