Los dineros de la UE y de la PAC para 2021-2027

Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

La pasada semana se despejaron ya algunas incógnitas sobre el futuro (presupuestario) de la UE a 27 y de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2021-2027. El acuerdo del Consejo Europeo sobre el denominado Fondo de Reconstrucción Económica (“Next Generation EU”) de 750.000 millones de euros para hacer frente a la crisis económica del Covid-19 y sobre el Marco Financiero Plurianual, dotado finalmente con menos de 1,1 billones de euros, fue muy complicado y estuvo a punto de fracasar varias veces, debido esencialmente a la regla de la unanimidad exigida para su aprobación, lo que hizo que un pequeño grupo de países “pequeños” (Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia, y a veces Finlandia) “secuestrara” a la mayoría restante y terminaran de imponer gran parte de sus condiciones.

En este contexto, la financiación de la PAC quedó relegada a un segundo, tercer o cuarto plano de interés, eclipsada por la necesidad de afrontar los desafíos más urgentes e inmediatos causados por el coronavirus en la economía y en la sociedad europea.

Ese fue también uno de los motivos por los que el Gobierno “vendió” como un éxito indiscutible el acuerdo alcanzado por los 27 que, sin duda, beneficiará a España, con un aporte de más de 140.000 millones de euros, algo mayor en subvenciones no reembolsables (72.750 millones) que en créditos (67.250 millones), de los que 59.000 millones irán al Plan Nacional de Reformas, en el que se incluye también al sector agroalimentario. En ese logro global, en lo que respecta a la próxima PAC, se contempla el mantenimiento, al menos, a precios corrientes, de los mismos fondos que en la PAC actual.

No piensan lo mismo las organizaciones agrarias y cooperativas que, en términos generales, se mostraron muy críticas y decepcionadas por los resultados conseguidos, a pesar de reconocer las enormes dificultades del acuerdo.

Según sus cálculos, a precios constantes o reales (referidos a 2018) se observa un recorte mayor que con la anterior propuesta de Bruselas de aproximadamente un 12% y de 46.556 millones de euros menos, desde 383.000 millones del periodo actual a 336.444 millones del próximo 2021-2027. Si se añaden los 7.500 millones de euros del Fondo de Reconstrucción para Desarrollo Rural, en vez de los 15.000 millones previstos inicialmente, el montante total ascendería a 343.994 millones, bajando ese recorte aproximadamente hasta el 10%, con 39.056 millones menos.

ASAJA cifró las pérdidas del recorte financiero en un año entero de pagos directos para España, esto es cerca de 5.000 millones de euros en el nuevo periodo; COAG, por su parte, los menores fondos en términos reales dificultará el cumplimiento de las exigencias del Pacto verde e impulsará la creciente competencia desleal de las importaciones, estimando que la agricultura española perderá anualmente unos 800 millones de euros de ayudas; UPA criticó el recorte, pero pidió diseñar un reparto más justo y social de las ayudas a las explotaciones familiares, y Unión de Uniones espera que, debido al recorte el reparto de las ayudas directas sea más redistributivo a favor de los agricultores y ganaderos profesionales, evitando que el 5% de los perceptores se queden con la mitad del total de los pagos directos de la PAC.

Satisfechos  a precios corrientes

En cambio, la mayoría de los ministros de Agricultura, no solo de España, sino también de Alemania y Francia, quedaron bastante satisfechos del resultado obtenido y, como en anteriores reformas de la PAC (recordemos la de Arias Cañete y también la de García Tejerina), se quedaron con lo más conveniente de cara a la opinión pública, es decir, con los importes a precios corrientes que, sin tener en cuenta el efecto inflacionista, elevan el gasto nominal final.

El ministro español, Luis Planas, afirmó que el objetivo de mantener al menos la misma financiación de la PAC del periodo 2014-2020 en los próximos siete años se había cumplido, calculando que ésta ascenderá a 47.682 millones de euros entre 2021 y 2027, frente a los 47.500 millones de ahora, a lo que habrá de sumar también las aportaciones financieras de las Administraciones nacionales (Administración General del Estado y CC.AA.) por lo que se superarán los 50.000 millones de euros.

En la rueda de prensa anterior a la Conferencia Sectorial Extraordinaria sobre la PAC con las CC.AA., celebrada el pasado 23 de julio, el ministro precisó que, a precios corrientes, esos 47.682 millones de euros de los dos pilares de la PAC se dividirán, por un lado, en 39.156 millones para ayudas directas y medidas de mercado, de los cuales 34.181 millones irán a pagos directos y, por otro, en 7.776 millones de euros, destinados al segundo pilar (Desarrollo Rural), a lo que se añaden 750 millones del Fondo de Recuperación (8-10% del total previsto para toda la UE), con lo que el FEADER aportaría un total de 8.626 millones.

Según Planas, estas partidas de la PAC se completarán con aportaciones de otras rúbricas del presupuesto comunitario, aunque esto ahora supone una incógnita, como los fondos destinados a la Recuperación económica para digitalización o al cumplimiento de las estrategias del Pacto Verde Europeo, que podrían incidir no solo en el sector agrario, sino también en general y en mayor medida en el medio rural.

