Cepesca exige frenar en la UE la reducción de la actividad en el Mediterráneo

El sector pesquero español, representado por la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), trasladó a la Secretaría General de Pesca su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea sobre el reglamento de posibilidades de pesca en el Mediterráneo para 2026.

Asimismo, expresó su esperanza de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación consiga el apoyo necesario entre los Estados miembros para impedir que esta propuesta prospere en el próximo Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea que se celebrará los días 11 y 12 de diciembre en Bruselas.

La propuesta, que limita la actividad a 9,6 días de pesca de media por buque al año, es considerada inasumible por el sector, ya que supondría la paralización de la flota española de arrastre que opera en el Mediterráneo.

En este sentido, CEPESCA, representada en la reunión por su vicepresidente para los caladeros del Mediterráneo y Golfo de Cádiz, José María Gallart, y por su secretario general, Javier Garat, subraya que el planteamiento de la Comisión no se corresponde con los avances constatados en las evaluaciones científicas más recientes, que muestran una mejora en el estado de los recursos pesqueros de la zona.

Tampoco refleja, a su juicio, las promesas del comisario de los últimos meses en las que indicaba que había llegado el momento de reconocer el trabajo de los pescadores y compensarlo con más días de actividad.

A este respecto, el sector cuestiona que la Comisión haya utilizado la situación de la cigala como argumento principal para justificar esta reducción extrema del esfuerzo pesquero, ya que se trata de una especie que no ha tenido un papel relevante en el diseño ni seguimiento del plan de gestión vigente, y cuya inclusión resulta, a su juicio, desproporcionada y carente de suficiente fundamento científico.

En el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la cigala supone el 0,4% de las capturas y, en Cataluña, el 2,6%.

Asimismo, Cepesca advierte que el planteamiento actual de la Comisión ignora el impacto social y económico que supondría sobre las comunidades costeras del Mediterráneo español y no responde a los objetivos de equilibrio establecidos por la Política Pesquera Común.

En este contexto, la organización considera que el próximo Consejo de Ministros de Pesca será determinante para alcanzar un acuerdo que permita mantener la actividad dentro de un marco sostenible y basado en la evidencia científica.

Cepesca recuerda que en este 2025 la Comisión redujo el esfuerzo pesquero a 27 días de actividad por buque, una decisión también considerada drástica por el sector y que, posteriormente, fue modulada mediante la aplicación de medidas de gestión compensatorias, como ajustes en el tamaño de las mallas y vedas, lo que permitió ampliar la actividad anual por buque a aproximadamente 130 días.

Por último, el sector recuerda que ha participado activamente en la aplicación de medidas de gestión y control, y que el mantenimiento de la actividad debe conciliar sostenibilidad biológica con viabilidad socioeconómica, evitando decisiones que abocan a la desaparición de la flota y su tejido socioeconómico.

TAC y cuotas

Por otro lado, en la reunión de los Consejos Consultivos de Políticas Agraria y Pesquera para Asuntos Comunitarios en el que participan MAPA y CC.AA., previa a la celebración del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea de los próximos 11 y 12 de diciembre en Bruselas, Luis Planas afirmó que este año, de nuevo, se producirá una negociación “compleja y difícil” sobre los totales admisibles de captura (TAC) y cuotas pesqueras para 2026, pero asegurando que defenderá los intereses de la flota española con el objetivo de alcanzar un acuerdo que asegure la viabilidad del sector pesquero.

El ministro trasladó a los consejeros autonómicos la posición de España, en la que ha reiterado que las propuestas de la Comisión Europea adolecen aún de falta de concreción en muchos aspectos y que, en el caso del Mediterráneo, resulta decepcionante al incluir nuevos recortes de días que son inasumibles.

Planas lamentó que la Comisión Europea vuelva a plantear más recortes pese a que ha reconocido que tras los cinco años de aplicación del plan plurianual para el Mediterráneo se han producido efectos positivos en la mayoría de las pesquerías y de que los informes del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (STEFC, por su denominación en inglés) muestren claramente la buena evolución de las poblaciones, con una mejoría evidente en el caso de la merluza.

Los informes científicos constatan también el efecto positivo de las medidas de selectividad acomedidas por la flota española, que este año ha cambiado las mallas de las redes de pesca y la tercera parte de las embarcaciones han incorporado las puertas voladoras, que no impactan en el fondo.

El ministro entiende que estos esfuerzos deberían ser reconocidos por la Comisión.

En el caso de la gamba roja, por ejemplo, Planas consdiera que la limitación de días y el establecimiento de límite de captura es una doble imposición.

Además, el ministro explicó que el mecanismo de compensación para la recuperación de días propuesto es muy complejo y plantearía problemas de control y gestión para las empresas.

España ha pedido a la Comisión la justificación y metodología de la propuesta que, según el ministro, dibuja un escenario muy complicado porque impediría la viabilidad de la flota de arrastre en el Mediterráneo.

En cuanto al Atlántico, la propuesta de la Comisión es limitada, pues solo incluye las cuotas para las especies que son competencia exclusiva de la Unión Europea y no las compartidas con Reino Unido y Noruega, países con los que aún no han concluido las negociaciones de los respectivos acuerdos.

El ministro señaló que la Comisión debe hacer mayor énfasis en los aspectos socioeconómicos de sus propuestas de asignación de cuotas e incorporar además informes científicos actualizados para determinarlas.

Planas informó de las tres reuniones mantenidas por la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, con organizaciones del sector pesquero y organizaciones no gubernamentales en las que constató el rechazo unánime del sector a la propuesta del Mediterráneo, así como a la falta de transparencia e información de la misma.