Consumo insta a la Generalitat Valenciana a perseguir el 'engaño' sobre el origen del arroz

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, instó a la Generalitat Valenciana a que persiga el posible engaño a los consumidores sobre el origen del arroz valenciano.

Lo reclamó el ministro este miércoles 10 de junio desde Sueca (Valencia), a donde se trasladó para conocer de primera mano la labor de los trabajadores agrícolas en los arrozales valencianos y su denuncia sobre la ausencia de controles oficiales por parte del Govern valenciano sobre la calidad y etiquetado del arroz que, en ningún caso, deben llevar a engaño al consumidor sobre su origen.

El Ministerio de Consumo ha reclamado de forma reiterada al Gobierno de la Comunitat Valenciana que designe a la autoridad competente y acredite la realización de estos controles oficiales sobre la calidad y el etiquetado de los alimentos.

La Comunitat Valenciana, de hecho, es la única Autonomía de todo el Estado que no realiza el control oficial de la información alimentaria.

En 2025, el Secretario General de Consumo y Juego, Andrés Barragán, envió una carta al Secretario de Industria, Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana para reiterarle que "corresponde a las autoridades administrativas responsables de la materia de consumo en cada comunidad autónoma la tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores derivados de las infracciones en materia de consumo que se cometan, aunque sea parcialmente, en sus respectivos territorios".

Barragán recordaba en esa misiva, además, que "el incumplimiento por parte de los operadores económicos de esta normativa está tipificado como infracción en materia de consumidores y usuarios". La reclamación ya se había hecho en varias ocasiones y la Generalitat sigue sin resolverlo.

Los informes de 2023 y 2024 del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2021-2025 recogen la información proporcionada por los servicios de inspección de las direcciones generales con competencias en consumo de todas las CC.AA., excepto de la Comunitat Valenciana.

Además, tampoco se han recibido resultados relativos a los controles realizados en el año 2025 por parte de este territorio.

La organización profesional agraria La Unió Llauradora i Ramadera (LA UNIÓ) ha trasladado al Ministerio la denuncia presentada ante la Generalitat por el etiquetado del arroz.

Desde el sindicato aseguran que hay superficies que exhiben productos en estanterías identificadas con la bandera de la Comunitat Valenciana sin que el etiquetado indique el origen real de esos productos.

Esto, denuncian desde La UNIÓ, podría inducir a error al consumidor —que cree comprar arroz valenciano sin ninguna garantía de ello— y agravia al productor local, que sufre competencia desleal por el uso de símbolos de la Comunitat en arroz importado.

El ministro Pablo Bustinduy ha instado a la Generalitat Valenciana a realizar los controles que le corresponden y designar a la autoridad competente para controlar y, en su caso, sancionar estas y otras posibles prácticas fraudulentas en los etiquetados de productos de proximidad.

Sin controles oficiales

Por su parte, La Unió Llauradora i Ramadera ha denunciado que la Generalitat no efectúa, o al menos no constan, controles oficiales acerca de la calidad y el etiquetado de los productos alimentarios en la Comunitat Valenciana.

Este hecho lo ha conocido la organizacion agraria este 10 de junio en el transcurso de una reunión mantenida en Sueca con el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, para analizar la queja presentada por la organización agraria acerca del etiquetado del arroz que ha presentado ya en reiteradas ocasiones a la Generalitat.

LA UNIÓ lleva alertando por ejemplo desde hace meses de la presencia de paquetes de arroz de grandes empresas arroceras instaladas en la Comunitat Valenciana en supermercados e hipermercados donde no consta en el etiquetado el país de origen.

También ha cuestionado a las cadenas de la gran distribución por no ser corresponsables con los productores y consumidores identificando el origen del arroz en el envasado.

Algunas de ellas, según La Unió, venden arroz de fuera como si fuera valenciano, indicando en la etiqueta únicamente el distribuidor local y que está envasado en la Comunitat Valenciana e incluso fotos identificativas de la Comunitat Valenciana, hecho que arruina a los productores y engaña a los consumidores.

La organización agraria ha exigido también en reiteradas ocasiones a la Conselleria de Agricultura que inspeccione la procedencia, que efectúe analíticas del arroz importado y que controle el envasado en las instalaciones las empresas que importan.

Por otra parte, LA UNIÓ ha dirigido en el transcurso de los últimos meses diversos escritos sobre el etiquetado del arroz tanto a la Conselleria de Innovación como a la Conselleria de Agricultura.

La única respuesta fue de Innovación en noviembre para lanzar “balones fuera”, concretamente para decir que “la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo no tiene competencias para conocer el asunto por el que se da traslado de esta a la Dirección General de Salud Pública, que entendemos que es el órgano competente de acuerdo con la normativa aplicable, para que adopte las medidas que considere pertinentes”. Y en este caso, después de contactar LA UNIÓ con este departamento de Sanidad, tampoco se obtuvo respuesta, demostrando la falta de asunción de responsabilidades en materia de etiquetado alimentario por parte del Consell.

LA UNIÓ advierte de que esta práctica del etiquetado puede inducir a error al consumidor, que cree adquirir arroz valenciano sin garantías suficientes, al tiempo que supone un agravio para los productores locales, sometidos a competencia desleal.

En este sentido, la organización exige desde hace tiempo un reglamento europeo para que se incluya el arroz dentro de la lista de productos de la UE en los que es obligatorio indicar su origen en las etiquetas, tal y como expuso recientemente. 

En 2025, el Ministerio insistió mediante comunicación oficial que corresponde a las CC.AA. tramitar y resolver los procedimientos sancionadores en materia de consumo.

Además, recordó que el incumplimiento de la normativa de etiquetado constituye una infracción en materia de consumidores y usuarios. 

Toda esta estrategia de LA UNIÓ es resultado del trabajo que inició a finales de septiembre a través del eurodiputado valenciano de Compromís, Vicent Marzà -quien también ha estado presente en la reunión celebrada hoy en Sueca-, con un informe que se entregó en Bruselas a la DG SANTE, parlamentarios y asociaciones de consumidores europeos.