Impuesto al plástico ..., que pagarán los consumidores

Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

Si nadie lo remedia -y parece que por ahora el Gobierno no ha dicho que esta boca es mía- el próximo 1 de enero entrará en vigor el nuevo Impuesto Especial a los Envases de Plástico, que gravará con 45 céntimos de euro por kilo de plástico de un solo uso, según establece el artículo 78 de la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

La patronal de la industria de alimentación y bebidas (FIAB), la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC) que agrupa a fabricantes y distribuidores, así como las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA, Y Cooperativas Agro-alimentarias, las asociaciones de la distribución comercial mayorista y minorista, ANGED, ACES, Asedas y otras relacionadas directa o indirectamente con este material, como Adelma, Stanpa y EsPlásticos, han pedido con la misma reiteración y poco éxito por ahora que esta tasa se retrase al menos un año.

Consideran que con la crisis energética y de materias primas –alimentarias y no alimentarias- que asola a Europa como consecuencia de la guerra en Ucrania, principalmente, y de otros factores no ajenos como la sequía, que ha reducido la oferta de muchos alimentos básicos, elevando su precio, y la salida de la pandemia de Covid-19, imponer un nuevo gravamen fiscal no va a servir nada más que para continuar elevando los costes de producción y seguir encareciendo al final la cesta de la compra del consumidor y, por ende, elevar la inflación.

De acuerdo a lo que dice el artículo 67 de la citada ley, “el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre la utilización, en el territorio de aplicación del impuesto de envases no reutilizables que contengan plástico, tanto si se presentan vacíos, como si se presentan conteniendo, protegiendo, manipulando, distribuyendo y presentando mercancías.”

Su finalidad, según apunta su apartado 2, es “el fomento de la prevención de la generación de residuos de envases de plástico no reutilizables, así como el fomento del reciclado de los residuos plásticos, contribuyendo a la circularidad de este material.” 

Estos fines, por supuesto, son de sentido común, y deben seguir impulsándose. Pero son muchos los que se preguntan si para ello hace falta imponer una tasa, cuyo afán parece ser más recaudatorio que otra cosa. ¿Acaso está garantizado que el Gobierno o las distintas Administraciones van a destinar todo lo que se recaude con ese gravamen a fomentar el reciclado y a evitar la proliferación de residuos?

El Gobierno calculó en su día que “el impuesto al plástico” recaudará unos 734 millones de euros anuales a partir de su entrada en vigor. En otros términos, que los consumidores serán, como siempre, los paganos de esta nueva tasa que gravará muchas de las mercancías alimentarias (así como otros bienes que no lo son), en las que el plástico está presente (la mayoría), al tratarse de un impuesto finalista, que se irá trasladando a lo largo de la cadena de valor.

Desde FIAB se ha reclamado recientemente a la Administración que, “ante la delicada y tensionada situación económica actual, no adopte ninguna medida fiscal que perjudique la competitividad de las empresas y a los propios consumidores.”

Para patronal de la industria de alimentos y bebidas, la escalada histórica de los precios del gas y la electricidad, a pesar de los recortes temporales del IVA aprobados por el Gobierno, está causando un grave impacto en los costes empresariales y llevando al alza la inflación. A todo ello, se unen los impactos derivados de la guerra de Ucrania, como el desabastecimiento de materias primas, la falta de suministros básicos, como los fertilizantes, etcétera.

Junto a los motivos estrictamente económicos (un estudio de Analistas Financieros Internacionales, AFI, calcula que el gravamen impactaría en los costes en unos 2.000 millones de euros), la FIAB llama la atención sobre los “costes operativos”.

“La aplicación o puesta en marcha de un impuesto de tales características es muy complejo y necesita de un desarrollo reglamentario, en los que se expliquen de manera detallada todos los procedimientos y trámites administrativos a seguir. Además, todo ello exigirá crear documentación y desarrollar nuevos sistemas y aplicaciones informáticas con casuísticas infinitas que hacen que las dudas sobre cómo cumplir con las obligaciones legales se multipliquen.” Mientras tanto, todo esta incertidumbre lo único que genera es cierta “inseguridad jurídica” a las propias empresas.

La vida sin plástico

A pesar de los avances y de las muchas investigaciones para crear alternativas al uso de los plásticos no reutilizables, muchas de ellas a partir de residuos o subproductos alimentarios, la realidad es que es difícil concebir en la actualidad una vida sin plástico, como uno de los materiales básicos para el contenido o el envasado, que es imposible sustituir en su totalidad.

