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El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

Periódico Digital Qcom.es: El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

7 DE julio DE 2020

La financiación agroalimentaria en déficit

Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

La financiación de la actividad productiva agraria y la de la industria agroalimentaria, que exige liquidez y circulante para hacer frente a las campañas y a otro tipo de gastos imprevistos, pero también inversiones cuantiosas y caras en el medio y largo plazo en proyectos, compra de maquinaria, tierras y de otros insumos,  es uno de los problemas recurrentes de agricultores y ganaderos, de cooperativas y, en menor medida, de la industria manufacturera agroalimentaria de nuestro país y del resto de países de la Unión Europea.

Desde hace algún tiempo, la Comisión Europea se ha dado cuenta de este aspecto y ha visto que no bastan las subvenciones directas de la Política Agraria Común (PAC), a través del segundo pilar de Desarrollo Rural, puesto que son bastante insuficientes, pero también porque su tramitación administrativa y su  condicionalidad son engorrosas. Además, el dinero no fluye con rapidez y tarda bastante en llegar a los bolsillos de los posibles beneficiarios.

Desde Bruselas se intenta convencer a los Estados miembros para que pongan en marcha otros instrumentos de financiación existentes en la Unión Europea para paliar esta necesidad insatisfecha de financiación agraria y agroalimentaria, más todavía después de la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia del Covid-19. La respuesta de los países ha sido y es variable, y en algunos como el nuestro, que depende en gran medida de la disposición de las Administraciones autonómicas, todavía bastante tímida y escasa.

A mediados del pasado mes de junio,  el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowki, y el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Andrew  McDowell, presentaron el estudio “Fi-compass”, que examina las necesidades de financiación de los sectores agrario y agroalimentario en 24 Estados miembros de la UE, entre ellos España.

En su conclusión principal, el estudio viene a señalar que la agricultura de la UE registra un déficit de financiación de entre 19.700 y 46.600 millones de euros, mientras que en el sector de la industria agroalimentaria esta brecha entre oferta y demanda financiera fue de más de 12.800 millones en 2018.

Y es probable, añade la CE, que estas necesidades no satisfechas de financiación se vean ampliadas por la crisis sanitaria y económica, causada por el Covid-19.

El estudio realizó dos encuestas a nivel europeo sobre las condiciones de acceso a la financiación de más de 7.600 agricultores y 2.200 empresas agroalimentarias, concluyendo también que, a diferencia de las grandes empresas, las pequeñas y medianas explotaciones agrarias, especialmente las de jóvenes agricultores y las de los que se incorporan por vez primera a esta actividad, rara vez tienen acceso a una financiación adecuada y, a menudo, carecen de activos que podrían usarse como aval o garantía de préstamos de sus inversiones a largo plazo y del conocimiento necesario paras preparar planes de negocios.

“fi-compass”

Antes que nada señalar que “fi-compass” es una iniciativa conjunta de la Comisión Europea y del BEI dentro del conjunto de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), entre los que se incluyen los del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), pero también otros (FEDER, FSE, FEMP, Cohesión).

El objetivo de este amplio estudio era concretamente examinar esas necesidades de financiación no cubiertas en los sectores agrario y agroalimentario para ayudar a las autoridades de gestión del FEADER a planificar y a programar la utilización de los instrumentos financieros en sus Planes Estratégicos de la PAC para el nuevo periodo de programación 2021-2027. 

Se analizó el entorno financiero en el que operan las explotaciones agrícolas y las empresas de transformación agroalimentaria en cada país, centrando este análisis en los sistemas bancarios, en los principales agentes financieros en ambos sectores y en la gama de préstamos, garantías y financiación nacional y/o europea de cada uno de ellos.

Los informes individuales proporcionaron también conclusiones y recomendaciones para cada país sobre cómo podrían mejorarse los instrumentos financieros existentes y diseñar otros nuevos. Y muestran igualmente las debilidades en este ámbito, como resultado del escaso conocimiento financiero de los agricultores y de la industria, y de la falta de conocimiento de las propias entidades bancarias.

El análisis demostró que el sector de transformación agroalimentaria está mejor posicionado a la hora de abordar este problema que el sector agrario, debido a que sus opciones de financiación son más diversas y cuentan con más instrumentos financieros disponibles, lo que no quita para recomendar que todavía se necesitan mejoras tanto en la oferta de financiación, como en la cobertura de los riesgos que se asumen.

Los informes de los 24 países europeos mostraron que las explotaciones agrarias de la mayoría de ellos tienen que aceptar tasas de interés más altas y peores condiciones de financiación bancaria que los agentes o actores de otros sectores. Y también descubrieron que los términos de los contratos de crédito y de reembolso no son lo suficientemente flexibles, con independencia de la actividad del sector, cuando tal flexibilidad es un factor importante para los agricultores.

Aún más, el estudio ha descubierto que las nuevas o emergentes empresas agrarias y agroalimentarias y las empresas innovadoras (“start-up”) se enfrentan en la actualidad a mayores dificultades para obtener el capital necesario para crear o expandir su negocio.

El déficit entre oferta y demanda de financiación varía mucho según países, pero España no es, quizás debido a las características intrínsecas de su sector financiero, como el apego de las antiguas cajas rurales al territorio, uno de los que parten con mayor desventaja en este campo.

Pero eso no quiere decir que las Administraciones nacionales (AGE/MAPA y CC.AA.) no tengan  aún camino por recorrer para hacerlo mucho mejor en este ámbito de actuación. Por ejemplo, con una mayor difusión, información y conocimiento a los posibles beneficiarios, y por una más ambiciosa aplicación de medidas , como es el caso del denominado Instrumento de Financiación de Gestión Centralizada (IFGC) en los Programas de Desarrollo Rural, donde solo Castilla y León lo está llevando a cabo con bastante éxito.

Inversión creciente

En el estudio relativo a España se indica que el sector agrario de nuestro país se beneficia de una creciente tendencia de inversión y está funcionando bien en general, con inversiones que están creciendo, principalmente debido a la mejora de las exportaciones, que lleva a las empresas a invertir en la expansión de su producción, pero también debido a las inversiones en mejora de la productividad para recortar los costes de producción.

Además, añade, los préstamos al sector por parte de los bancos en el sector están creciendo y las bajas tasas de interés favorecen también la expansión de la demanda de financiación.

Con todo, en el estudio calcula que podría existir una brecha financiera en el sector agrario español de entre 3.000 millones y 6.400 millones de euros. Aunque, según se trasluce de las entrevistas, esta brecha podría estar sobreestimada y estar más cerca en la actual situación de mercado del límite inferior.

En el ámbito de la actividad de la industria agroalimentaria española, el estudio concluye que las inversiones y la cantidad total de crédito otorgada están -según análisis de 2018-en una tendencia creciente, al contrario que en el resto de la economía.

El aumento de las ventas y de las exportaciones impulsa las inversiones para incrementar la capacidad productiva y también son importantes las que se realizan para mejorar la productividad y el desarrollo de nuevos productos.

Para estos analistas, el sector agroalimentario español tiene la mayor proporción de solicitantes de crédito de entre los 24 países de la UE investigados. En general, las cifras positivas señalan una creciente demanda de financiación de este sector,  con una oferta crediticia dispuesta a asumir los riesgos y a mejorar la solvencia de esta actividad.

A pesar de esto, el análisis de “fi-compass” encontró una brecha financiera en el sector agroalimentario español estimada en unos 783 millones de euros, sobre todo procedente de pequeñas y medianas empresas y en su  acceso de financiación a largo plazo, que es más complicada.

Motivos

Estas diferencias, según el estudio de “fi-compass”, se explican por muy diversos motivos, pero principalmente por la falta de garantías suficientes y de capital propios; por las negativas que reciben las empresas sin antecedentes de crédito; por el escaso interés de los bancos a conceder préstamos a largo plazo; por la percepción de estas entidades financieras del elevado riesgo de las inversiones innovadoras, dirigidas a adaptarse a los cambios políticos y reglamentarios (nuevas normas medioambientales y climáticas, por ejemplo); por la falta de educación financiera y de conocimientos para redactar un informe de crédito, o incluso también por la preferencia de los bancos hacia inversiones más rentables, como pueden ser los préstamos hipotecarios.

Lo que parece estar fuera de toda duda es que la Comisión Europea quiere que los instrumentos financiados a través del FEADER se desarrollen mucho más en el nuevo periodo de programación 2021-2027. Quizás avisando o queriendo avisar, de forma consciente o inconsciente también, de las limitaciones presupuestarias -por no decir recortes- que tendrán los sectores agrarios y agroalimentarios, y también el Desarrollo Rural, ante la necesidad de apoyar mucho más otros nuevos desafíos que se ha impuesto la Unión Europea, como son la sanidad, la digitalización y la innovación, la lucha contra el medio ambiente y el calentamiento climático, el empleo, la migración y la protección de las fronteras, la defensa europea, el reto demográfico …etcétera.

Los instrumentos financieros que utilizan fondos del FEADER podrían desempeñar, según la Comisión, un papel crucial para contribuir a reducir el déficit de financiación de las explotaciones agrarias y de las pymes del sector agroalimentario. Se podrían utilizar también para financiar capital de trabajo, inversiones y descuentos de capital prestado, combinándose además con las subvenciones y subsidios de tasas de interés desde otros ámbitos de actuación.

El comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowki, que acogió con beneplácito este estudio, señaló que “la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles abrirá nuevas oportunidades para los agricultores y los actores de toda la cadena de suministro y del medio rural, y para todo esto necesitarán financiación. Además, la crisis sanitaria y económica del coronavirus debería aumentar las necesidades financieras de los sectores agrario e industrial agroalimentario en toda Europa y, en este contexto, las mejoras son más urgentes que nunca.”

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