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El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

Periódico Digital Qcom.es: El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

6 DE octubre DE 2021

Lo básico del primer pilar de la próxima PAC

Ricardo Migueláñez. @rmiguelanez

En la última reunión del ministro de Agricultura con las organizaciones agrarias ASAJA, COAG Y UPA, en el Comité Asesor Agrario, Luis Planas afirmó delante de los máximos representantes de las mismas que las denominadas intervenciones del primer pilar de la PAC (ayudas directas y medidas de mercado) cuentan ya con un nivel de detalle bastante cercano a lo que contendrá el borrador inicial del Plan Estratégico nacional 2023-2027.

También están avanzadas las intervenciones del segundo pilar de la PAC (Desarrollo Rural), pero aquí las CC.AA. tendrán que enviar al MAPA durante este mes de octubre sus propuestas de intervenciones regionales, que sustituirán a los actuales programas regionales, los PDR, para “engancharlas” de forma coherente en noviembre al marco nacional.

En la reunión del miércoles 30 de septiembre, el ministro informó a los máximos representantes del trío de OPAs del estado de la situación del Plan Estratégico, del que ya tenían conocimiento a través de las reuniones del grupo de trabajo, y a escuchar lo que las OPAs le expusieron sobre las demandas pendientes. Sobre todo a que el grueso de las ayudas debería ir a los agricultores profesionales, titulares de explotaciones familiares y cuya actividad en el campo sea significativa, y a que los ecoesquemas deben ser sencillos, ágiles, asequibles e incentivadores para que ningún agricultor o ganadero se quede fuera de ellos, porque les vaya a suponer mayores costes y menor rentabilidad.

Además, le dijeron a Planas que mantenían la “unidad de acción” y que continuarán las manifestaciones reivindicativas y de protesta en los distintos territorios y a nivel nacional no solo por cuestiones relacionadas con el Plan Estratégico, que se consideran perjudiciales según  zonas y producciones, sino también por la difícil situación general que vive el sector agrario, con un fuerte incremento de los costes de producción por los altos precios alcanzados en la electricidad, carburantes, fertilizantes…etc., y la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), así como por la ausencia de medidas estructurales en materia de fiscalidad, financiación, seguros agrarios o de medios de producción, prometidas en diversas mesas de trabajo tras las tractoradas masivas, que se cortaron de raíz hace año y medio a causa de la pandemia de Covid-19.

Agricultor activo y ABRS

Entrando en materia, el MAPA mantiene la definición de “agricultor activo”, que será el principal perceptor de las ayudas directas, como aquél que ejerza la actividad agraria y beneficie al medio rural y en base a cualquiera de estas tres vías: que sus ingresos agrarios sean superiores en un 25% a sus ingresos totales; que estén dados de alta en el régimen de la Seguridad Social Agraria por cuenta propia, o que perciban igual o menos de 5.000 euros de pagos directos (agricultores o ganaderos pluriactivos, cuya importancia social en el medio rural de determinas zonas del país es incuestionable).

Se mantiene una lista negativa de actividades no agrarias de personas físicas y, sobre todo jurídicas (aeropuertos, instalaciones ferroviarias, de abastecimiento de agua, deportivas y recreativas, servicios inmobiliarios…).

La Ayuda Básica a la Renta por la Sostenibilidad (ABRS) será el principal apoyo, similar al pago básico actual, y supondrá el 60% de las ayudas directas de la PAC. Incluirá a los sectores agropecuarios actuales y, además, a frutas y hortalizas y a la parte del viñedo que no las percibía, lo que conllevará a otorgar derechos de pago de la Reserva Nacional a estos últimos. Los derechos de pago se asignarán a finales de 20202.

Regionalización y convergencia

En regionalización, se pasará de las actuales 50 a un máximo de 20 regiones, a partir de la simplificación del modelo actual (pastos permanentes, cultivos herbáceos de secano, cultivos herbáceos de regadío, cultivos permanentes y Baleares), manteniéndose el sistema de derechos de pago, como la ayuda a conceder según los derechos de pago de la ABRS, diferenciándose el importe medio de los derechos en función de las regiones establecidas).

La convergencia interna del valor de los derechos de pago, una de las polémicas más fuertes, al inicio de estas negociaciones, en cada una de ellas alcanzará en 5 años igual o más del 85% del valor medio regional en 2026 (a razón de un 10% anual desde 2022), esperándose que la plena convergencia de la ayuda (€/ha) se produzca en 2029, fecha en la que desaparecerían “de facto” los actuales derechos históricos individuales.

Techo y redistribución de pagos

Se limitarán los pagos directos (“capping”) a partir de los 100.000  euros y aplicará la degresividad (recorte gradual) de los mismos desde 60.000 euros (un 25% en el tramo entre 60.000 y 75.000 euros; un 50% en el tramo entre 75.000 y 90.000 €; un 85% entre 90.000 y 100.000 €, y un 100% por encima de los 100.000 €).

Tras descontarse los costes laborales y salariales, relacionados con la actividad agraria realmente pagados y declarados por el agricultor en el año natural anterior, incluidos impuestos y cotizaciones sociales del empleo, así como los costes laborales en la contratación de empresas de servicios agrícolas, la ABRS tendrá un tope máximo de 200.000 euros a percibir por agricultor, pero teniendo en cuenta los casos específicos de las cooperativas, SAT o explotaciones cotitulares.

