11 DE marzo DE 2026
a Comisión Europea ha puesto recientemente en marcha la evaluación intermedia de la Política Agrícola Común (PAC) para el período 2023-2027, una iniciativa obligatoria en virtud del artículo 141, apartado 4, del Reglamento (UE) 2021/2115, que exige a la Comisión evaluar antes del 31 de diciembre de 2026 la eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la UE de las ayudas del FEAGA y del Feader en el marco de los planes estratégicos de la PAC, según indica y analiza el bufete Gómez Acebo & Pombo (GA_P).
Por otro lado, ya hay distintas voces que consideran que será muy difícil que la nueva PAC 2028-34, a través de los planes de asociación nacionales y regionales en el marco de un fondo único de financiación comunitaria, que debería entrar en vigor el 1 de enero de 2028, no podrá ponerse en marcha en esa fecha y que lo más probable es que se tenga que prorrogar la actual al menos un año, 2028 o quizás dos, 2028 y 2029 y empezar a aplicarse en 2030.
La PAC constituye la principal política de la Unión Europea en materia de agricultura y zonas rurales, con un presupuesto para el período 2023 2027 que asciende a unos 387.000 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 30% del presupuesto de la UE en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027.
La PAC modernizada, en vigor desde 2023, se aplica a través de los denominados Planes estratégicos de los Estados miembros, que traducen los objetivos comunitarios en medidas y metas adaptadas a cada país.
El nuevo modelo de aplicación desplaza el foco de atención del cumplimiento al rendimiento y los resultados, supervisados mediante indicadores e hitos comunes, al tiempo que refuerza la ambición medioambiental y climática, al vincular más estrechamente los pagos a los requisitos básicos en el marco de la condicionalidad e incentivar prácticas voluntarias adicionales por medio de regímenes ecológicos.
Los objetivos comunes de la PAC persiguen conseguir un sector agrícola inteligente, resiliente y diversificado, impulsar la protección medioambiental y la acción por el clima, y reforzar el tejido socioeconómico en las zonas rurales, otorgando a los Estados miembros una mayor flexibilidad en su implementación.
¿En qué se centrará la evaluación?
Según Gómez Acebo & Pombo, la evaluación se centrará en determinar si el nuevo modelo de aplicación de la PAC y las medidas contempladas en los planes estratégicos van por buen camino para obtener resultados iniciales en consonancia con los objetivos específicos y los indicadores de resultados pertinentes.
Se evaluarán los avances en la ejecución y el rendimiento temprano del período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025, utilizando el período 2014-2022 como referencia para fijar tendencias y aportar un punto de comparación.
También se examinarán aspectos de especial relevancia para los operadores del sector, tales como la carga administrativa y la simplificación, la coherencia de las actuaciones y el valor añadido de una política común europea en comparación con la acción a nivel nacional.
Ejes temáticos
Resultan particularmente relevantes, añade este bufete de abogados, los tres ejes temáticos sobre los que la Comisión invita a aportar documentación y experiencias prácticas.
• En primer lugar, la carga administrativa y simplificación tras las medidas adoptadas en 2024, donde se solicita valorar qué se ha vuelto más fácil o más difícil desde el punto de vista de la ejecución de la PAC, incluyendo aspectos como el tiempo necesario para la solicitud o el cumplimiento y sus costes correspondientes, los formularios y la tenencia de registros, la claridad de las normas, las herramientas digitales, los con troles y sanciones, el calendario de pagos y la coherencia de la aplicación dependiendo de las regiones o países.
• En segundo lugar, el valor añadido de la PAC a escala de la UE, donde se pretende identificar qué mejores resultados obtiene la política común en comparación con las actuaciones que los Estados miembros pudieran llevar a cabo por sí solos.
• En tercer lugar, la pertinencia constante de la PAC a la hora de abordar las necesidades actuales y los nuevos retos, cuestionando si la política sigue siendo adecuada para su finalidad en relación con aspectos críticos como los ingresos agrarios, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y clima, las perturbaciones del mercado y la situación de las zonas rurales.
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