Salvo las principales CC.AA. gobernadas por el PSOE (Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra o La Rioja), el resto se alineó con las organizaciones agrarias, calificando de injusto el recorte presupuestario de la próxima PAC, a pesar del reconocimiento sobre el carácter estratégico y esencial con el que se ha calificado al sector agrario como garante en el abastecimiento de alimentos a la sociedad durante los meses más complejos de la pandemia de la Covid-19.

Algunas de ellas, como la Comunidad Valenciana o Andalucía, se mostraron preocupadas por algunos de los criterios para su aplicación que se barajan incluir en el plan nacional estratégico (agricultor genuino, tasa plana, actividad agraria, pequeños productores…) aunque, al margen de que haya más o menos presupuesto, lo más importante será, como recordó el consejero de Agricultura de Aragón, Joaquín Olona, cómo se distribuirá el mismo entre los agricultores y ganaderos.

Para el Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, la propuesta del ministro va en la buena dirección y ofrece una oportunidad de hacer una PAC que piense en explotaciones familiares que debe ser el objetivo prioritario de esta política.

En principio, el sector agrario y el medio rural de la UE apenas recibirán directamente el 1% del nuevo Fondo de Recuperación Económica, unos 7.500 millones de euros para toda la UE-27, frente a los 15.000 millones previstos inicialmente por la Comisión.

Aspectos comunes

A la vez, el Consejo Europeo dejó ya marcados en sus conclusiones una serie de aspectos comunes para la próxima PAC, frente al amplio margen de actuación que tendrán los planes estratégicos nacionales. Entre ellos, por ejemplo, que la proporción del gasto de esta política común que se deberá destinar a acciones medioambientales o del clima será del 40% (frente al 30% a nivel general).

También que el techo de ayudas por explotación, cuya aplicación será voluntaria y que estará limitado a 100.000 euros, solo se aplicará al pago básico a la renta para la sostenibilidad y podrá deducirse los gastos de carácter laboral.

Además, se permitirá la transferencia de fondos entre los dos pilares de la PAC, siendo de un 25% del total de los fondos de pagos directos a la de Desarrollo Rural y viceversa (la CE había propuesto un 15%) y, además, podrá incrementarse en 15 puntos si los Estados miembros utilizan ese aumento en intervenciones relacionadas con el medio ambiente y el clima y en 2 puntos más para acciones a favor de los jóvenes agricultores. Los trasvases de Desarrollo Rural a pagos directos podrán llegar al 30% en aquellos Estados miembros cuyos pagos directos por hectárea estén por debajo del 90% de la media comunitaria.

Seguirá produciéndose la convergencia de los niveles de pagos directos entre los antiguos y los nuevos Estados miembros, reduciendo la diferencia en un 50% si los pagos por hectárea son inferiores al 90% de la media de la UE a lo largo de seis gases iguales a partir de 2022. Esta convergencia de ayudas será financiada por todos los Estados miembros de forma proporcional y deberá llevar a que en todos tengan un nivel mínimo de 200 €/ha en 2022 y de 215 €/ha en 2027.

Algunos Estados miembros contarán con un “bonus” financiero, en caso de que estén abordando problemas estructurales o realizando inversiones importantes en medidas de Desarrollo Rural o se vean obligados a transferir cantidades más elevadas al primer pilar para aumentar el grado de convergencia de las ayudas. España, al igual que Italia, obtendría 500 millones de euros de “bonus”; Francia, 1.600 millones; Alemania, 650 millones; Finlandia, 400 millones; Portugal, 300 millones…etcétera.

La cofinanciación comunitaria del Desarrollo Rural mejora en parte respecto a la propuesta de la CE y oscilará entre un 20% y un 43%, unos 10 puntos menos que en el actual periodo 2014-2020, que deberán aportar de más las Administraciones nacionales. No obstante, se elevará al 80% para las regiones ultraperiféricas (Canarias), frente al 70% propuesto inicialmente por la CE; al 85% en las regiones menos desarrolladas, frente al 70% inicial; al 65% en las zonas con limitaciones naturales o regionales específicas (aquí se mantiene); al 60% en las regiones en transición, que se incluían antes en el 43% que se rebaja al resto. Para los compromisos medioambientales, climáticos y de gestión, inversiones no productivas Y los programas Leader, la cofinanciación llegará hasta el 80% y los porcentajes transferidos del primer pilar al segundo pilar de la PAC serán asumidos al 100% por el FEADER.

El Consejo Europeo aprobó también dotar con 450 millones de euros anuales, frente a los 480 millones previstos inicialmente, a la reserva agrícola de crisis. Los fondos que no se utilicen un año pasarán al siguiente para constituir la reserva de ese año. En cambio, si se utilizan, serán repuestos con los ingresos asignados al FEGA, con el margen disponible por debajo del techo presupuestario o, como último recurso, aplicando el mecanismo de disciplina financiera. Este mecanismo se queda por debajo de lo previsto y de las pretensiones del Parlamento Europeo, que demandaba una acumulación anual del mismo, si no se utilizaba, hasta llegar a los 1.500 millones de euros y, además, la primera reserva de 2021 saldrá de los fondos no utilizados en el ejercicio 2020.