Aprobados los contratos temporales de 120 días al año para el sector primario

El Pleno del Congreso de los Diputados respaldó una enmienda dentro de la aprobación de la Ley contra el desperdicio alimentario que eleva hasta los 120 días al año la duración de los contratos temporales de trabajadores, en el caso de los empresarios del sector agroalimentario.

Esta medida supondrá modificar, a su vez, la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de forma que las empresas puedan hacer contratos máximos de 90 días en el año natural y de 120 días en el caso de los empleados temporales de sector agroalimentario.

La enmienda introduce referencias específicas al sector primario y en especial el agroalimentario. Según el texto, "las empresas del sector agrario y agroalimentario que podrán utilizar 120 días en el año natural, independientemente de las personas trabajadoras que sean necesarias para atender en cada uno de dichos días las concretas situaciones, que deberán estar debidamente identificadas en el contrato".

«Estos 90 días o 120 días en los supuestos de las explotaciones y empresas del sector agroalimentario, no podrán ser utilizados de manera continuada. Las empresas, en el último trimestre de cada año, deberán trasladar a la representación legal de las personas trabajadoras una previsión anual de uso de estos contratos», de acuerdo con la enmienda.

El límite anual de 120 jornadas reales vale para el sector agrícola, ganadero y forestal y la industria asociada a estos sectores y para la cobertura de una o varias campañas de corta duración.

Según la última reforma laboral, los contratos temporales se limitan a circunstancias de la producción (hasta seis meses, ampliables por otros seis) o para cubrir una excedencia, mientras que, para situaciones previsibles y de duración reducida y delimitada, pueden utilizarse hasta un total de 90 días, nunca de manera continuada.

Para la patronal de empresarios agrarios, ASAJA, esta modificación es positiva, ya que permitirá a los agricultores y ganaderos poder realizar contratos temporales de hasta 120 días durante las campañas agrícolas, dotando así al sector de una herramienta fundamental para adaptarse con seguridad jurídica a las circunstancias cambiantes propias del campo, puesto que, hasta la fecha no se contemplaba ni la temporalidad y ni la estacionalidad del sector agrario.

La medida, impulsada por el Partido Popular en el Senado y ratificada finalmente en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de Junts, PNV y Vox, da respuesta directa a las demanda planteadas por esta organización agraria desde la aprobación de la reforma laboral, que había dejado al sector agrario en una situación especialmente compleja respecto a la contratación temporal.

Contratar dos tarifas eléctricas

Por otro lado, el Pleno del Congreso de los Diputados respaldó también, en el marco de la aprobación del proyecto de Ley contra el desperdicio alimentario, otra enmienda que abre la posibilidad de contratar dos tarifas de potencia eléctrica diferentes en el año, teniendo en cuenta la temporalidad de las cosechas, que hace que los agricultores no necesiten pagar la tarifa máxima durante todo el ejercicio.

Por tanto, los titulares de explotaciones agrarias ya sean autónomos, empresas, cooperativas agrarias o comunidades de regantes, podrán disponer de dos potencias eléctricas diferentes durante un periodo de 12 meses.

Esta flexibilidad permitirá, según las organizaciones del sector agrario, ajustar los costes energéticos a las necesidades reales de cada explotación, facilitando la gestión mediante una simple comunicación telemática o telefónica con el suministrador eléctrico.

La medida adoptada por el Congreso contribuirá de forma significativa a la reducción de costes y a una mayor flexibilidad operativa al sector agrícola de regadío.