El Parlamento andaluz aprueba la Ley del Olivar

El Parlamento andaluz ha aprobado la Ley del Olivar, después de ocho meses  de intenso debate y participación activa por parte de las Organizaciones Profesionales Agrarias, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca), representantes de colectivos y entidades, y partidos políticos.

Esta nueva Ley, que constituye una norma pionera en Europa, "establece un marco normativo completo y los instrumentos necesarios para consolidar el liderazgo mundial de un sector que produce el 40% del aceite de oliva del mundo y el 20% de la aceituna de mesa, y exporta el 70% del aceite de oliva español y el 21% del aceite de oliva del mundo", según asegura Clara Aguilera, consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

La Ley del Olivar contribuirá a la modernización permanente de este sector, y garantizará más apoyo público a los olivareros.

Este cultivo tiene gran importancia para Andalucía ya que ocupa una superficie de más de 1,5 millones de hectáreas, representando el 60% del total nacional y el 30% del europeo, y de cuya actividad dependen en la actualidad más de 250.000 familias en 300 municipios andaluces, generando más de 22 millones de jornales al año y suponiendo en torno al 24% del valor de la producción agraria andaluza.

En términos de balanza comercial, las exportaciones andaluzas de aceite de oliva, que representan el 70% de las exportaciones españolas y el 21% de las mundiales, ascendieron en 2010 a más de 580.000 toneladas, con un valor superior a los 1.200 millones de euros.

La Ley del Olivar establece el marco normativo adecuado para impulsar todas las acciones dirigidas a la mejora de la competitividad de la producción olivarera, reorientándola a las necesidades y demandas del mercado y fomentando su calidad y promoción.

La Ley del Olivar persigue como doble objetivo el fomento de la competitividad y sostenibilidad de este sector. En el primer caso, se dará prioridad a actuaciones como la reestructuración del olivar tradicional, modernizando aquellas explotaciones potencialmente productivas; el fomento del regadío en el olivar, primando, en todo momento, el uso eficiente del agua, en cumplimiento de la Ley de Aguas y los Planes Hidrológicos de Cuenca, y la apuesta por las energías renovables en las explotaciones y en la industria transformadora, favoreciendo el aprovechamiento energético de los residuos agrícolas y el uso de la biomasa para la producción energética.

Igualmente, se fortalecerán los programas de investigación, desarrollo, innovación formación e introducción de nuevas tecnologías aplicadas al sector del olivar, con objeto de seguir avanzando en calidad.

A partir de la entrada en vigor de la Ley del Olivar, se abrirá un plazo máximo deun año para la presentación del Plan Director, que contará con una validez de 6 años.

El Consejo Andaluz del Olivar es otro de los órganos que contempla esta Ley, y el encargado de informar del Plan Director y sus modificaciones. Estará formado por 20 miembros, entre representantes de las administraciones, organizaciones sectoriales y especialistas de diferentes ámbitos, y se constituirá en el plazo máximo de nueve meses, desde la entrada en vigor de la Ley.