El rechazo a reducir la jornada laboral alivia al sector

Algunas organizaciones agrarias y sectoriales ven con alivio que la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados rechazara el pasado 10 de septiembre la reducción de la jornada laboral, propuesta por el Ministerio de Trabajo con el consenso de los sindicatos de trabajores, CCOO y UGT, al considerar que no se adaptaba a las necesidades y especificidades del campo.

Así, desde la organización agraria ASAJA se valora positivamente que los grupos parlamentarios hayan votado en contra de la propuesta de reducción de la jornada laboral, una medida que la organización siempre ha considerado inviable para el sector agrario.

“El campo no depende de horarios fijos, sino de factores naturales como el clima, el ciclo de los cultivos o el cuidado de los animales. Imponer una norma rígida desde los despachos sería un duro golpe para agricultores y ganaderos”, señaló Juan José Álvarez Alcalde, secretario de Organización de ASAJA.

Desde ASAJA se subraya que esta medida incrementaría los costes laborales en un sector ya asfixiado por las subidas del SMI, las cotizaciones sociales, la burocracia y las exigencias medioambientales. Además, obligaría a contratar más personal en un momento en el que ya resulta muy difícil encontrar mano de obra disponible para el campo.

Esta organización agraria insiste en que deben ser los convenios colectivos los que definan, con flexibilidad y conocimiento de la actividad, las condiciones laborales en el medio rural. De lo contrario, se estaría legislando de espaldas al mundo agrario, con graves consecuencias para la viabilidad de miles de explotaciones familiares y para la competitividad del sector productor español.

“Estamos ante una medida que no tiene en cuenta la realidad del campo y que también acabaría repercutiendo en el consumidor, al aumentar los costes de producción y los precios”, advirtió Álvarez.

Impacto en la competitividad

Por su parte, desde la patronal empresarial del sector productor y exportador de frutas y hortalizas, FEPEX, se valoró también el rechazo del Congreso de los Diputados a la tramitación de la Ley de reducción de la jornada laboral, puesto que es una medida que hubiera causado un grave impacto en la competitividad de las empresas del sector hortofrutícola.

Esta propuesta, según la Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas, se había elaborado sin tener en cuenta la negociación colectiva y las particularidades de este sector, que destaca por el carácter intensivo de sus cultivos y la importante demanda de mano de obra necesaria para mantener su actividad productiva.

Las características del empleo en el sector hortofrutícola, definido por su estacionalidad, cíclica e intermitente en los trabajos en la producción y la temporalidad y urgencia de muchas de las tareas, requiere, según FEPEX, una regulación más flexible de la distribución irregular de la jornada (adaptada a las especificidades del empleo del sector) y el aumento del límite de horas extraordinarias, como tienen legislado los principales países competidores europeos.

Para esta Federación, preocupa especialmente el impacto que puede tener, ahora, una reforma del registro horario con la implantación de la interoperabilidad, la automatización en las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la modificación de los conceptos de compensación y absorción de los complementos salariales sin un acuerdo en la Mesa de Diálogo Social.

FEPEX se suma así al llamamiento realizado por la patronal de los empresarios, la CEOE, de la que forma parte, para la defensa del diálogo social y la reactivación de la negociación colectiva.

Además, como organización empresarial representativa, que participa en la Comisión Negociadora del Convenio Estatal Agrario, planteará que la negociación de este Convenio promueva, de forma consensuada, una regulación laboral que se adapte y que contemple la realidad del sector, con el fin de garantizar la seguridad jurídica de las empresas, y que no provoque una reducción de empleo y una pérdida de competitividad internacional.

Sin proceso de diálogo

Por su parte, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UdU) manifestó que no se ha abierto ningún proceso de diálogo y negociación con el campo, por lo que no se han contemplado las particularidades del sector agrario.

Unión de Uniones presentó varias propuestas de enmiendas concretas a los grupos parlamentarios para que en la norma se reconozca la especificidad agraria y evitar que la reducción de jornada y el registro digital obligatorio supongan un obstáculo insalvable para las explotaciones profesionales de tamaño modesto.

La organización insiste en las particularidades que hacen imposible aplicar la futura ley de reducción de jornada y de registro digital, sin alterar de forma importante la actividad de las explotaciones agrarias.

La estacionalidad de las campañas, la dependencia de factores externos como la climatología o los turnos de riego, y la dimensión reducida de muchas explotaciones y el aislamiento digital obligan a prever un marco flexible y adaptado, por lo que la organización plantea que, en su caso, la reducción de jornada no entrase en vigor en las micro y pequeñas explotaciones agrarias, hasta que se concierte su aplicación con sus representantes.

Por otro lado, la UdU propone que estas mismas explotaciones puedan seguir llevando el registro de jornada como hasta ahora, debido a la falta de conexión, la inexistencia de un centro de trabajo fijo, la dispersión de trabajadores en distintas parcelas y las dificultades de muchos empleados para manejar medios electrónicos, que hacen inviable un sistema rígido de registro.

 “Somos contrarios a la reducción de la jornada, tal y como estaba planteada. Esto no puede ser café para todos como se hizo con la reforma laboral o con la de autónomos. Todos los sectores no son iguales y el campo tiene que entrar en el diálogo de estas cuestiones”, según afirmó Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones.