Un nuevo golpe a la agricultura europea

Comité General de las Organizaciones Profesionales Agrarias y de la Cooperación General de Cooperativas Agrarias (COPA-Cogeca)

El anuncio del pasado viernes 27 de febrero de la intención de la Comisión Europea de proceder a la aplicación provisional del Acuerdo de Libre Comercio UE-Mercosur, a pesar de los recientes acontecimientos cada vez más preocupantes, sólo puede ser percibido por el sector agrícola, reunido en Bruselas en los Presidium del COPA y la Cogeca, como un desprecio por las fundadas preocupaciones que venimos planteando desde hace años junto con organizaciones medioambientales, sindicatos y grupos de consumidores respecto a las repercusiones de este acuerdo.

Estas preocupaciones se relacionan no solo con el aumento de los volúmenes de importación, que ejerce presión especialmente sobre sectores sensibles como la carne de vacuno, las aves de corral y el azúcar, sino también con las persistentes asimetrías en las normas de producción, los requisitos medioambientales, las normas de bienestar animal, el uso de productos fitosanitarios y las normas laborales, sobre las cuales la UE no ha obtenido garantías que realmente tranquilicen a productores y consumidores.

El reciente informe de auditoría de la Dirección General de Salud (DG SANTE) de la Comisión Europea sobre la carne de vacuno y el uso continuado de hormonas no hace más que reforzar estas preocupaciones, tanto para productores como para consumidores.

Por lo tanto, es profundamente preocupante que el acuerdo se esté impulsando con carácter provisional no sólo ignorando las preocupaciones de la comunidad agrícola, sino también contradiciendo las reiteradas garantías de la Comisión de que un acuerdo comercial de tan amplio alcance y tan controvertido no se aplicaría sin el consentimiento parlamentario exhaustivo, especialmente tras la reciente votación de remisión al Tribunal de Justicie de la UE (TJUE).

La política comercial no debe ir en detrimento del modelo agrícola europeo.

El sector agrícola ya se encuentra sometido a una importante presión económica, debido al aumento de los costes de los insumos, los desafíos climáticos y la volatilidad del mercado.

Proceder de esta manera dejará una huella política duradera y podría socavar aún más la confianza entre las instituciones europeas y las comunidades rurales.