19 DE enero DE 2026
Como se había previsto, el sector pesquero arreció en sus protestas este lunes 19 de enero contra las exigencias y obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 2023/2842, en vigor desde el pasado 10 de enero, con paros que se han extendido por toda la geografía costera española.
Las cofradías de pescadores convocaron este lunes en los puertos españoles, no abrieron las lonjas y tenían previsto, a cierre de edición, manifestarse en Atocha, ante la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en Madrid y ante las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno provinciales como rechazo frente a la nueva norma de control burocrático de las capturas pesqueras de la Unión Europea.
Los actos contra esta norma se han extendido desde las zonas costeras del Atlántico y el Cantábrico, llegando hasta el Mediterráneo.
Así, según recogieron las agencias, en Almería el sector pesquero se concentró en la Lonja de Pescados y amarró totalmente la flota y el cierre de las instalaciones.
Según destacó la Organización de Productores Pesqueros de Almería (OPP-71), la protesta sirve para denunciar la inviabilidad de aplicación de la nueva normativa para la pesca profesional.
También en el norte del país, la flota vasca de bajura permaneció amarrada y no hubo actividad en las lonjas de Pasaia, en Gipuzkoa, y de Ondarroa y Bermeo, en Bizkaia, y en San Sebastián e igualmente toda la flota de Cantabria se sumó a la protesta convocada la pasada semana por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).
En la Comunidad Valenciana, al paro de han sumado entre 400 y 500 barcos de las cofradías de los puertos de las tres provincias. Solo en Castellón no salieron a faenar más de 120 embarcaciones y en Alicante, donde la flota se compone de unas 200, los organizadores calculan que más de 2.000 pescadores se quedaron en tierra.
También hubo paros en Barcelona, donde alrededor de 300 pescadores se concentraron para protestar, mientras que en Cantabria la flota permaneció amarrada, sin que se subastase pescado por el cierre de las lonjas.
En Asturias, la flota igualmente paró y las lonjas se mantuvieron cerradas por los mismos motivos vigente, ante una normativa comunitaria que consideran irreal y "un sinsentido", al obligar a adoptar medidas que el sector considera imposibles de cumplir, a la vez que comprometen la seguridad de las tripulaciones, como denunciaron también los sindicatos de trabajadores pesqueros.
En Canarias, la flota de pesca artesanal de la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora de Los Reyes en la isla de El Hierro se sumó también a la paralización del sector ese 19 de enero.
En declaraciones a los medios, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), Basilio Otero, recalcó que 'el nuevo reglamento europeo de control de la pesca es imposible de cumplir, pues incluye exigencias consideradas inviables para la flota de bajura y artesanal, como tener que notificar la llegada a puerto con una antelación de cuatro horas o la obligación de tener que registrar todas las capturas en el barco, con independencia del peso.'
Si se dan algunos resultados en la reunión que, a cierre de edición, iba a mantener los representantes del sector pesquero en la Secretaría General de Pesca del MAPA, la flota pequera podría retomar la actividad en el mar.
Aplicación flexible
Por su parte, el ministro español de Agricultura, Luis Planas, expresó en Berlín el pasado 17 de enero su comprensión por las preocupaciones del sector pesquero ante la entrada en vigor del nuevo reglamento comunitario, comprometiéndose a plantear este asunto el próximo 26 de enero en el Consejo de Ministros de Pesca en Bruselas.
Planas afirmó que lo que demanda el sector pesquero, desde el punto de vista de los temas que ha evocado y de su flexibilidad, 'me parece absolutamente correcto, pues creo que existen problemas prácticos, derivados de la aplicación del reglamento.'
El ministro argumentó que "tenemos que lograr la flexibilidad en la aplicación de las medidas, de forma que pueda llevarse a cabo una actividad pesquera normal y desde el Gobierno estamos dispuestos a adoptar todas las que hagan falta y estén en nuestra mano para responder a unas inquietudes del sector que entiendo que son perfectamente legítimas.'
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