Es cierto también que se necesita más concienciación y civismo por parte de todos para evitar que los plásticos terminen no en los contenedores amarillos o en las plantas de reciclaje, sino donde no tienen que terminar, perjudicando el medio ambiente y contaminando suelos, ríos y mares. Peo, ¿eso se soluciona imponiendo tasas y nuevos gravámenes, no a las empresas, que los trasladarán hasta el último eslabón de la cadena, sino a los ciudadanos?  Creemos que no.

En declaraciones a los medios, la gerente de Sostenibilidad de AECOC, Cinta Bosh, mencionó también otras cuestiones, al señalar que “el plástico es indispensable para muchos usos e insustituible” y que “no hay plástico reciclado disponible ni en cantidad, ni en calidad para abastecer a la industria alimentaria y, además, hay plásticos reciclados que no pueden tener un uso alimentario.”

Bosch llama también la atención sobre otra de las obligaciones que implica la Ley 7/2022, como la denominada Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), que traslada a los fabricantes el coste de la gestión de residuos que generan los productos que pone en el mercado y cuyo objetivo es, al menos sobre el papel, garantizar que no se generen daños al medio ambiente, a través de una correcta gestión de los residuos, pero sin que el coste repercuta en la Administración y en los ciudadanos que no consumen el producto.

La ley de residuos y suelos contaminados delimita el ámbito de esta RAP, estableciendo las obligaciones a las que pueden quedar sometidos los productores, tanto en la fase y diseño de la producción, como durante la gestión de los residuos, bien de manera individual (a través de sistemas de depósito, devolución y retorno) o mediante Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor, los denominados SCRAP, como Ecoembes o Ecovidrio.

Esta medida obligatoria, denuncia Bosch, puede sumar unos 1.150 millones de euros de impacto al sector fabricante y distribuidor del comercio de alimentos y de otros productos en un contexto de incremento disparado de costes, especialmente los energéticos, restando competitividad a las empresas.

Fiscalidad “verde”

A nadie se le escapa que la nueva figura tributaria responde a las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea (mucho antes de la pandemia de Covid-19 y de la guerra de Ucrania, por supuesto) para que España aplique la fiscalidad “verde”, al contar con un amplio margen de actuación y ser nuestro país el quinto por la cola en la puesta en marcha de gravámenes medioambientales, con ingresos tributarios por debajo del 2% del PIB, frente a la media  del 2,4-2,5% del PIB de media comunitaria.

Esta nueva tasa, según el análisis de la consultora EY, es un primer paso en la aplicación de la fiscalidad medioambiental e inaugura una categoría de impuestos que se dirigen, al menos sobre el papel, a fomentar la economía circular en el ámbito del plástico, al trasponer tres directivas europeas.

El nuevo impuesto es similar al que se quiere (o se quería) implantar en Italia a partir también del 1 de enero de 2023, aunque veremos a ver si finalmente con el cambio de Gobierno se hace o se pospone, y similar a la tasa que se aplica en el Reino Unido desde abril de este año, aunque se desconoce con qué resultados.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, mostró claramente sus intenciones y ya advirtió cuando se negociaba en el Congreso de los Diputados la citada ley sobre el “uso absolutamente desmedido, irracional e irresponsable de los envases de plástico”.  Pese a lo cual habría que señalar que, incluso teniendo bastante razón en lo que dice, es muy dudoso que la solución más razonable para acometer este problema sea implantar un nuevo impuesto, por muy “verde” que sea,  que pagarán sin discriminación y sin progresividad ninguna todos los ciudadanos.

Nuevas normas 

La Comisión Europea adoptó recientemente (el pasado mes de septiembre) nuevas normas sobre la seguridad de los materiales y objetos plásticos reciclados, destinados a entrar en contacto con los alimentos, recogidas en el Reglamento (UE) 2022/1616 de la Comisión (DOUE de 20 de septiembre).

La disposición establecer normas claras para garantizar que el plástico reciclado se pueda utilizar de forma segura en los envases de alimentos en la Unión Europea para contribuir a aumentar la sostenibilidad general del sistema alimentario y alcanzar los objetivos del Plan de Acción de Economía Circular.

En este Reglamento se incluye la posibilidad de autorizar procesos para la fabricación de materiales plásticos reciclados seguros para su uso en envases alimentarios, lo que ayudará también a la industria del reciclaje a establecer formas adecuadas para tratar plásticos que, en la actualidad, no se pueden reciclar en envases de alimentos.