La Eurocámara aprueba mayores aranceles a los fertilizantes rusos

Los eurodiputados respaldaron este jueves 22 de mayo el aumento de los aranceles sobre los fertilizantes y ciertos productos agrícolas rusos y bielorrusos, en un intento por reducir la dependencia de la UE de esas importaciones. El reglamento fue aprobado por 411 votos a favor, 100 en contra y 78 abstenciones.

El Pleno de la Eurocámara respaldó asi la propuesta de la Comisión de aumentar en un 50% los aranceles de la Unión Europea sobre los productos agrícolas procedentes de Rusia y Bielorrusia, que aún no estaban sujetos a derechos de aduana adicionales.

El objetivo de esta decisión es reducir aún más la dependencia de la UE de estos dos paises, implicados en la guerra en Ucrania.

Los productos que se verán afectados por los nuevos aranceles incluyen azúcar, vinagre, harina y alimentos para animales, pero sobre todo fertilizantes.

En concreto, el texto prevé un arancel del 6,5% sobre los fertilizantes importados de Rusia y Bielorrusia, más aranceles de entre 40 y 45 euros por tonelada para el período 2025-2026.

Estos aranceles aumentarán a 430 euros por tonelada en 2028.

Se considera que los ingresos procedentes de la venta de fertilizantes rusos y bielorrusos contribuyen directamente a la guerra contra Ucrania.

Según el PE, las medidas propuestas reducirán significativamente las importaciones de la UE de los productos en cuestión, tanto si proceden de los dos países como si son exportados directa o indirectamente por ellos.

Se espera, no obstante, que esto se traduzca en una mayor diversificación de la producción de fertilizantes de la UE, actualmente afectada por los bajos precios de las importaciones.

Pese a ello, la legislación también encomienda a la Comisión Europea el seguimiento de los aumentos de precios y cualquier posible daño al mercado interior o al sector agrícola de la UE, así como la adopción de medidas para mitigar el impacto economico sobre los agricultores.

Aumento gradual

Según la ponente permanente para Rusia, Inese Vaidere (PPE, LV), "el Reglamento que aumenta gradualmente los derechos de aduana para los productos procedentes de Rusia y Bielorrusia ayudará a evitar que Rusia utilice el mercado comunitario para financiar su maquinaria de guerra. No es aceptable que tres años después de que Rusia lanzara su guerra a gran escala, la UE siga comprando productos críticos en grandes volúmenes pues, de hecho, estas importaciones han aumentado significativamente."

Según Vaidere, "la propuesta impulsará también la producción de fertilizantes de la UE, que se ha visto afectada por las importaciones rusas baratas, al tiempo que dará tiempo a los agricultores para adaptarse. Y es importante destacar que también incluye disposiciones de seguimiento que permiten a la Comisión seguir de cerca el mercado de fertilizantes y tomar medidas si los precios se disparan".

Con la aprobación en el Pleno, el Parlamento Europeo cierre su primera lectura. El Reglamento deberá aún ser adoptado formalmente por el Consejo de la UE y, posteriormente, publicado en el Diario Oficial (DOUE), antes de que pueda entrar en vigor.

En el caso del resto de los productos agrícolas (enumerados en el anexo I de la propuesta), el reglamento se aplicará cuatro semanas después de la entrada en vigor del proyecto de ley.

Según la Comisión, las importaciones a la UE de fertilizantes a base de urea y nitrógeno procedentes de Rusia, que ya eran elevadas en 2023, aumentaron significativamente en 2024.

Las importaciones de los fertilizantes a los que se refiere este Reglamento reflejan una situación de dependencia económica de Rusia, añade el PE. Si no se controla, la situación podría perjudicar la seguridad alimentaria de la UE y, en particular en el caso de los fertilizantes, dejar a la Unión vulnerable a posibles medidas coercitivas por parte de Rusia.

Para abordar estas cuestiones, la Comisión presentó el 28 de enero de 2025 su propuesta de imponer aranceles a los fertilizantes y a determinados productos agrícolas originarios de Rusia y Bielorrusia, que ha sido muy contestada por el sector agrícola, ante el temor de que esta decisión pueda suponer un encarecimiento aún mayor de los costes de producción agrícolas y, por ello, una pérdida de competitividad de los productos en los mercados frente a los de países terceros.