C.-La Mancha: el TS da la razón al Ejecutivo regional en la revisión del plan hidrológico del Tajo

“Acabamos de ganar la más importante batalla en materia de agua después de décadas peleando en los tribunales. Hoy acabamos de recibir la sentencia favorable en el último recurso que se había planteado desde el Levante a nuestra defensa de la política hidráulica", afirmó el presidente del Ejecutivo castellanomanchego, Emiliano García Page.

García Page añadió que, 'con la misma fuerza y sensatez vamos a defender los intereses del Alto Guadiana, del Júcar, del Segura, de todas las cuencas hidrográficas' en alusión a la decisión del Tribunal Supremo de desestimar el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), contra la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo aprobada por el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero.

“La realidad es que esta tierra defiende lo suyo y lo hace de manera coherente al conjunto de España, como, por cierto, lo vamos a defender siempre, y cómo lo hemos hecho en el pasado, en las infraestructuras”,  señaló García-Page.

El recurso del SCRATS ante el Supremo se presentó contra la revisión del plan hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (PHT), en concreto contra la fijación de los caudales ecológicos mínimos, que mermarían de forma apreciable las transferencias de agua de los embalses de Entrepeñas y Buendía a la tubería de la cuenca del Segura.

Este sindicato de regantes del trasvase recurrió en abril de 2023 el Real Decreto 35/2023, por el que se aprobó la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones del Cantábrico Oriental, Miño, Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

Según la sentencia, fechada el pasado 13 de mayo, el recurso aseguraba que existía una voluntad política de poner fin al trasvase Tajo-Segura y que ese propósito se pretendía conseguir mediante la determinación de unos caudales ecológicos mínimos para el Tajo, para posteriormente aumentarlos de forma paulatina.

Caudales mínimos

En opinión del SCRATS, la fijación de esos caudales infringía la normativa relativa a la planificación hidrológica y la regulación del propio trasvase Tajo-Segura.

Basándose en informes periciales, los regantes criticaban los criterios técnicos utilizados por la Administración para fijar los caudales ecológicos mínimos y aseguraban que iban en detrimento de los derechos de uso del agua en la cuenca del Segura. Este detrimento de los derechos de uso del agua implicaba un claro perjuicio social y económico al reducir el volumen de agua a trasvasar del Tajo.

Tras rechazarse las medidas cautelares solicitadas por los recurrentes, el Supremo admitió a trámite el recurso en abril de 2024 y requirió el expediente administrativo.

Posteriormente, hace casi un año, en junio de 2025, el Abogado del Estado solicitó que el recurso fuera desestimado, y la misma posición fue defendida en julio de ese año por la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo y la Junta de Castilla-La Mancha, opuestas a mantener el actual volumen de agua del trasvasa, principalmente destinado a los regadíos de la cuenca del Segura.

En este sentido, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha concluido ahora que el real decreto recurrido no infringe la legalidad vigente, ni tampoco la jerarquía normativa aplicable a esta materia.

Además, rechaza la tesis de los recurrentes de que no había existido coordinación al fijar los caudales ecológicos, lo que habría contravenido el Reglamento de Planificación Hidrológica.

La setencia señala finalemente que "puede concluirse, pues, que la coordinación ha existido y que la implantación de caudales ecológicos progresivos es la mejor expresión de esa coordinación."

Por último, el Tribunal Supremo señala que los informes técnicos aportados por los demandantes no prueban que existiera arbitrariedad en la fijación de los caudales ecológicos.

Precisamente, el pasado 20 de mayo, la directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, María Dolores Pascual, señaló que su departamento estaba esperando la resolución del Supremo sobre el recurso de los regantes antes de poner en marcha el procedimiento de modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Reacciones

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, afirmó a los medios en rueda de prensa que la sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso contra la revisión del Plan Hidrológico del Tajo en lo referente a los caudales ecológicos supone "un mal día" para los regantes, aunque ha asegurado que los regantes mantendrán su defensa del trasvase.

Jiménez remarcó que aceptar y respetan el veredicto del TS, pero no comparten la injusticia que, en su opinión, ha motivado la reducción progresiva de aportaciones del trasvase.

"No es un buen día, pero desánimo no hay ninguno. Seguimos al pie del cañón en la defensa de lo que nos parece una injusticia", declaró el presidente del SCRAT, tras insistir que "el recorte responde a una decisión política derivada del cumplimiento de una promesa política."

Además, añadió, la sentencia no entra en el fondo de la cuestión planteada por los regantes, y se limite a remitirse a resoluciones previas, sin debatir los argumentos técnicos presentados por la organización de regantes.

En este sentido, lamentó que el Tribunal Supremo no haya admitido ni una sola prueba pericial, lo que ha impedido cuestionar los cálculos utilizados para fijar los caudales ecológicos del Tajo, afirmó Jiménez, asegurando que los Servicios Jurídicos del sindicato estudian posibles actuaciones legales, incluida la eventualidad de analizar la sentencia desde el punto de vista constitucional, pero reconociendo que actualmente no caben medidas cautelares en la vía judicial.

El responsable del SCRAT centró buena parte de sus críticas en las inversiones comprometidas por el Estado para compensar el recorte del trasvase Tajo-Segura, apuntando que de los más de 3.000 millones de euros, anunciados para actuaciones en las cuencas del Tajo y del Segura, apenas se ejecutarán 100 millones hasta 2027, pese haberse anunciado 1.300 millones para el Tajo y 1.750 millones para el Segura.

Al respecto, Jiménez calificó como "fraude" y "mentira" las promesas relacionadas con la modernización de regadíos, la adaptación de depuradoras, el impulso del agua desalada y los proyectos fotovoltaicos destinados a abaratar costes energéticos.

En este sentido, afirmó que la falta de ejecución de esas obras pone en riesgo el futuro económico de las regiones receptoras del trasvase, y advirtió que son insuficientes las infraestructuras previstas para sustituir los recursos hídricos transferidos desde el Tajo, puesto que no existen conexiones de las plantas desaladoras.

Asimismo, se dirigió expresamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, para reclamarles que "den la vuelta a la política hídrica actual y paralicen el recorte previsto antes de 2027."

Trasvase y regadío, compatibles

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró a los medios que el Gobierno "intenta mantener la compatibilidad de los caudales ecológicos y del regadío, porque ambos son "absolutamente fundamentales".

En una valoración inicial que Planas afirmó que "en la gestión hidrológica hay que considerar esos dos elementos: los caudales ecológicos de las cuencas y las necesidades de riego del sector primario".

Y, en este sentido, aprovechó para recordar que la modernización del regadío y la búsqueda de alternativas, como pueden ser aguas recicladas o desaladas, y el hecho de que hasta 2027, el MAPA ha invertido un total de 2.500 millones de euros en modernización.

Asimismo, en unas primeras declaraciones, tras conocer la sentencia del Supremo, que avala la revisión del PHT sobre caudales ecológicos, el portavoz del Gobierno de Murcia, Marcos Ortuño, defendió a los regantes y agricultores y culpó al Ejecutivo central del recorte del trasvase Tajo-Segura, con una petición para mantener las aportaciones y evitar un "hachazo" a este colectivo.

Ortuño aseguró a los medios que el recorte de caudales del trasave Tajo-Segura es "una cuestión política", de la que culpa al Ejecutivo central, por lo que reclama que no se reduzcan las aportaciones hídricas al Segura.

"El Gobierno regional del presidente Fernando López Miras va a estar con los agricultores, va a estar con los regantes y, por tanto, va a estar con el futuro de nuestra región", recalcó el portavoz autonómico murciano.