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El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

Periódico Digital Qcom.es: El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

10 DE febrero DE 2020

Ya está aquí la Ley de Cambio climático: reto y oportunidad

Ricardo Migueláñez. @rmiguelanez

El Gobierno remitirá en breve al Parlamento (Congreso de los Diputados y Senado) el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una vez que sea aprobado en fase de anteproyecto por el Consejo de Ministros.

Se trata de una de las primeras medidas prioritarias adoptadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tras el acuerdo de declaración de la emergencia climática y ambiental en España en el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de coalición del pasado 21 de enero pasado, con el objetivo central de combatir el cambio climático mediante la aplicación de políticas transversales, que afectarán directamente también, como no podía ser de otra forma, al sector agrario, agroalimentario y al medio rural.

Queda aún un largo recorrido parlamentario hasta que esta amplia y compleja ley-marco sea finalmente sancionada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su puesta en marcha, y más todavía para su desarrollo. Casi con seguridad, este asunto se habrá tratado y analizado dentro de las “grandes transformaciones” previstas por el Gobierno en la primera reunión de coordinación y programación legislativa del Consejo informal de los 22 ministros , que tuvo lugar el sábado 8 de febrero en la finca estatal de Quintos de Mora (Los Yébenes, Toledo), bajo la presidencia y batuta de Pedro Sánchez.

En líneas generales, la nueva norma deberá garantizar las obligaciones que tienen las actividades económicas, los hogares y los propios ciudadanos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática, a más tardar en 2050, sobre la base de un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2/km, y un sistema agrario neutro en CO2 equivalente; así como de un sistema fiscal y presupuestario, y un sistema financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad.

El sector agrario, entendido en sentido amplio (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) y, por ende, el agroalimentario, así como el amplio territorio rural en donde se desarrolla su actividad, tienen un papel muy importante que jugar, más que como emisor de GEI, que también, como sumidero de esos contaminantes y como actividad que podría (y debería) compensar las emisiones GEI que llevan a cabo otras actividades económicas.

De acuerdo a los últimos datos, el sector primario fue responsable en 2018 de entre un 12-14% de las emisiones GEI a la atmósfera, pero solo de un 4-5% de las de dióxido de carbono (CO2), siendo más preocupantes sus emisiones de metano (CH4), con un 62,7% del total, y de óxido nitroso (N2O), equivalentes a un 78,8% del total emitido, consecuencia de la propia actividad ganadera y agrícola, que deberán ir reduciéndose paulatinamente, a través de una mejora de las prácticas de manejo y gestión, y de la investigación e innovación aplicada a dicho objetivo.

Esas emisiones se irán reduciendo, pero no van desaparecer, al estar directamente ligadas a la propia existencia de actividad agraria, pero, además, podrán ser con bastante seguridad “neutralizadas” por la amplia y beneficiosa repercusión climática y medioambiental (efecto sumidero de carbono) que tiene y que genera esta misma actividad, desde la gestión forestal y los pastos, pasando por los cultivos permanentes (olivos, viñedo, frutales) y la existencia de cultivos herbáceos extensivos de ciclo anual.

Contribución obligatoria

El sector agrario y el medio rural pueden y deben continuar aportando a lucha contra el cambio climático y a la transición energética mucho más que hasta ahora. Es un reto o un desafío de importante dimensión, pero sobre todo es una oportunidad. Antes, debe ponerse en valor lo mucho que ya aportan en estos ámbitos, ser valorado como corresponde, porque persisten aún muchas dudas de que sea realmente así.

La ley de Cambio Climático y Transición Energética establece la obligación de que todos los sectores deben contribuir con sus esfuerzos a la descarbonización de la economía. Fija dos hitos temporales: 2030 y 2050. Las emisiones de GEI a la atmósfera del conjunto de la economía española en el 2030 deberán reducirse en al menos un 20% respecto a las que había en 1990 y deberá alcanzar la neutralidad climática a más tardar en el año 2050.

En este contexto se incluye también una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de al menos un 35%, un sistema eléctrico con al menos un 70% de generación a partir  de energías de origen renovable y una mejora de la eficiencia energética (un consumo menor de energía primaria de al menos un 35%).

El anteproyecto de ley, que cuenta con 37 artículos, distribuidos en 9 Títulos, y con varias disposiciones,  contempla como instrumentos de planificación para abordar la transición energética los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC), que deben recoger los objetivos sectoriales (los sectores que participan en el régimen de comercio de derechos de emisión, las grandes industrias y el sector eléctrico y los sectores difusos, como el agrario, forestal, transporte, residencial, institucional y comercial y gases fluorados) y las políticas y medidas para alcanzarlos , así como la Estrategia de Descarbonización a 2050 de la Economía Española.

El Título V de la futura ley regula las medidas de adaptación a los efectos del cambio climático y contempla, entre otros aspectos, un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) (artículo16); los informes sobre riesgos climáticos y adaptación (artículo 17); la consideración del cambio climático en la planificación y gestión del agua (artículo 18); en la seguridad alimentaria (artículos 21); la protección de la biodiversidad frente al cambio climático (artículo 22); la política forestal y desarrollo rural (artículo23), así como el fomento de la capacidad de absorción de los sumideros de carbono (artículo 24).

En relación a este último punto se indica que “las Administraciones públicas (…) adoptarán las acciones oportunas para incentivar la participación de los propietarios públicos y privados y del sector agrario y forestal en el aumento de la capacidad de captación de CO2 de los sumideros de carbono”.

Y en su punto 2, añade también que las Administraciones públicas competentes “promoverán el aumento y mejora de los sumideros de carbono, así como su evaluación y contabilización a partir de las fuentes de información existentes. Para ello, se fomentarán las acciones que resalten las externalidades positivas que proporcionan el sector agrario y forestal, así como el uso de la biomasa de origen primario como fuente de energía de origen renovable y sostenible en un contexto de apoyo a la bioeconomía como motor de desarrollo de las zonas rurales.”

Transición justa y recursos

Por otro lado, una parte al menos del sector primario, aunque no sea de las actividades más contaminantes, debería poder beneficiarse también de las medidas de transición justa (Título VI), dirigidas a la optimización de las oportunidades en la actividad y el empleo de la transición hacia una economía baja en emisiones de GEI y a la identificación y adopción de medidas que garanticen un tratamiento equitativo y solidario a trabajadores y territorios en dicha transición y, al respecto, estar incluido tanto en la Estrategia quinquenal, como en los convenios que se establezcan al respecto, así como participar de los recursos públicos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) –“al menos un porcentaje equivalente al acordado en el Marco Financiero Plurianual de la UE 2021-2027”, que se destinen en el ámbito nacional a la lucha contra el cambio climático (Título VII).

En este punto se indica que “las leyes de PGE de cada año recogerán los créditos correspondientes en el presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pudiendo destinarse hasta el 30% de los mismos a medidas con incidencia social provocados por la transición hacia una economía descarbonizada o relacionados con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.”

En concreto, el Gobierno estima que en la actual década 2020-2030 se deberá movilizar un volumen sustancial de inversiones (públicas y privadas), superior a los 200.000 millones de euros, para cumplir con el objetivo que se marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030: reducir en un tercio nuestras emisiones de GEI y que el sistema eléctrico cuente con un 42% de renovables sobre el uso final de energía y con un 74% en la generación eléctrica. “Una buena gestión de esta oportunidad permitirá importantes mejoras en la productividad de la economía y la balanza comercial, la modernización de nuestro sistema productivo, la mejora de la calidad de vida de los españoles y la generación de empleo neto.”

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