Bruselas prorrogará hasta 2027 el plazo para el CUE de fitosanitarios

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) celebra que la Comisión Europea haya aprobado, durante la última reunión del Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (SCoPAFF) sobre legislación fitofarmacéutica, la ampliación del plazo para la obligatoriedad del denominado Cuaderno de Explotación Digital (CUE) para los fitosanitarios.

Esta medida, que se incorporará mediante la modificación del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564, permitirá a los Estados miembros posponer la obligación del 1 de enero de 2026 extendiéndola en principio hasta el 1 de enero de 2027.

Esta decisión, confirmada verbalmente al COPA-Cogeca por el propio Ejecutivo comunitario, supone una gran noticia para el sector agrario europeo y, en particular, para el español, añade ASAJA que, además, subraya que este avance ha sido posible gracias al intenso trabajo de representación y presión llevado a cabo dentro de la organización europea de productores agrarios, donde ASAJA ostenta la vicepresidencia del Grupo de Trabajo de Sanidad Vegetal, a través de Miguel Minguet.

ASAJA recuerda que, hace tan solo seis meses, la Comisión consideraba “poco factible” aprobar un retraso de un año en la entrada en vigor de esta obligación.

Sin embargo, la labor de "lobby" conjunta del COPA-Cogeca, señala esta organización agraria, ha conseguido revertir esta postura, logrando que se introduzca una cláusula de flexibilidad, que proporciona seguridad jurídica y margen de adaptación a los agricultores profesionales de toda la Unión Europea.

Por ello, ASAJA exige ahora al Gobierno español que adopte formalmente esta prórroga y se acoja a la posibilidad de retrasar la obligación hasta 2027.

No obstante, esta organización agraria reclama a Bruselas que conceda un aplazamiento indefinido de la medida hasta que existan garantías reales de transición, con condiciones adecuadas para su aplicación en el medio rural.

En este sentido, advierte que, a día de hoy, no todos los agricultores disponen de conexión a internet suficiente, especialmente en zonas rurales con brecha digital, ni cuentan con el asesoramiento ni la formación necesarios, especialmente entre los agricultores de mayor edad.

Además, esta organización agraria recuerda que esta obligación no puede suponer una carga administrativa adicional para los productores.

Para ASAJA, se trata de un paso muy importante para reducir la incertidumbre del sector agrícola sobre este asunto e, igualmente, debe ir seguido de un desarrollo práctico del contenido de la reglamentación europea (Rgto. de ejecución 2023/564) que, en el caso español, se ha planteado con una carga administrativa compleja e inasumible para las explotaciones (tipo de formato electrónico, plazos de comunicación de datos, etc.) que se debe evitar de cara a su futura implementación.

Por último, esta organización agraria insta a las Consejerías de Agricultura de las CC.AA. para que presionen al Gobierno central, con el fin de que hagan oír la voz del campo español y defiendan esta posición adoptada a nivel comunitario.