COAG pide suspender ya el Acuerdo comercial de la UE con Marruecos

El responsable sectorial de Frutas y Hortalizas de la organizacion agraria COAG, Andrés Góngora, participó en una conferencia, organizada por el Frente Polisario y varios grupos parlamentarios, después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) invalidase en octubre el acuerdo con Marruecos al no haber prestado su consentimiento el pueblo del Sáhara Occidental.

La sentencia judicial, según COAG, confirma la anulación de la decisión del Consejo de la UE, que modifica el acuerdo con Marruecos en materia de liberalización comercial de los productos agrarios, pero permite que se mantenga por un periodo de doce meses.

Al respecto, Góngora reclama en cambio que la aplicación de la sentencia sea inmediata, ya que los productores europeos "no han tenido ese periodo de gracia y sufren día a día la competencia desleal de las importaciones bajo las condiciones perniciosas del acuerdo".

Según la nota de prensa de COAG, "la UE no puede cerrar los ojos y mantener doce meses más en vigor un acuerdo ilegal solo para favorecer a determinadas empresas transnacionales, mientras los productores continúan perdiendo rentabilidad y desapareciendo".

Graves efectos

Por ello, exige al Gobierno español que se posicione a favor de los agricultores, "los más perjudicados" por dicho acuerdo comercial con Marruecos, y presione en la UE para su anulación y la eliminación de los "graves" efectos que tiene sobre las producciones españolas.

Góngora señaló en el Congreso que "comprobamos con asombro e indignación cómo la UE y el Gobierno español están rendidos a las demandas de una contraparte, Marruecos, que utiliza un perfil negociador basado en el chantaje, en el que utiliza el terrorismo, la inmigración y la droga como argumentos para obtener contrapartidas."

Esas contrapartidas, añadió el portavoz de esta organización agraria, ponen en riesgo el futuro de los agricultores europeos y dañan los intereses de los contribuyentes de la UE, "que no reciben los ingresos aduaneros correspondientes por los productos importados".

En su opinión, los consumidores comunitarios "no pueden tener certeza respecto del origen real de los productos procedentes supuestamente de Marruecos" y la propia población de Sáhara Occidental ve cómo este acuerdo "sirve para mermar sus derechos".

COAG y la ONG Mundubat presentaron el informe “Derechos Humanos y empresas transnacionales en el Sáhara Occidental: el caso del tomate”, un informe en el que se destaca que "cinco grandes grupos empresariales, algunos de ellos participados por Mohamed VI y un exministro de Agricultura de Marruecos, explotan tierra fértil de los territorios ocupados para crear uno de los mayores centros de producción de tomate a nivel mundial.

El estudio recoge, además, "múltiples irregularidades" de un macroproyecto agrícola alrededor de la localidad de Dakhla, entre las que supuestamente están la vulneración de derechos del pueblo saharui, la usurpación de recursos naturales locales como la tierra y el agua, y el fraude a los consumidores europeos en materia de etiquetado, según se indica.