AICA vuelve a cargar contra DIA

Redacción Qcom.es

Hasta ahora había sido en cítricos, pero se suma también el arroz. La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, ha comunicado a La Unió de Llauradors que abre otro expediente sancionador a Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA), en este caso por venta de arroz, e indica que pueden derivarse indicios de una presunta venta a pérdidas.

En julio de 2017, La Unió remitió a este organismo del Mapama; así como a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca y a la Dirección General de Comercio y Consumo, una denuncia por la presencia en la cadena de supermercados Dia de la oferta de un paquete de arroz “Extra”, con su marca blanca, a 0,39 euros/kg durante el periodo comprendido entre el 22 de junio al 12 de julio del pasado año.

La Unió entendía con su denuncia que se podría estar vulnerando la Ley de la Cadena Alimentaria al ofertar un precio de venta por debajo de los costes de producción y comercialización.  En este sentido, los precios oficiales pagados por esas fechas indicaban, según la Lonja de Valencia, que se cotizaba en origen a 0,56-0,57 €/kg, y a ese precio habría que añadirle el coste de envasado, transporte y venta al por menor; por lo que en ningún caso podría venderse por menos de 0,65 €/kg. Dia presentaba una oferta entonces que era un 40% inferior a lo que debería ser un PVP justo y que por tanto vendía-regalaba el arroz.

Además, señala, el arroz que vendía Dia como Extra no era tal tampoco, sino de segunda o tercera categoría y una mezcla de tamaños y variedades con escasa calidad para su consumo en la cocina.

La AICA señala a La Unió que, tras realizar las comprobaciones oportunas sobre posibles incumplimientos a la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se ha derivado “la apertura de expediente sancionador a Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A., con motivo del incumplir la obligación de suministrar la información que le sea requerida por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, indica que de las investigaciones realizadas “se derivaron indicios de una presunta venta a pérdidas, lo cual fue trasladado al órgano competente en materia de comercio de la Comunidad Autónoma de Valencia”.