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El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

Periódico Digital Qcom.es: El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

24 DE febrero DE 2020

Medidas urgentes....para 'seguir apretando'

Ricardo Migueláñez. @rmiguelanez

La pasada semana una publicación especializaba desgranaba buena parte de las medidas urgentes en materia de agricultura, pesca y alimentación que el Consejo de Ministros de este martes 25 de febrero tenía previsto aprobar, tal y como llevaban anunciando durante estos días el propio presidente, Pedro Sánchez, el ministro de Agricultura, Luis Planas, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

En un real decreto-ley del Gobierno (MAPA, Hacienda y Trabajo) van incluidos parte de los compromisos adquiridos por el ministro de Agricultura con las organizaciones profesionales agrarias poco antes de iniciarse a finales de enero pasado el amplio calendario territorial de protestas en el campo, que llegará aún al menos hasta mediados del próximo mes de marzo. Compromisos referidos, sobre todo, a la modificación de la Ley 12/2013 de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria.

¿Serán estos cambios suficientes para echar el freno a las protestas, manifestaciones y tractoradas del campo español? Pues nos tememos que no. Salvo que cunda el cansancio, los agricultores y ganaderos continuarán apretando, como les instó el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, expresando su rechazo en calles y carreteras ante una situación que es para este colectivo bastante adversa. Tanto en la actualidad, con una coyuntura de precios bajos en muchas producciones y un incremento de sus costes, como en un futuro más inmediato, con un recorte anunciado de los fondos comunitarios en el horizonte 2021-2027 para ayudas directas y, lo que es peor, para medidas estructurales de Desarrollo Rural de la PAC, a la vez que se exigirán más condicionamientos medioambientales y agroclimáticos para el desarrollo de la actividad.

No hay duda de que las medidas incluidas en este RD-ley serán bien acogidas por el sector productor agrario, el eslabón más débil y debilitado de la cadena de valor alimentaria. Pero buena parte de ellas son medidas, cuya efectividad solo se verá a medio y largo plazo. Y eso en el mejor de los casos, si prosperan tal y como están redactadas y no encuentran el rechazo, la oposición o las dudas legales del resto de los siguientes eslabones de la cadena alimentaria (industria de transformación y distribución mayorista y minorista), que también tendrán algo que decir sobre las mismas. Y no digamos sobre la intervención que se espera de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) que, en todo lo que afecta al sector agrario, siempre es de temer.

Los cambios en la Ley de la Cadena se refieren a la obligación expresa de incluir en los contratos de suministro alimentario que fijan el precio de compraventa del producto agrícola todos los pagos, incluidos los descuentos aplicables en base a factores objetivos, verificables y no manipulables. Además, uno los factores a incluir deberá ser el coste efectivo de producción del producto objeto del contrato, calculado teniendo en cuenta el coste de los principales “inputs” del operador, como semillas, fertilizantes, pesticidas, combustibles y energía, maquinaria, reparaciones, costes de riesgo, piensos, gastos veterinarios, mano de obra asalariada, coste del trabajo…etc.

Cubrir costes

Es más, el contrato deberá indicar expresamente que el precio pactado entre el productor primario agrario, ganadero, pesquero o forestal, o una agrupación de los mismos, y su primer comprador cubre los costes de producción.

El RD-ley incluye la regulación de la actividad promocional comercial de los productos agroalimentarios, que deberá regirse por un principio de total transparencia en plazos (fechas de inicio y término de la promoción), precios de cesión, volúmenes y otras cuestiones. Y las promociones no inducirán a error sobre el precio y e imagen de los productos al consumidor.

También se regulará la denominada “destrucción del valor de la cadena”, que podría equivaler a la “venta a pérdidas” y para evitarla cada operador deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción de tal producto en que haya incurrido dicho operador, acreditándolo conforme a los medios de prueba admitidos en Derecho. Además, el operador que realice la venta final del producto al consumidor no podrá repercutir en ningún caso a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial, derivado de su política comercial en materia de precios ofertados al público.

La destrucción del valor y la realización de actividades promocionales que induzcan a error al consumidor sobre el precio e imagen del producto formarán parte del régimen de infracciones graves y del régimen sancionador de la Ley de la Cadena.

