¿Qué puede esperar la cadena agroalimentaria en este primer semestre 2026?

En primer lugar, las negociaciones presupuestarias del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 y, dentro de las mismas, de la financiacion de la Política Agraria Común (PAC) continuarán siendo una prioridad en el nuevo semestre de la Unión Europea (UE).

Pero tambien hay otros asuntos en el sector agroalimentario, que suscitarán el interés político y el debate interinstitucional y privado, como el bienestar animal, cambios y novedades sobre sanidad vegetal y animal, la aplicación de la normativa de carbono en frontera, que afecta al sector de fertilizantes, la mejora de la directiva sobre prácticas comerciales desleales en la cadena agroalimentaria, la concreción de nuevos destinos sobre el comercio exterior u otros iniciativas que puedan afectar a los mercados y a los precios de los productos, etcétera.

El inicio prácticamente de las negociaciones del MFP 2028-2034 es una de las prioridades de la agenda de la Presidencia chipriota del Consejo de la UE, esperándose que se concreten algunos avances, con el objetivo de que al menos se alcance un (por ahora difícil) acuerdo político interinstitucional (Comisión, Consejo y Parlamento Europeo) en la segunda mitad del recién estrenado 2026.

Como es conocido, la polémica propuesta de la Comisión Europea plantea concentrar, a través de los denominados Planes de Asociación Nacionales y Regionales, que las ayudas de la PAC, del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y Acuicultura (FEMPA) de la Política Pesquera Común (PPC) y otra políticas de cohesión, en un megafondo que gestionarían los Gobiernos, con una previsión, además, de recortes presupuestarios de los fondos al sector primario de más del 22 % en Agricultura y de nada menos que del 67% en Pesca.

Según el texto de prioridades de Chipre, "la Presidencia facilitará las discusiones para proporcionar una respuesta fuerte y una legislación que garantice la seguridad alimentaria y un estándar de vida justo para los agricultores, así como para afrontar los retos comerciales y de autoabastecimiento en un entorno local y global cambiante."

Más en concreto, con respecto a la PAC, la presidencia defiende las vías que contribuyan a mejorar la gestión de crisis o la prevención de catástrofes naturales, así como la necesidad de profundizar en su simplificación.

Plano comercial

En el plano comercial, el hito más importante y más inmediato (se prevé para este 12 de enero) es la ratificación del Acuerdo Comercial entre la UE y el bloque de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), en el que Italia jugará un papel primorcial con su voto para que salga o no adelante.

Al respecto, desde la presidencia chipriota se insiste en la importancia de una apertura comercial de la UE para reforzar sus mercados y reducir su dependencia exterior de productos e insumos agrícolas, pero defendiendo un equilibrio entre "el acceso al mercado y el mantenimiento de la competitividad del sector agrícola europeo".

En este sentido, ante las persistentes tensiones con Estados Unidos o con China, la presidencia de Chipre aboga por ampliar las relaciones con Latinoamérica, Asia, África, India u Oriente Medio.

Directiva de prácticas desleales

Por otro lado, este primer semestre del año, la UE continuará con la evaluación de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales (PCD) de la UE, con la intención de revisar algunos aspectos de su implementación por los Estados miembros desde entrada en vigor e identificando posibles mejoras para promover una cadena alimentaria más equilibrada entre todos sus eslabones -agricultores, industria y distribución- y, sobre todo, con precios más justos y equitativos para el eslabón inicial (sector primario).

Bienestar animal y semillas

Asimismo, la presidencia chipriota pretente también abordar el debate sobre uno de los ámbitos del bienestar animal, como es la regulación del transporte de animales vivos, teniendo en cuenta las "especificidades nacionales y geográficas", sin menoscabo de las necesidades del sector productor ganadero, en aras de una mayor simplificación de la legislación comunitaria.

También, continuarán las negociaciones sobre la regulación de material reproductivo de la plantas, cuyo fin sea garantizar la calidad de las semillas comercializadas en la UE y los últimos pasos para implementar la normativa sobre las Nuevas Técnicas de edición Genómica (NTG), una vez alcanzado el acuerdo político entre las instituciones comunitarias.

Política Pesquera Común

En el sector de la Pesca, Bruselas tiene intencion de presentar en primavera su veredicto sobre si impulsa una revisión de la Política Pesquera Comunitaria (PPC) y de qué manera lo hace, teniendo en cuenta las prioridades y los problemas acuciantes que ha puesto sobre la mesa el propio sector, entre ellos el drástico recorte de la financiación de más de un 60% que plantea Bruselas.

La presidencia chipriota también menciona como prioritario abordar los acuerdos con países terceros en este ámbito, principalmente con Marruecos, que lleva más de un año suspendido y que la CE se plantea volver a negociar.

