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El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

Periódico Digital Qcom.es: El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

26 DE octubre DE 2022

Hoja de ruta para la inclusión financiera de la España rural

Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

Los problemas de exclusión financiera son una manifestación más de la despoblación que sufren amplias zonas del país y constituye un serio problema de carácter socioeconómico transversal. Estamos ante uno de los asuntos, entre otros muchos, que ha levantado bastante polémica mediática y real en los últimos años, porque viene afectando de pleno al acceso de efectivo (dinero), a los ingresos y ahorros de muchas personas, sobre todo de edad avanzada, los núcleos rurales.

Forzados por la crisis económica, que se venía arrastrando desde la quiebra de Lehman Brothers en 2008, y por la implosión de Internet, cajas de ahorro y banca se han visto en la tesitura de tener que acelerar la reducción de costes de manera drástica, con el cierre de oficinas y la reducción de personal, para no seguir perdiendo rentabilidad.

Actualmente, el porcentaje de población sin acceso a servicios financieros presenciales, como  oficinas bancarias, cajeros automáticos, puntos de acceso de Correos, agentes financieros u oficinas móviles, es de apenas un 1,4% (en torno a 660.000 personas) y afecta a unos 3.230 municipios en nuestro país, prácticamente del ámbito rural.

Otro número elevado de pueblos tiene solo una fuente de efectivo, es decir, están también en riesgo de exclusión, y en ellos vive otro 1,2% de la población total (unas 560.000 personas).

Ya, en septiembre de 2008 —cuando se logró un máximo histórico de oficinas físicas en España- el 90% de los municipios, que hoy figuran sin punto de acceso físico a los servicios financieros, no disponían de oficina bancaria en ese momento. Esta situación no ha hecho más que recrudecerse desde entonces, extendiéndose también a los núcleos urbanos, donde el número de oficinas con servicios de atención presencial se ha recortado drásticamente.

Aunque se habían dado ya pasos concretos para revertir esta situación de exclusión financiera, el pasado 7 de octubre se produjo uno de los más importantes cuando, en una reunión con la ministra de Asuntos Económicos y Agenda Digital y vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, las tres patronales bancarias y de cajas de ahorro (la Asociación Española de la Banca, AEB, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, CECA y la Unión Española de Cooperativas de Crédito, UNACC), acordaron actualizar el denominado “Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca”, que se había suscrito el 23 de julio de 2021.

En el Protocolo actualizado se incluye el compromiso de las entidades bancarias de asegurar una provisión adecuada de servicios financieros presenciales para el 100%, es decir, la totalidad del territorio en el plazo máximo de seis meses, ampliable bajo determinadas circunstancias, otros seis meses. Algo que, sin duda, sería un facto clave que contribuiría a favorecer la lucha contra la despoblación y a mejorar la vertebración del territorio.

Según los firmantes, el cumplimiento del compromiso alcanzado, explicitado en una “hoja de ruta” concreta, debería permitir que todos los municipios españoles cuenten al menos con un punto de acceso a los servicios bancarios.

En segundo lugar, además de actualizarlo, se completa el Protocolo con otros compromisos adicionales en relación con aquellos municipios que se encuentren en riesgo de exclusión financiera, al contar con un único punto de acceso físico a los servicios bancarios.

Modalidades de prestación del servicio

El acuerdo fija las modalidades de prestación de servicios bancarios presenciales en función del tamaño de la población. Para aquellos pueblos de más de 500 habitantes (unos 243, en los que habita el 0,45% de la población española, 211.000 personas), se dispondrá de al menos un punto de acceso a través de las modalidades de oficina bancaria, cajero automático, oficinas móviles y/o agentes financieros.

Para los pequeños pueblos de menos de 500 habitantes, que carecen de punto de acceso a servicios financieros (unos 2.987 municipios, en los que viven el 0,99% de la población, en torno a 446.000 personas), el protocolo firmado incluye garantizar la provisión de servicios bancarios básicos, incluyendo el acceso al efectivo,  además de bajo las modalidades establecidas en los municipios de más de 500 habitantes, con otras modalidades adicionales como, por ejemplo, a través de carteros rurales, que permiten llegar al 100% del territorio, mediante modalidades de “cash back” o “cash in shop”, y con  la suscripción de acuerdos que habiliten la retirada de efectivo en establecimientos físicos, cas de Ayuntamientos o comercios.

