Los Salazar irán a juicio en 2015 por el desvío de 240 millones de euros de SOS hace siete años

Teresa Sánchez.

La investigación judicial sobre los cerca de 240 millones de euros que los hermanos Jesús y Jaime Salazar, expresidente y exconsejero delegado de SOS, desviaron presuntamente de la compañía a finales del año 2008 a sociedades vinculadas a ellos, está a punto de terminar. Aunque en la empresa, la actual Deoleo, ya se da prácticamente por perdido el dinero, acordando hace años su provisión en las cuentas, existe un cierto optimismo sobre el final del proceso. Más aún si se tiene en cuenta el gran número de casos que se investigan actualmente en la Audiencia Nacional, y la falta de recursos para sacarlos adelante.

El hecho ahora es que, de acuerdo con todas las fuentes jurídicas consultadas, el juez instructor del caso, Fernando Andreu, atenderá el escrito de acusación que va a presentar la fiscalía, y sentará en el banquillo de los acusados a los dos hermanos Salazar.

Durante estos años, ambos han intentado demostrar que no hubo tal desvío de dinero y que todo responde a la concesión de un préstamo por importe de 212 millones de euros -posteriormente se ha ido descubriendo que se desvió un importe mayor- para que una sociedad del grupo comprara acciones que posteriormente irían a parar al fondo soberano de Libia. En teoría, según  decían, la empresa tenía previsto firmar una alianza estratégica que finalmente no salió adelante, perdiéndose el dinero por la pérdida del valor de las acciones.

La causa parte de una querella presentada a principios de 2009 por la entonces SOS Corporación, que nunca creyó la versión de los Salazar, por los supuestos delitos de apropiación indebida, estafa, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delito societario y delito contra el mercado.

El caso está a punto por lo tanto de cumplir seis años de investigación y se han tomado ya declaraciones a todos los implicados y testigos relacionados con el proceso, además de los directivos de la compañía, recibiendo información de las autoridades judiciales de distintos países, como Suiza o Luxemburgo, a los que se solicitaron comisiones rogatorias.

El juez instructor fijó a mediados del año 2010 una fianza civil de 360 millones de euros para ambos, ordenando ante el impago de la misma, el embargo de varios bienes de la familia. Entre ellos figuraban varias cuentas corrientes y participaciones en empresas como el Gran Hotel Velázquez e inmuebles en Marbella.

Posteriormente, hace ya más de dos años, decidió ampliar los embargos a la finca que Jesús Salazar tenía en Veracruz, en México, propiedad de Jesús Salazar, ordenando asimismo la retirada del pasaporte de los dos hermanos. Según el auto dictado entonces, en 2012, estas medidas se fundamentaban en la existencia de un "elevadísimo índice de verosimilitud" acerca de la intervención de los hermanos Salazar en los hechos delictivos que se investigan.

El último auto dictado por el juez Andreu es del pasado mes de abril para ampliar la investigación se varios familiares de Jesús Salazar. Se trataba, en concreto, de su mujer, Patricia Esteban Martínez, de su suegro y de su cuñado, Antonio Esteban y Pablo Esteban respectivamente. Además, también se amplió la querella a un ex directivo del grupo, Pascual Carrión Belda.

En total hay así una docena de personas implicadas bajo investigación y más de 25 sociedades analizadas para descubrir el destino final del dinero, que según sospechan fuentes próximas a la fiscalía, podría haber ido a parar a cuentas corrientes en paraísos fiscales.

Los hermanos Jesús y Jaime Salazar fueron condenados ya por el Juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid a pagar 92,23 millones de euros a Bankia, al considerar probado que ocultaron información relevante al mercado y propiciaron una "alteración significativa" en el valor de las acciones de la compañía antes de la entrada de la entidad financiera en su capital. En dicha sentencia se consideraba ya acreditada la "negligencia" en la que incurrieron los dos empresarios en el desempeño de sus cargos como administradores y el perjuicio económico producido a Bankia que en enero de 2009 entró en el capital de la empresa con una inversión de 149 millones de euros.

El valor de cotización de SOS durante el ejercicio 2008, según el fallo, estaba "inflado", dado que "se reflejaban unos beneficios que no eran reales" al no tener en cuenta circunstancias extraordinarias cuyo impacto en los resultados de la compañía que "no eran conocidos por el mercado", en referencia al préstamo que se analiza ahora en la Audiencia.

Durante estos años de investigación, y a la espera de que finalice definitivamente la instrucción en la Audiencia, se abra juicio oral y se cierre definitivamente el caso, la empresa ha cambiado de propietarios y ha tenido cuatro presidentes distintos. Tras la salida de Bankia, BMN y la cooperativa Dcoop, la antigua Hojiblanca, el fondo de capital riesgo CVC Capital Partners se ha hecho con el 29,9 por ciento del capital y ha lanzado una OPA sobre el resto. Y en la presidencia se han turnado mientras tanto, además de Salazar, Mariano Pérez Claver, Óscar Fanjul y José María Vilas. El  primer ejecutivo en este momento es, sin embargo, el consejero delegado, Jaime Carbó.