Bruselas aprueba 65 M€ más de ayudas estatales a la agropesca por el precio de los combustibles

La Comisión Europea aprobó este 14 de julio modificaciones -y un aumento de 65 millones de euros en el presupuesto- de dos programas españoles de ayudas estatales para empresas agrícolas y pesqueras, que se enfrentan al alza de los precios del combustible debido a la crisis de Oriente Medio.

Las modificaciones se aprobaron en el marco del Marco Temporal de Ayudas Estatales para la Crisis de Oriente Medio (METSAF), adoptado por la Comisión el 29 de abril de 2026 .

El plan original para productores agrícolas fue aprobado por la Comisión el 2 de junio de 2026. España notificó, entre otras cosas, un aumento presupuestario de 55 millones de euros, lo que eleva el presupuesto total a 109 millones de euros. También se notificó una ampliación del período cubierto, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026, y una modificación en el cálculo de la ayuda concedida en virtud de la medida.

El plan original para las empresas pesqueras fue aprobado por la Comisión el 4 de junio de 2026. España notificó, entre otras cosas, un aumento presupuestario de 10 millones de euros, lo que eleva el presupuesto total a 35 millones de euros, y una modificación en el cálculo de la ayuda concedida en virtud de la medida.

La Comisión evaluó ambas modificaciones con arreglo a las normas de la UE sobre ayudas estatales, en particular el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la UE, que permite a los Estados miembros apoyar el desarrollo de determinadas actividades económicas con sujeción a determinadas condiciones, así como los apartados 1 y 2.1 del METSAF.

La Comisión constató que los regímenes modificados siguen siendo conformes a las condiciones establecidas en el METSAF. En concreto, la ayuda se concederá con arreglo a regímenes con un presupuesto estimado claro y se proporcionará para apoyar temporalmente el desarrollo de empresas activas en la producción primaria de productos agrícolas y pesqueros.

La Comisión concluyó que los regímenes modificados son necesarios, adecuados y proporcionados para facilitar el desarrollo de una actividad económica y no afectan negativamente a las condiciones comerciales en una medida contraria al interés común.

Sobre esta base, la Comisión aprobó las modificaciones españolas con arreglo a las normas de la UE sobre ayudas estatales.