El sector pesquero español plantea sus propuestas contra los aranceles

El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca), reclama una respuesta “urgente, firme, coordinada y estructural” que proteja la viabilidad de las exportaciones y el empleo asociado, ante la entrada en vigor del arancel, ahora del 10% durante 3 meses, impuesto por Estados Unidos a determinados productos pesqueros de la UE que se exportan hacia ese mercado.

En concreto, Cepesca plantea una batería de propuestas que incluyen la reducción en España de impuestos y cargas sociales para mejorar la competitividad de las empresas; la eliminación de trabas burocráticas en la UE; la apertura de nuevos mercados internacionales, con especial atención a la entrada en vigor de Mercosur y la reducción de aranceles en Brasil (donde el arancel es ahora del 23%); la eliminación de barreras no arancelarias, especialmente sanitarias, como las impuestas por Chile y China, y la concesión de ayudas directas, no limitadas a préstamos y avales, a las empresas afectadas.

Estas medidas fueron presentadas por Javier Garat, secretario general de Cepesca, en el encuentro organizado por el Partido Popular (PP), al que estaban convocados representantes de los sectores económicos más afectados para analizar los efectos de la política de Trump en la economía española.

Como expuso Garat, apoyándose en datos del MAPA, Estados Unidos se consolidó en 2023 como el principal comprador mundial de productos pesqueros, con importaciones valoradas en aproximadamente 21.140 millones de dólares.

Los principales proveedores de estos productos al mercado estadounidense fueron México, Canadá e Italia. España ocupa actualmente el puesto 18º en este ranking, con una cuota del 1,5%, es decir, en torno a 317 millones de dólares.

En concreto, nuestro país se ve especialmente afectado en exportaciones clave como el pulpo, el atún rojo, el rabil y diversas especies de marisco. Empresas emblemáticas como Balfegó, para quien EE.UU. representa el 38% de su producción (unos 40 M€), y Petaca Chico, que se ha visto obligado a paralizar inversiones previstas en Cádiz para procesar y exportar a EEUU pulpo y rabil, se encuentran entre las más perjudicadas.

En este sentido, el sector propone mejorar la competitividad de las empresas españolas recortando impuestos y cargas sociales en España y reduciendo burocracia en la UE.

Asimismo, en el plano del acuerdo con Mercosur, considera que su ratificación y entrada en vigor podría favorecer las exportaciones de productos pesqueros a Brasil.

En cualquier caso, cree preciso exigir las mismas reglas del juego para todos y el control adecuado de las importaciones, evitando que pueda entrar en la UE pescado ilegal o capturado en condiciones de esclavitud.

En palabras de Javier Garat, «las tormentas más temidas ya no están en la mar, sino en tierra, provocadas por la incertidumbre política, la burocracia y algunas normas europeas imposibles de cumplir. Necesitamos seguridad jurídica, acción inmediata y un verdadero compromiso con el futuro del sector”.