Ya, el pasado 20 de julio, las tres grandes asociaciones financieras suscribieron un Protocolo general, con la colaboración de Correos que, como es conocido, ostenta el Servicio Postal Universal, para facilitar la inclusión financiera en las zonas más despobladas.

Mediante dicho protocolo, Correos se comprometió  a poner a disposición del sector bancario su  “Correos Cash” para realizar retiradas o ingresos de efectivo u otras gestiones en 4.675 puntos de atención al ciudadano de la compañía logística (entre ellos 2.300 oficinas y otros 2.282 servicios rurales), a través de 6.000 carteros rurales, que disponen de dispositivos electrónicos (PDAs)  y pueden ofrecer atención personal en el domicilio de los clientes, sin necesidad de que estos dispongan de medios, ni conocimientos tecnológicos.

De hecho, cada entidad bancaria, como ya han hecho algunas, puede sellar acuerdos bilaterales con Correos, una empresa pública que, a través de su red de oficinas y sus 6.000 carteros rurales, alcanza el 100% de los municipios de la geografía española, con el objetivo de que todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, tengan acceso al efectivo con el menor desplazamiento posible.

Todas estas iniciativas, en cualquier caso, no pretenden ignorar u obviar la realidad social actual en el acceso a los servicios financieros por parte de los ciudadanos, sino que, más bien, tratarían de complementarlas con los servicios de banca electrónica online y telefónica, desarrollados por las propias entidades financieras.

Al respecto, las entidades bancarias continuarán impulsando la capacitación digital y financiera de sus clientes en el ámbito rural, mediante programas de formación, incluyendo una formación específica a segmentos de personas mayores.

Formación financiera digital

Un ejemplo de esto es el acuerdo alcanzado el pasado 21 de octubre entre la Consejería de Movilidad y Transformación Digital  de la Junta de Castilla y León y Caixabank, por el cual compartirán recursos humanos y materiales en un programa de capacitación, que busca que los habitantes de esta región (estimado en un 40% de la población total), en especial los más mayores y los residentes en el medio rural, aprendan a acceder, mediante cursos de formación en los espacios CYL Digital y centros rurales asociados, a los servicios electrónicos financieros (uso de Internet y de aplicaciones móviles –apps- para realizar gestiones en la banca online)  y, de esto modo, contribuir a reducir la brecha digital.

En este aspecto, cobran mayor importancia si cabe también las iniciativas que el Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital, viene llevando a cabo para reducir esa brecha digital de las zonas rurales, tanto en lo referido a las inversiones para incrementar la cobertura rural de las redes de 100 mbps con vistas a que dicha brecha aún abierta entre zonas rurales y urbanas desparezca completamente en 2025, como en lo relativo a la mejora de las coberturas de 4G y 5G.

En la “hoja de ruta” se establece que un experto independiente se encargue de realizar un seguimiento continuado de las medidas que se vayan implementando para mejorar el acceso a los servicios financieras y también para reajustarlas, si fuese necesario identificar alternativas que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos planteados.

Se llevará a cabo también un estudio anual que revise el diagnóstico de los puntos de acceso a los servicios financieros y, de manera complementaria, cada una de las tres grandes asociaciones bancarias elaborarán sus propios informes trimestrales de situación, con el fin de realizar un seguimiento de las actuaciones a las que se han comprometida en este acuerdo.

Ambos análisis recogerán la información remitida por las entidades financieras sobre los municipios inicialmente incluidos en el ámbito del protocolo acordado, detallando los nuevos puntos de acceso, así como las localidades en las que se haya producido el cese de servicios a través de oficina móvil o agentes financieros.

En suma, se trataría de buscar la universalidad en el acceso integral a los servicios financieros de todos los ciudadanos de nuestro país, con independencia del lugar en que moren, mediante un mix de medidas que se adapten a cualquier situación y, que sobre todo, cumplan con el objetivo que se persigue, como es el de prestar dichos servicios de manera presencial en todos los municipios españoles.

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