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El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

Periódico Digital Qcom.es: El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

2 DE junio DE 2020

Más ambición con menos dinero en la UE

Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

A la tercera fue la vencida y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el miércoles 27 de mayo su propuesta presupuestaria para los próximos siete años, el denominado Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, dotado de 1,1 billones de euros, junto al nuevo Instrumento de Recuperación Económica, al que el “marketing” de Bruselas ha querido llamar ampulosamente “Next Generation EU”, que dispondría durante los próximos 4 años de una dotación de 750.000 millones de euros. En total, un paquete conjunto nunca visto de 1,85 billones de euros para hacer frente a los enormes desafíos de la Unión Europea en los años venideros.

La propuesta de la alemana von Der Leyen era muy esperada por el sector agrario español, después de conocer una semana antes las comunicaciones de las Estrategias “De la granja a la mesa” y de “Biodiversidad Horizonte 2030”. Tan esperada como luego ha sido la decepción, porque la Comisión Europea va a destinar menos dinero a financiar la Política Agraria Común (PAC) que en el periodo financiero que cerramos este año.

Hay que reconocer que mejora su propuesta financiera de hace más de dos años, en la que ya preveía un severo recorte de más del 12% para los fondos para cofinanciar las medidas de Desarrollo Rural, planteando como alternativa que los Estados miembros, que voluntariamente lo decidieran, cubriesen ese desfase con más fondos propios o traspasando dinero del primer pilar de ayudas directas al segundo pilar. Imaginación al poder.

Aunque las grandes cifras aún pueden bailar, es real que la propuesta comunitaria recorta los fondos de la PAC en torno al 9% y en algo más de 30.000 millones de euros sobre la financiación del periodo actual 2014-2020, dejando las partidas en 348.264 millones de euros a precios de 2018. De este importe total, 258.251 millones irían a financiar el primer pilar (ayudas directas y medidas de mercado), un 9,75% menos que lo de ahora, y 90.013 millones a cofinanciar el segundo pilar (medidas de desarrollo rural), un 6,93% por debajo de lo atribuido en el presente marco financiero, incluyendo los 15.000 millones de euros del nuevo instrumento de Recuperación Económica.

Interpretando la propuesta, algunos, como el ministro de Agricultura, Luis Planas, prefieren agarrarse a lo de la “botella medio llena” y calificar la misma como una buena base de partida sobre la que negociar en los próximos meses. El MAPA estima oficialmente que la PAC post-2020 se dota de 26.434 millones de euros a mayores sobre lo inicialmente previsto.

Existe una gran diferencia estadística entre los que observan la botella “medio vacía” y un recorte del 9% de la financiación de la PAC para 2021-2027, prácticamente todas las organizaciones agrarias, y los que, por el contrario, ven un aumento de los fondos de más de 26.000 millones. Esa divergencia es de alrededor de 60.000 millones de euros, si sumamos lo que unos restan y lo que otros aprecian que se pone de más. ¿Cómo es posible esa amplia brecha entre unos y otros? La clave deber estar en que cada cual elige la manera de contabilizar y de compararse con lo que más le interesa.

Más allá de la PAC

El Ministerio de Agricultura centra sus cálculos a partir de la última propuesta de MFP 2021-2027 de la Comisión Europea de mayo de 2018 y asume en la nueva unos 4.000 millones de euros adicionales para el primer pilar de la PAC, que ya se contemplaban en la propuesta fallida de compromiso del nuevo presidente del Consejo Europeo, George Michel.

A ese importe le suman otros 6.000 millones más para Desarrollo Rural, que aligeran la fuerte restricción de más del 12% de la propuesta inicial y, en tercer lugar, añaden en euros corrientes, los 16.483 millones -15.000 millones en euros constantes de 2018- que aporta el nuevo instrumento de Recuperación Económica a Desarrollo Rural para ayudar a costear algunas de las medidas incluidas en las estrategias del Pacto Verde Europeo, “De la granja a la mesa” y de “Biodiversidad 2030.”

Algunas fuentes indican también que el sector agrario podría tener acceso para afrontar los costes de esas estrategias a partidas del nuevo Fondo para la Transición Justa, incluido en el capítulo de Recursos Naturales y Medio Ambiente y dotado con 40.000 millones en euros a precios constantes de 2018, de los que 30.000 millones llegarían del nuevo instrumento financiero para la Recuperación Económica.

Del importe total de ese fondo, algo más de 1.800 millones le “tocarían” a España, que casi con seguridad los destinará a financiar alternativas económicas y de empleo en las provincias y regiones que se verán más afectadas por el proceso de “descarbonización” de su economía en la lucha contra el cambio climático. Entre ellas las que tienen o han tenido una mayor dependencia del carbón y de las centrales térmicas que usaban este combustible fósil, como Teruel, León o Asturias. Así que es dudoso que vaya a sobrar mucho dinero para financiar otras acciones más propias del sector agrario, aunque éste va a ser también uno de los más afectados por los esfuerzos que deberá realizar para adaptarse a la transición medioambiental y energética que viene. Aunque nunca se sabe.

Cierto es que aquí nos referimos a los fondos PAC y similares, que son los que, más o menos llegan directamente a agricultores y ganaderos y a otros colectivos del medio rural. Pero también existen otros fondos estructurales, como el de cohesión, la Agenda Digital, Horizonte Europa…etc., o instrumentos comunitarios de financiación, que pueden aportar partidas -imposibles de cuantificar de antemano- para apoyar inversiones en proyectos específicos del propio sector agrario y de organizaciones rurales. Sería el caso de los 10.000 millones de euros del Plan InvestEU, que contribuirían a facilitar la aplicación de medidas incluidas en las estrategias “De la granja a la mesa” y “Biodiversidad 2030”, aunque en cuantías modestas y limitadas que no conviene despreciar.

