Antón Gómez-Reino

(Diputado y portavoz del Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso)

Pregunta.- Bruselas tiene clara su idea de flexibilizar la definición de actividad agraria para acceder a las ayudas directas. ¿Cuál es su posición?

Respuesta.- Las ayudas ligadas a la actividad agraria y ganadera deben estar dirigidas a los y las profesionales del sector. Entendemos por profesionales del sector aquellas personas que se encuentran dados de alta en la actividad agraria y en la Seguridad Social, que desarrollan sus actividad en el sector agropecuario de manera continuada y habitual y cuya renta procede al menos en un 50% de la actividad agropecuaria incluyendo en ella los rendimientos derivados de la transformación y comercialización de sus productos. Entendemos que dentro de los activos agropecuarios se encuentran las personas dadas de alta como trabajadores por cuenta ajena en el sector agropecuario o como eventuales del campo  puesto que su actividad y composición de la renta permanece vinculada al sector y en la mayoría de los casos compaginan su trabajo por cuenta ajena con pequeñas explotaciones agrarias, por lo que estamos en contra de eliminar de la lista de perceptores a las personas que cobren menos de 300 euros. Somos partidarios de excluir absolutamente del cobro de las ayudas a aquellas personas cuya fuente principal de ingresos proceda de cualquier otra actividad profesional, empresarial o laboral, sea bien directamente o a través de su participación en sociedades mercantiles. Somos partidarios de mantener la lista negativa de perceptores de las ayudas y ampliarlas a otras situaciones no contempladas en la actualidad.

Pregunta.- La aplicación de la reforma en España fue decidida entre Agricultura y las comunidades autónomas. ¿Es partidario de que en el futuro la misma se haga vía parlamentaria?

Respuesta.- En el periodo 2014–2020 la PAC supone para España en torno a 46.000 millones de euros de ingresos. Una cantidad muy importante para un país que ha tenido que recortar en los últimos años de crisis muchas partidas de gasto. De un presupuesto medio anual del MAPAMA en torno a 7.600 millones de euros, en torno al 75% proceden de la PAC. Estas cantidades suponen la transferencia de fondos más importante hacia el medio rural. Estas cifras por sí solas justifican sobradamente la necesidad de que la reforma de la PAC sea discutida y aprobada en sede parlamentaria, no solo en su resultado final, sino en el proceso de negociación.

P.- La distribución de los fondos en la reforma anterior se hizo bajo los criterios de continuidad y estabilidad para las explotaciones que recibían las ayudas y de las comunidades autónomas. ¿Debe seguir esa línea?

R.- La nueva PAC debe estar legitimada socialmente y responder a los objetivos antes enumerados. Por lo tanto, y una vez definidos los objetivos y los instrumentos de apoyo de la futura PAC, así como los marcos de aplicación financiera, será necesaria una nueva redistribución de las ayudas tanto por comunidades autónomas como por sectores. Mantener la distribución de las ayudas tal y como están en este momento no favorecerá ningún cambio en la orientación de las políticas. No obstante, entendemos que resulta adecuado trabajar para estabilizar y dar continuidad a las explotaciones existentes en un contexto en el que la desaparición y cierre de explotaciones es continua; sin embargo, los criterios pueden estar definidos dentro de un marco de mejora de estructuras, modernización, viabilidad y adaptación de las explotaciones agropecuarias al contexto de cambio climático según el cual una vez se hayan conseguido los objetivos las ayudas se reorienten en el escenario común.

P.- ¿Cómo valora el proceso de convergencia de las ayudas de la PAC aplicado en España?