Nuevas normas

Por otro lado, desde el pasado 1 de enero de este año, han entrado en vigor varias normas clave impulsadas en el marco del Pacto Verde y del refuerzo del mercado interior, entre las que se puede destacar el inicio de la fase definitiva del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), conocido como el 'arancel al carbono' europeo.

Este acuerdo supone que desde principios de año los importadores de determinados productos intensivos en emisiones -como el acero, hierro, cemento, aluminio, fertilizantes, hidrógeno y electricidad- deberán pagar por el CO2 incorporado en los bienes que entren en la UE.

Tras un periodo transitorio entre 2023 y 2025 en el que solo se exigía la notificación de emisiones, el sistema pasará a requerir la compra y entrega de certificados CBAM, cuyo precio estará vinculado al mercado europeo de derechos de emisión (EU ETS).

La medida busca evitar la fuga de carbono y garantizar una competencia equitativa entre productores europeos y extracomunitarios.

El pasado mes de junio, las instituciones de la UE llegaron a un acuerdo para simplificar este arancel que, en la práctica, eximirá al 90% de las empresas de tener que pagar este recargo una vez se empiece a aplicar en 2026.

No obstante, el sector agrario ha mostrado mucha preocupación por el coste de algunos insumos, como los fertilizantes importados, que puede suponer este acuerdo, mientras que la industria de bebidas, principalmente, sobre el del aluminio.

Simplificación de la PAC

En el ámbito de la Política Agraria Común (PAC) desde el pasado 1 de enero, han entrado en vigor varias normas que flexibilizan los requisitos ambientales para la percepción de las ayudas, las intervenciones en varios sectores agrícolas, con la entrada en vigor de un nuevo reglamento comunitario.

El Reglamento (UE) 2025/2649, publicado en el Diario Oficial de la UE (DOUE) del miércoles 31 de diciembre, establece modificaciones en la condición ambiental de la PAC con el fin de aplicar flexibilidad y de aliviar la carga burocrática o los "cuellos de botella" en el control de las ayudas, tras el acuerdo de las instituciones comunitarias.

Al respecto, los pequeños agricultores (con explotaciones de hasta 10 ha) quedan eximidos de la aplicación del sistema de condicionalidad y de las sanciones administrativas asociadas.

Además, se introduce una flexibilidad adicional en los controles sobre buenas prácticas agrarias y medioambientales (BCAM). En concreto, en la BCAM 7 (rotación de cultivos), se exime de su cumplimiento y sanciones a las explotaciones de hasta 30 hectáreas, con el fin de que los productores puedan centrarse en su labor empresarial sin el temor constante a penalizaciones por requisitos que resultan desproporcionados para su tamaño.

Desastres naturales

El reglamento introduce los "pagos por situaciones de crisis" (Artículo 78 bis) para apoyar a los agricultores activos afectados por desastres naturales, fenómenos climáticos adversos o catástrofes, siempre que se haya visto afectada al menos el 30% de la producción anual media del agricultor.

Para financiar estas respuestas rápidas, los Estados miembros podrán reservar hasta un 3% de su financiación anual (combinando pagos directos y fondos del Feader).

Asimismo, se otorga mayor flexibilidad en la gestión de los pastos permanentes, permitiendo que los Estados amplíen de cinco a siete años el periodo para clasificar una superficie como pasto, facilitando así rotaciones agronómicas más sostenibles.

Relevo generacional

Por otro lado, el Reglamento incluye también un reforzamiento del apoyo a los agricultores jóvenes para contribuir a frenar el envejecimiento de la mano de obra de este sector.

Así, la ayuda máxima para el establecimiento y para nuevas empresas rurales de jóvenes se establece en 100.000 euros, mientras que para el desarrollo de pequeñas explotaciones se podrá recibir hasta 75.000 euros a tanto alzado.

Además, se les concede un plazo de hasta 36 meses para cumplir con nuevos requisitos legales de la Unión, facilitando su viabilidad económica inicial.

En cuanto a la agricultura ecológica, el reglamento comunitario simplifica su gestión al presumir que los agricultores certificados cumplen automáticamente con varias normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM 1, 3, 4, 5, 6 y 7), reduciendo así sus inspecciones duplicadas

De cara a beneficiar la gestión administrativa, la norma comunitaria suprime el procedimiento complejo de liquidación anual del rendimiento, que generaba una carga de trabajo desproporcionada para las Administraciones nacionales.

A cambio, se refuerza el examen bienal y el uso de tecnologías como los satélites de Copernicus Sentinel. Y, como ya sucede en nuestro país, si una intervención puede ser controlada mediante monitorización de superficies, los Estados miembros podrán optar por no realizar controles 'in situ', aliviando la presión sobre los agricultores.

Por último, el reglamento agiliza también el proceso de modificación de los Planes Estratégicos de la PAC, puesto que solo las "modificaciones estratégicas" requerirán la aprobación previa de la Comisión Europea, mientras que el resto de los cambios podrán aplicarse solo con previa notificación.