Sostenibilidad: el PE pide reglas más sencillas y menos empresas obligadas

Con 17 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Euroopeo aprobó a última hora del 13 de octubre su posición sobre una serie de cambios en los requisitos de informes de sostenibilidad y diligencia debida para las empresas. En concreto, propuso:

Reducción de los informes sociales y ambientales

La Comisión de AA.JJ. del Parlamento Euorpeo propuso inicialmente reducir en un 80% el número de empresas obligadas a presentar informes sociales y ambientales , mientras que los eurodiputados quieren reducir aún más el alcance para abarcar únicamente a las empresas con una media de más de 1.000 empleados y una facturación anual neta superior a 450 millones de euros.

Esto también se aplicaría a los informes de sostenibilidad conforme a las normas de taxonomía (es decir, una clasificación de las inversiones sostenibles).

Para las empresas que ya no estén sujetas a las normas, la presentación de informes sería voluntaria, de acuerdo con las directrices de la Comisión.

Para evitar que las grandes empresas trasladen sus obligaciones de presentación de informes a sus socios comerciales más pequeños, estos no podrán solicitar información que exceda los estándares voluntarios.

La presentación de informes sectoriales también pasará a ser voluntaria, y las normas vigentes de presentación de informes de sostenibilidad se simplificarán aún más, centrándose en la información cuantitativa y en la reducción de la carga administrativa y financiera.

La Comisión también establecería un portal digital para las empresas con acceso gratuito a plantillas, directrices e información sobre todos los requisitos de información de la UE, complementando el Punto de Acceso Único Europeo .

Diligencia debida solo para grandes empresas y sin responsabilidad ante la UE

Según los eurodiputados, las normas de diligencia debida, que exigen a las empresas prevenir y limitar su impacto negativo sobre los derechos humanos y el medio ambiente, sólo deberían aplicarse a las grandes empresas de la UE con más de 5.000 empleados y una facturación neta anual superior a 1.500 millones de euros, y a las empresas extranjeras con una facturación neta en la UE superior al mismo umbral.

En lugar de solicitar sistemáticamente a sus socios comerciales la información necesaria para sus evaluaciones de diligencia debida, los eurodiputados quieren que estas grandes empresas adopten un enfoque basado en el riesgo, por el cual solo solicitarán la información necesaria cuando exista una posibilidad plausible de un impacto adverso en las actividades de sus socios.

En el caso de las empresas fuera del ámbito de aplicación de las normas, esto solo sería posible como último recurso. Las empresas seguirían estando obligadas a elaborar un plan de transición que alinee su estrategia con una economía sostenible y el Acuerdo de París .

La Comisión de AAJJ del PE señala que las empresas deberían ser responsables de los daños causados ​​por el incumplimiento de sus obligaciones de diligencia debida conforme a la legislación nacional, y no a nivel de la UE.

Apoyo a la simplificación

La multa máxima para las empresas infractoras se mantendría en el 5% de su facturación global, y la Comisión y los Estados miembros de la UE deberían proporcionar orientación a las autoridades nacionales sobre estas sanciones, según las conclusiones de dicha Comisión

Para el ponente de este informe europarlamentario, Jörgen Warborn (PPE, SE), "la votación de hoy confirma nuestro apoyo a la simplificación. Ofrecemos previsibilidad a las empresas europeas con un informe que reduce costes, fortalece la competitividad y mantiene la transición verde de Europa en marcha".

Si el Pleno del Parlamento Europeo aprueba el informe de mandato de la Comisión de AA.JJ. en la próxima sesión, los eurodiputados y los Gobiernos de la UE iniciarán las negociaciones tripartitas, junto a la CE, sobre el texto final de la legislación el 24 de octubre.

Hay que señalar que la Comisión Europea presentó ya su paquete de simplificación 'Ómnibus I' el pasado 26 de febrero. Además de las normas que simplifican los requisitos de diligencia debida y la presentación de informes de sostenibilidad, este paquete normativo contenía también un expediente que retrasaba la aplicación de estas normas para algunas empresas, aprobado por el Parlamento Europeo mediante procedimiento de urgencia en abril de 2025.

Los eurodiputados han demandado reiteradamente una revisión del código normativo de la UE para simplificar y reducir los requisitos administrativos para las empresas.

Las propuestas "ómnibus", presentadas por la Comisión desde febrero de 2025, buscan precisamente impulsar la competitividad y la prosperidad de la UE, así como liberar capacidad de inversión adicional para las empresas.

El Parlamento ya ha adoptado con urgencia algunas propuestas y avanza con rapidez para finalizar las restantes.

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