R.- Estamos en contra de las desigualdades atroces en la percepción de las ayudas cuando sobre todo la continuidad geográfica y el sector productivo es similar y es necesario y estamos de acuerdo en un marco de convergencia de las ayudas. Sin embargo, y sobre todo, entendemos que la Política Agraria debe dirigirse a apoyar y promover un sector agropecuario social y sostenible apegado al territorio en el marco de los objetivos antes enumerados. Esto implica que se debe favorecer el desarrollo de la actividad en territorios o zonas con dificultades especiales o en aquellas zonas cuyos ecosistemas deben ser favorecidos de acuerdo a los objetivos generales; por ejemplo, las zonas de montaña o los sistemas silvopastoriles, pero también las zonas de producción en secano; y que se deben favorecer en la designación de los derechos de pago, las regiones en las cuales existen  producciones que por motivos sociales, ambientales o incluso de identidad de los sistemas tradicionales agrarios contribuyan a los objetivos generales de la Política Agraria. Estamos hablando de sectores como la ganadería extensiva, pero también de ciertos sectores productivos asociados a ciertos territorios como la chufa, el algarrobo o los frutos de cáscara. Sin embargo, en el cruce de los dos criterios, los procesos de convergencia deben ser más efectivos.

P.- ¿La nueva reforma debe avanzar hacia un pago igual por hectárea?

R.- La uniformidad en el pago igual por hectárea va en contra de los principios de la PAC que defendemos, una PAC ligada a un modelo social y sostenible de producción y al mantenimiento del mayor número de explotaciones agrarias de tamaño pequeño y mediano enraizadas en el territorio. Pero además, y de manera muy clara, un pago  igual y lineal por hectárea contribuye a la consolidación de la estructura de la propiedad de la tierra en un contexto en el cual ya existe una concentración muy elevada sobre todo en regiones como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha. Un pago igual por hectárea impide o dificulta el acceso a la tierra en un momento en el que es necesario facilitar el acceso y la redistribución sobre todo a jóvenes a nuevas personas que se quieren incorporar al sector. Un pago igual por hectárea favorecerá una dinámica alcista en los precios de la tierra y por último dificultará el uso de otras formas jurídicas diferentes a la propiedad.

P.- ¿Deben seguir los pagos por derechos históricos? ¿Se deben incluir otros sectores hoy fuera de las ayudas?

R.- Los derechos históricos deben ser una referencia en la construcción de la nueva PAC, pero la consolidación de estos derechos históricos dificulta el avance hacia la nueva PAC que necesitamos. Debemos activar otros mecanismos que permitan consolidar derechos, como los contratos territoriales. La consolidación de los derechos históricos está condicionando el funcionamiento y la operatividad de las reservas nacionales de derechos y sobre todo la incorporación de nuevos activos al campo, especialmente de los jóvenes.

P.- ¿Hay que primar a las primeras hectáreas de cada explotación?

R.- La PAC es una política pública; casi es una de las últimas políticas económicas activas. Evidentemente, si queremos mantener este carácter, debe ser acorde con los objetivos generales que perseguimos. En cualquier reparto de ayudas que tenga entre sus objetivos; el sostenimiento de rentas, el mantenimiento de activos agrarios, el sostenimiento y apoyo al desarrollo rural, la sostenibilidad ambiental o la política alimentaria saludable, las ayudas deben ir dirigidas a las explotaciones que cumplen con los objetivos perseguidos y de manera especial apoyando a las que son más pequeñas o tienen más dificultades. En este sentido, estamos totalmente de acuerdo con la posibilidad de primar a las primeras hectáreas de cada explotación, pero estableciendo unas ratios que no solo tengan en cuenta la dimensión, sino la productividad.

P.- ¿Deben recibir las ayudas los jubilados? ¿Sería posible un sistema de ayudas para que dejaran las tierras y se impulsara el relevo generacional?

R.- Nosotros consideramos que los jubilados del sector agrario deben tener pensiones dignas. Somos conscientes de que las jubilaciones del sector agrario son las más bajas de todo el sistema de pensiones, y que en muchas ocasiones las ayudas de la PAC suponen un complemento de renta. Sin embargo, el camino a la solución de este problema no es mantener las ayudas de la PAC a las personas ya jubiladas. Por otro lado, somos conscientes de que la actividad agraria y ganadera más allá de un trabajo o profesión; en muchos casos representa un modo de vida y que las personas mayores, más allá de su jubilación, quieren mantener su actividad porque eso les vincula a un territorio, a su cultura y sus valores. Sin embargo, estas razones, que son muy loables, tampoco justifican que sigan manteniendo el cobro de las ayudas de la PAC. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con el mantenimiento de las ayudas a los jubilados. Es necesario activar nuevos mecanismos para el relevo en las explotaciones o el traspaso tanto de las tierras, como de las explotaciones y los derechos asociados pero con mayores controles y de forma más activa.

P.- ¿Se debe fijar tope a las ayudas directas?

R.- Las mismas razones que sirven para argumentar la orientación de las ayudas hacia los objetivos políticos generales y primar las primeras hectáreas son las que nos llevan a decir que es necesario y urgente fijar un tope real y adecuado a las ayudas directas. Este es el primer paso necesario para recuperar la legitimidad social de la Política Agraria Común. No puede ser que el 16% de los perceptores de la PAC reciban el 76% de las ayudas. Este límite debe ser adecuado y aceptable socialmente. No es para nada adecuado y significativo el límite de 150.000 euros, ni la degresividad del 5%. Proponemos un límite inicial de 60.000 euros. Pero además, consideramos urgente establecer una modulación adecuada de las ayudas de acuerdo a criterios sociales, ambientales, territoriales y productivos. Igual que consideramos necesario introducir ciertas sanciones eficaces en el cobro de las ayudas ligadas al cumplimiento de las condiciones laborales en el campo de tal manera que una empresa o explotación que haya sido sancionada por incumplimiento de las normas laborales, será penalizado al año siguiente con la reducción en el cobro de las ayudas de la PAC.

P.- ¿Cómo valora el uso de los fondos para desarrollo rural? ¿Cómo se deberían aplicar para frenar el abandono del medio?

R.- Somos partidarios de un mayor equilibrio entre los fondos destinados al primer y segundo pilar de la PAC. El segundo pilar de desarrollo rural debe dotarse con mayor presupuesto. Si bien es adecuado mantener la estructura actual de programas de desarrollo rural en las CC. AA., sin embargo, debería avanzarse en una mayor  focalización de ciertas medidas en las comarcas o zonas rurales dentro de las CC. AA. con mayores dificultades o desequilibrios territoriales. Los factores de desequilibrio deben tener mayor peso en la definición de las políticas de desarrollo rural. El despoblamiento es uno de los elementos que deberán ser tenidos muy en cuenta en el futuro de la política de desarrollo rural. Es necesario mantener la cofinanciación pero con un nivel de compromiso mayor por parte de los estados miembros para que no se produzcan reducciones aleatorias en la aportación nacional. De igual forma consideramos que algunas de las medidas incluidas en el segundo pilar de la PAC deben ser incluidas en el primer pilar puesto que su contenido tiene que ver directamente con la reorientación del sector productivo primario y, por el contrario, añadir nuevas medidas al segundo de los pilares para impulsar objetivos relacionados con la diversificación productiva, la lucha contra el despoblamiento, o la calidad de vida en el medio rural.

P.- ¿Ha servido para algo el pago verde? ¿Cómo se debería gestionar para mejorar su eficacia?

R.- Los informes disponibles en la aplicación del greening muestran la escasa efectividad de las medidas adoptadas. Somos partidarios de profundizar en esta línea pero desarrollando nuevos criterios, instrumentos y objetivos. Respecto a los instrumentos consideramos que el contrato territorial de explotación previsto en la Ley 45/07 de desarrollo sostenible del medio rural avanzaba en el camino adecuado pero es necesario desarrollarlo e impulsarlo. Por otra parte, los objetivos de sostenibilidad del modelo agropecuario deben estar incorporados en todos los instrumentos y medidas, pero sin embargo, debería buscarse la manera de definir y apoyar la transición en el modelo productivo hacia la sostenibilidad de manera que los criterios del pago verde se vincularan a las diversas fases en esta transición. Por último, es necesario incorporar medidas concretas de nos permitan avanzar en la eliminación de determinadas prácticas y apoyar otras. Por ejemplo, la adecuación del regadío a la realidad hídrica y la potenciación del secano. Favorecer la biodiversidad cultivada frente a la homogeneización de cultivares.