8 DE enero DE 2025
El Gobierno pretende desarrollar la ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica que obliga al etiquetado de bienes y productos de consumo.
Tras dos siglos de la invención del alfabeto Braille, un sistema táctil de escritura y lectura compuesto por seis puntos que caben en la yema de un dedo y que permitió romper el aislamiento de las personas ciegas, el Gobierno español prepara la regulación en las etiquetas de productos y bienes de consumo, casi dos años después de que fuese aprobada dicha ley.
Así, según el proyecto que prepara Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la información básica de los productos de especial relevancia, su nombre, categorías o advertencias de peligro -como es el caso de las alergias-, deberá aparecer recogida también en el alfabeto Braille.
Es el objetivo del proyecto de real decreto, que ultima el ministro Pablo Bustinduy, regulará el etiquetado accesible de productos de consumo, en alfabeto braille y otros formatos, como códigos QR, y garantizar la protección de las personas con discapacidad visual y consumidoras vulnerables.
En concreto, se quiere aplicar a los productos empaquetados de consumo general (carnes, pescados, huevos, leche, café y conservas, entre otros), así como a otros con potencial de riesgo o claramente peligrosos, como los relacionados con la higiene, abonos, plaguicidas, pegamentos, encendedores y cerillas o bombonas de gas.
La etiqueta inclusiva tendrá que contener la información básica, como la denominación, la naturaleza, la fecha de caducidad, el consumo preferente o los alérgenos.
Además, deberá exponer también otros datos como el nombre y la dirección de la empresa productora, composición del producto, fecha de producción, sistema de información nutricional e instrucciones para su correcto uso o consumo, según avanzó la agencia EFE.
De hecho, el ministro Bustinduy ha venido insistiendo en varias ocasiones en la urgencia de aprobar una normativa que permita que actividades cotidianas, como hacer la compra, "no supongan una barrera estructural para cientos de miles" de personas y que vele por el "derecho a una autonomía plena" de toda la ciudadanía.
Para el ministro responsable de Consumo, "no es tolerable que una actividad cotidiana habitual, necesaria, se convierta en algo que pueda comprometer la autonomía y la seguridad de los consumidores vulnerables."
Día Mundial del Braille
En el mundo existen en torno a unas 36 millones de personas ciegas o con elevada discapacidad visual, mientras que en nuestro país son más de 218.000 las personas que tenían capacidad visual disminuida como primera discapacidad, según datos del Imserso de 2022.
El Día Mundial del Braille, celebrado el pasado 4 de enero, se celebró también el 200 aniversario de la invención de este alfabeto, en 1825 por parte de Luis Braille y cuyo impacto es comparable con el de la invención de la imprenta para el resto de la humanidad. Este sistema marcó un antes y un después en el acceso a la cultura, a la educación y para la vida diaria en general de las personas ciegas.
La Ley 4/2022 se aprobó a instancias del Comisté Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que lo planteó en el Senado, siendo asumido totalmente por los grupos políticos.
Precisamente es esta normativa incorpora en una disposición adicional la regulación del etiquetado inclusivo, que establecía que “el Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables”.
El ordenamiento jurídico español incorporba así por vez primera el deber de incluir el Braille al etiquetado de productos de gran consumo. Ahora el Gobierno prepara el texto de aprobación de un real decreto de desarrollo de dicha ley, en el que se determinarán el tipo de bienes afectados y las condiciones en que deberá efectuarse, después de superarse y doblarse casi el plazo de un año que se había dado en la propia normativa.
El proyecto de real decreto es el fruto del Grupo de Trabajo formado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y el CERMI, con la participación de la ONCE.
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