Era previsible que la presentación de todo el “paquete” financiero, MFP 2021-2027 y Next Generation EU (NGEU), el pasado 27 de mayo eclipsara en todos los medios cualquier referencia informativa a los fondos propuestos para financiar la próxima PAC. Los focos mediáticos alumbraron principalmente al nuevo instrumento de Recuperación Económica, que la CE ha dotado de 750.000 millones de euros y que, si se aprueba tal y como fue presentado, iría en sus dos terceras partes a subsidios y el resto a préstamos, sobre todo hacia los países más castigados por la crisis sanitaria y económica del Covid-19, como Italia y España (nuestro país podría llegar recibir hasta 140.000 millones, de los que 77.000 serían subvenciones y 63.000 préstamos, no estando el agroalimentario entre los sectores más proclives al apoyo, según reconoció este 31 de mayo a las CC.AA. el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez).

Fondos suficientes

Si se excluye el NGEU, el revisado Marco Financiero Plurianual 2021-2027 dispondrá de los mismos fondos de 1,1 billones de euros, ya propuestos en la ocasión anterior, ni más ni menos,  con lo que era difícil esperar más dinero para financiar la PAC, teniendo por delante los nuevos desafíos previstos por la UE en medio ambiente y clima, digitalización, empleo, fronteras, migración, e innovación para años venideros, que demandarán también parte del pastel presupuestario común.

El objetivo de una mayoría importante de Estados miembros, como Francia, España e incluso Alemania, era -y es- que la financiación de la PAC fuese al menos la misma que en actual marco presupuestario 2014-2020, con exclusión del Reino Unido, ignorando si a precios corrientes o constantes de 2018, y que la dotación fuese suficiente para afrontar los nuevos desafíos medioambientales y climáticos del Pacto Verde Europeo para esta política común.

El Parlamento Europeo, sobre todo su Comisión de Agricultura (Comagri) iba algo más allá, al demandar fondos también suficientes y a mayores para financiar la PAC y que agricultores y ganaderos pudiesen cumplir con todas esas nuevas exigencias sin perder rentabilidad. Como mínimo piden que sean iguales a los del actual marco presupuestario.

Todos reconocen que la propuesta de la Comisión Europea es mejor que la que puso sobre la mesa en febrero de 2018. Los Estados miembros, como el nuestro, la consideran un  avance y un buen punto de partida para seguir negociando en el Consejo Europeo, y alaban sobre todo los 15.000 millones de euros adicionales para Desarrollo Rural del NGEU, a pesar de que solo representan un 2% de la partida total del nuevo instrumento financiero y para cuatro años.

En cambio, prácticamente todas las organizaciones agrarias europeas estiman insuficiente, injusta e inaceptable, por poner alguno de los calificativos utilizados, la propuesta de financiación de la próxima PAC. Aún más cuando se está viendo que el papel esencial que juega el sector agroalimentario de la UE en la actual crisis del Covid-19 no parece que se esté teniendo en cuenta. Este recorte se critica no solo porque impedirá afrontar los importantes costes que la transición ecológica va a exigir a la actividad de agricultores y ganaderos en estos próximos años, sino porque existen un buen puñado de sectores agrícolas que vienen perdiendo competitividad en los últimos años, instalados en una crisis de rentabilidad, agravada en algunos casos por las nefastas consecuencias que sobre su actividad está teniendo la pandemia actual.

La seguridad alimentaria en riesgo

Si al final todo queda como está reflejado en la propuesta presupuestaria de la CE, la Unión Europea correrá el grave riesgo de que las exigencias medioambientales y de lucha contra el cambio climático se superpongan a la necesidad de garantizar el abastecimiento suficiente en cantidad y calidad de alimentos producidos en el propio continente. Y que ese déficit de oferta, como consecuencia de la pérdida de rentabilidad y competitividad de nuestras producciones en los mercados, o al menos de algunas de ellas, tenga que ser cubierta con importaciones de países terceros, a las cuales no va a ser factible exigirles igualdad de condiciones, para cubrir la demanda interior de consumo.

Como ha quedado demostrado, el sector agrario europeo está inmerso ya desde hace varios años en un proceso imparable de adaptación de su actividad productiva a las consecuencias del cambio climático y del deterioro de la biodiversidad y el medio ambiente.

La condicionalidad de las ayudas de la PAC a la realización de buenas prácticas agrarias y de bienestar animal, el uso más eficaz y eficiente posible de insumos, las exigencias agro-ambientales adicionales para cobrar el pago “verde” (greening) o la concesión de ayudas medioambientales de Desarrollo Rural, son aspectos bastante asumidos desde la última reforma de 2013. Incluso inversiones en mejora de variedades vegetales de semillas y plantas, o de genética animal, encaminadas en este sentido, son frenadas en muchas ocasiones por la restrictiva reglamentación comunitaria, que impide avanzar más o mantener la productividad ante adversidades meteorológicas o climáticas extremas.

No es cierto que el sector agrario se oponga a avanzar en los grandes objetivos medioambientales y de lucha contra el cambio climático que propugna la Comisión Europea, cuando es uno de los que más sufren sus efectos negativos. Solo exige más apoyo para poder afrontar con algunas garantías estos riesgos, sin que sus producciones pierdan competitividad en los mercados, y que las medidas que vayan a  adoptarse se evalúen a priori en su posible impacto real y con estrictos criterios técnicos y científicos, no políticos o ideológicos, como ocurre en tantas ocasiones ahora mismo.

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