El MAPA plantea flexibilizar ciertas exigencias de control de bienestar animal en las granjas

El Ministerio de Agricultura ha elevado a consulta pública hasta el próximo 18 de marzo el proyecto de real decreto por el que se modifica el RD 159/2023, de 7 de marzo, por el que se establecen disposiciones para la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea sobre controles oficiales en materia de bienestar animal, y se modifican varios reales decretos.

En concreto, establece, por medio de su disposición final cuarta, diversas modificaciones al Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) emitió un comunicado en el que se valoran positivamente las modificaciones que se aplicarán al RD 159/2023, dado que los ganaderos tendrán más tiempo –hasta tres años desde 2023– para adaptarse a las nuevas exigencias que se aplicarán a las granjas, y se tendrán en cuenta nuevos parámetros, además de la superficie disponible para los animales.

Como el resto de las organizaciones de la producción porcina, UPA lleva insistiendo y trabajando para que el Ministerio de Agricultura conozca la problemática a la que se enfrentan las granjas de porcino y proteja especialmente a las de pequeña y mediana dimensión, y de carácter familiar.

En este sentido, han analizado con Agricultura la definición de los parámetros que se tendrán en cuenta para no obligar a las explotaciones ganaderas a tener que reducir su capacidad productiva, con el consiguiente impacto económico que esto podría conllevar.

Según el borrador de RD, "las explotaciones que ya estuvieran en funcionamiento el 8 de marzo de 2023, fecha de publicación del RD 159/2023, disponían de dos años para adaptarse, acabando el 9 de marzo de 2025 dicho periodo transitorio."

Las modificaciones que se establecieron tenían como finalidad mejorar el bienestar de los animales en las granjas, a fin de evitar el raboteo rutinario, adoptando medidas para
prevenir la caudofagia.

Durante este periodo transitorio, según el MAPA, se ha puesto de manifiesto la necesidad de prever las condiciones a cumplir en las explotaciones que no se rabotee en absoluto y la posibilidad de que ciertas explotaciones introduzcan mejoras, más allá de lo establecido en esta modificación de la normativa.

Dichas mejoras les darían la posibilidad de aumentar la densidad respecto al resto de las granjas, manteniéndola en todo caso en los límites establecidos por la Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos.

A fin de incluir dichos elementos en una norma, se va a tramitar una modificación del Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la
protección de cerdos, lo que hace necesario extender el periodo de adaptación de las explotaciones, mencionado anteriormente, a tres años, hasta el 9 de marzo de 2026.

Y se añade que, por ello, "no podrá imponerse ninguna sanción, penalización o cualquier otra consecuencia jurídica negativa o restrictiva de derechos en caso de incumplimientos que se hayan producido con anterioridad a la entrada en vigor de la norma." 

El sector porcino, según UPA, tiene una enorme importancia para el medio rural español. Nuestro país es líder en Europa, aporta el 39% del Valor de la Producción Final Ganadera (PFG) y está formado por más de 85.000 granjas en toda España.