El pago redistributivo, que supone una distribución más justa de la ayuda básica, será un complemento de la misma para pequeñas y medianas explotaciones, concediéndose a las primeras hectáreas de cada explotación. Su cuantía se fija en el 40-50% del valor medio regional del derecho, hasta un límite igual al valor del pago medio nacional por hectárea de las ayudas directas, con un umbral por hectáreas, que se calculará para cada región, teniendo en cuenta la estructura de las explotaciones y el importe disponible.

Esta redistribución de la ayuda desde las explotaciones de mayor dimensión hacia las medianas y pequeñas se financiará por medio de lo que se “recaude” en la limitación de los pagos (“capping”), más un sexto de la ABRS (+16,7%). El importe del valor medio regional se incrementa en un 5% cuando la persona beneficiaria sea mujer titular o cotitular de explotación.

Complemento para jóvenes

La ayuda complementaria a la renta para jóvenes de hasta 40 años, que se hayan incorporado por primera vez y recientemente como jefe de explotación, supondrá el 2% de las ayudas directas (3% con Desarrollo Rural), con un incremento del importe del 10% cuando la persona beneficiaria sea mujer, titular o cotitular de explotación, calculándose el pago de forma individual a cada uno de sus miembros en caso de cooperativas, SAT y explotaciones agrarias de titularidad compartida.

Este complemento de ayuda será del 100% del importe que corresponda al valor medio regional de la ABRS, hasta un máximo de 100 hectáreas durante un periodo de 5 años.

Reserva nacional

El Plan Estratégico contará con una reserva de derechos de pago de la ABRS de ámbito nacional (Reserva Nacional), que se establecerá sobre una reducción lineal de un máximo del 3% del límite presupuestario de la ayuda básica.

Estos derechos se concederán prioritariamente a los jóvenes agricultores y nuevos agricultores, que se hayan instalado por vez primera, así como a los agricultores legitimados para recibir derechos en virtud de una sentencia judicial firme o de un acto administrativo firme.

Si los derechos en la RN fueran insuficientes para cubrir la asignación de los derechos de pago a estos colectivos, se garantizará un reabastecimiento financiero (máximo del 3% del límite nacional de la ABRS, mediante una reducción lineal del valor de todos los derechos.

Si hay derechos no activados (sobre una hectárea admisible) durante 2 campañas consecutivas en 2023 y de 2024 en adelante, estos se pierden y pasan a formar parte de la RN de derechos. Esta reserva se ampliará también con el 30% del valor unitario del derecho en las cesiones de derechos de pago sin tierra que se realicen entre particulares, así como de derechos cedidos voluntariamente por su titulares y de derechos que hayan sido asignados de forma indebida.

Además, si hay disponibilidad de derechos de pago en la RN (el MAPA considera que sí) también se concederán a jefes de explotación, con superficies admisibles en las que se realice una actividad agraria en sectores no integrados en el pago básico en el periodo 2006-2014 (determinados subsectores de frutas y hortalizas y de vitivinicultura), así como a jefes de explotación, con superficies admisibles e las que se realice una actividad agraria y que, perteneciendo a sectores integrados antes de 2014 en el pago básico, no dispongan de derechos.

Arquitectura ambiental

Respecto a los ecoesquemas, o prácticas sostenibles en las explotaciones agrarias, forman parte de la denominada “arquitectura ambiental”, junto a la condicionalidad reforzada, que incluye las Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales (BCAM) y los denominados Requisitos Legales de Gestión (RLG), yendo un poco más allá del “greening” o pago verde actual,  y las medidas agroambientales y climáticas del segundo pilar (Desarrollo Rural), supondrán igual o más del 25% de las ayudas directas (23% del primer pilar +2% gasto ambiental del segundo pilar), e incorporarán los objetivos de las Estrategias “De la granja a la mesa” y  “Biodiversidad 2030”.

Todas las explotaciones podrán voluntariamente acogerse a esta intervención y, sin entrar en detalle, se tratará de prácticas que, superando la línea de base de la condicionalidad, por la alta penetración que se persigue en su diseño, deberá proporcionar beneficios medioambientales positivos y constatables en el territorio. Habrá un periodo de “aprendizaje” para aplicar estas prácticas sostenibles en 2023 y 2023, con un suelo del 20% de las ayudas directas y compensación entre ellas si no se llega a ese porcentaje.

Ayudas asociadas y sectoriales

Las ayudas asociadas se concederán a la actividad en ciertos sectores o tipos de explotaciones en dificultad, en especial a sectores ganaderos (vacuno de leche, vacuno de carne, ovino y caprino), pero también agrícolas (arroz, remolacha azucarera, tomate para industria, frutos secos, uva pasa), así como a  cultivos proteicos, oleaginosas y leguminosas, con aproximadamente un 2% adicional de las ayudas directas.

Además, en las intervenciones del primer pilar se mantienen la ayuda específica al algodón y los programas de apoyo sectoriales anteriores a la frutas y hortalizas, vino y apicultura, incluyendo un nuevo programa para la mejora de la rentabilidad del olivar tradicional por importe de 30 M€ anuales.

Condicionalidad social

Por último, en relación a la dimensión social de la PAC, se quiere garantizar el compromiso social de las personas beneficiarias de las ayudas directas. Cuando se ponga en marcha en 2024, habrá una comprobación anual de posibles sanciones (reducciones a las ayudas de la PAC) por la aplicación de la legislación laboral, a través de un cruce de datos con las autoridades laborales. Se incluirá información al respecto en los sistemas de asesoramiento a los titulares de explotaciones agrarias.

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