Como se comprometió además el Gobierno, se publicitarán las resoluciones sancionadoras en materia de contratación alimentaria, siempre que las sanciones impuestas lo sean por infracciones graves y muy graves, y sean ya firmes en vía administrativa o, en caso de haber interpuesto recurso contencioso-administrativo, en vía judicial.

Junto a estos cambios en la Ley de la Cadena, el RD-ley contempla modificar la ley del IRPF para que las ayudas públicas a la primera instalación de jóvenes agricultores puedan declararse fiscalmente a lo largo de cuatro años y no en uno solo, como hasta ahora, al igual que las ayudas destinadas a adquirir una participación en el capital de empresas agrícolas societarias, con el fin de evitar trabas en este ámbito al relevo generacional.

En el plano laboral, el RD-ley contempla la reducción del número mínimo de 35 a 20 jornadas reales cotizadas por los trabajadores agrarios eventuales por cuenta ajena de Andalucía y Extremadura para acceder al subsidio de desempleo o a la renta agraria, así como la conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en contratos indefinidos o fijos-discontinuos, a cambio de una serie de bonificaciones en la cuota empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social durante los dos años siguientes a la transformación de los contratos. Estas bonificaciones, que serán mayores si afecta a la contratación de mujeres trabajadoras y que obligan a mantener al menos tres años el empleo al trabador contratado, se diferenciarán en función de dónde esté encuadrado el trabajador en la Seguridad Social y de la modalidad de cotización.

Demandas urgentes

Si a medio y largo plazo serían medidas que valorarían más el trabajo que realiza el primer eslabón de la cadena (que, a los efectos práctico de poner precio a sus productos, ahora es el último), lo que esperan los agricultores y ganaderos, que vienen protestando durante estos días, son decisiones más directas que repercutan en sus bolsillos. Bien para que paguen menos de lo que ahora pagan por sus “inputs”, por asegurarse, por impuestos o por sus cupones de la Seguridad Social o los de sus trabajadores, o bien para lograr más ingresos de su actividad.

Por ejemplo, al sector agrario le gustaría saber si el Gobierno va a disponer de más dinero, y en qué cuantía concreta, para subvencionar las primas de los seguros agrarios; si se va a revisar el sistema para adaptarse a la extrema volatilidad climática y meteorológica que sufren los diferentes cultivos, así como para que agricultores y ganaderos les salga a cuenta el gasto de asegurarse y lo vean como un ineludible coste más de los gastos de explotación.

También sería una buena señal que se adoptaran medidas para reducir el coste energético de las explotaciones agrarias, empezando por aplicar lo ya aprobado por real decreto para que los regantes cuenten con dos potencias eléctricas distintas a lo largo del año, en función de sus necesidades y la demanda de sus cultivos; y para que se redefina el autoconsumo y que la compensación entre energía eléctrica producida y consumida se realice en el balance neto energético anual y no sea en tiempo real. Y que esto se extendiese también a ciertas explotaciones ganaderas, como las lácteas.

En materia de rebaja de costes de producción, sería positivo también que desde el Gobierno se fomentase el uso de agua desalada para regadío, allí donde escasea el agua dulce, pero fijando un límite a su coste para que éste no exceda de 0,3 €/m3 o para que, al menos, se adaptase a una rentabilidad mínima de los cultivos irrigados.

En el ámbito de la fiscalidad y del gasto social, el sector agrario vería con buenos ojos el compromiso del Gobierno para mantener el actual régimen de módulos, mejorando si cabe su adaptación a la realidad del sector, así como el régimen especial del IVA.

También, como se ha hecho en otras crisis, que se redujera el 35% de la factura del gasóleo B o agrícola y el 15% de la de plásticos y fertilizantes en el régimen de estimación objetiva del IRPF; que se incrementase el IVA compensatorio (entre lo pagado y lo repercutido realmente) en 2 puntos y que se compensase o bonificase la subida actual y futura del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el agro, adaptándolo a las específicas circunstancias del sector agrario, sobre todo en algunas zonas o para determinados cultivos que demandan mano de obra intensiva en periodos de cosecha.

Para terminar, recordar que la CE dio el visto bueno a un régimen de ayudas de 150 millones de euros para compensar los servicios medioambientales proporcionados por las actividades de los agricultores en Francia, financiados por las Agencias del Agua hasta el 31 de diciembre de 2021 y que el Gobierno de Alemania aprobó un paquete de 1.000 millones de euros a cuatro años para ayudar al sector agrario en su transición hacia una agricultura más verde.

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