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El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

Periódico Digital Qcom.es: El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

18 DE enero DE 2018

Más Europa, más 'money'

Ricardo Migueláñez. @rmiguelanez

La aprobación del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el nuevo periodo 2021-2027 va a ser la piedra angular, el eje a partir del cual van a girar todas las políticas comunitarias posibles, incluida por supuesto la Política Agrícola Común (PAC) en los próximos años. Se quiere más Europa, más políticas comunes, tras la previsible salida (“brexit”) del Reino Unido del club comunitario en marzo de 2019, pero para eso hará falta mucho más dinero y ahora mismo no hay certeza de que los 27 Estados miembros estén dispuestos a ponerlo encima de la mesa.

No erramos al decir que el futuro de la Unión Europea se juega en el nuevo marco financiero. Si no hay esfuerzo suficiente para compensar lo que deje de aportar Reino Unido, como contribuyente neto que es –una cifra de entre 12.000 y 14.000 millones de euros anuales- e incluso fondos adicionales para implementar nuevas políticas comunes prioritarias (Defensa, seguridad en frontera, inmigración, refugiados, empleo jóvenes, I+D+i, transición hacia una economía verde, lucha contra el cambio climático…), poco o nada se podrá hacer.

Sin más aportación de los Estados miembros, no solo no se podrá siquiera mantener la actual financiación de la PAC y la destinada a las regiones menos desarrolladas de la UE a través de los fondos estructurales y de cohesión, sino que tampoco se podrán poner en marcha las otras nuevas políticas comunes anunciadas para hacer frente a los nuevos desafíos que tiene en el horizonte la Unión Europea. Urge, por tanto, una reflexión.

Más o menos en esa línea se desarrolló la Conferencia que la Comisión Europea mantuvo sobre el futuro Marco Financiero post-2020 el pasado 8 y 9 de enero. Su presidente, Jean Claude Juncker, fue bastante explícito, al posicionarse a favor de elevar la aportación de los Estados del 1% del Producto Nacional Bruto (PNB) anual hasta el 1,1-1,2% si se quiere continuar financiando las actuales políticas europeas de forma adecuada y asumir la financiación de nuevas prioridades. Ese 1% del PIB que cada Estado aporta a las arcas comunitarias equivale en cifras redondas a unos 150.000 millones de euros anuales. Aumentarlo en una o dos décimas supondría entre 14.000 y 27.000 millones de euros adicionales al año, una vez descontada la contribución británica al presupuesto comunitario actual.

Juncker no se mostró partidario de aplicar recortes “drásticos” en la financiación en los grandes programas comunitarios actuales, como la PAC o la política de cohesión, pero sí abogó por su modernización o simplificación. Dicho así, estos comentarios no descartan que no vayan a producirse recortes, sino solo que estos no deberían ser tan drásticos como para poner en peligro la aplicación de estas políticas. Aunque a saber qué entienden por una cosa u otra.

La Comisión Europea prevé presentar su propuesta sobre el nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 a finales de mayo próximo y, a partir de ahí, se sabrá algo más sobre a qué atenerse. El comisario de Presupuestos, Günther Oettinger, fue algo más explícito y afirmó en esa Conferencia, que habrá que irse preparando para “sacrificios” y “recortes impresionantes” en algunos grandes programas (y la PAC lo es), salvando a otros, como el Erasmus + para jóvenes universitarios o el Horizonte 2020 de la I+D+i.

Dinero fresco

Con estas declaraciones, Oettinger se puso antes la venda que la herida, porque acto seguido apostó por rellenar el “agujero” británico en un 50% con ahorros en el actual presupuesto comunitario, sin dañar significativamente los grandes programas comunes, “porque la PAC -no solo no es cara, sino que ha sido muy eficaz en aportar un gran valor para el ciudadano europeo, dijo- y la política de cohesión siguen siendo necesarias y muy importantes.” Y en otro 50% con nuevas aportaciones (“dinero fresco”) de los Estados miembros.

Las nuevas políticas europeas, con las que se quiere hacer frente a los nuevos desafíos de la UE, demandarán nuevas necesidades financieras, que Oettinger estimó en unos 10.000 millones de euros adicionales cada año, con la sugerencia de que ese nuevo gasto se financie en un 80% con nuevos recursos económicos y el 20% con los ahorros en la financiación actual.

¿Y de dónde saldrán esos nuevos recursos? Pues, según Oettinger, el Ejecutivo comunitario está ya estudiando crear un nuevo impuesto a los plásticos como nueva fuente de ingresos para el presupuesto de la UE y para reducir los residuos de este material. Además, se quiere que la UE disponga de una nueva fuente propia de ingresos por medio de tasas a los intercambios de cuotas de carbono que, en la actualidad, beneficia a los Estados miembros.

Pero tampoco se descartan otras posibles fuentes de financiación, como serían gravar las actividades de los grandes operadores de Internet o algunas transacciones financieras. Al final, como suele suceder en todos estos casos, serán los contribuyentes europeos –la sociedad civil- los que previsiblemente más pronto que tarde se tendrán que volver a rascar los bolsillos para recaudar los nuevos tributos.

Como podemos comprobar, en todos los sitios cuecen habas, y en Europa, al igual que en España existen determinadas administraciones públicas que quieren conseguir fondos para sus políticas a cualquier precio y de cualquier sector, parece ser que veremos nuevos impuestos.

La PAC, tocada

La Comisión Europea está ya incitando o tratando de convencer a los propios Estados miembros de que no será posible más Europa con una disminución de recursos financieros, tras la salida del Reino Unido (aunque este país se haya comprometido a seguir aportando hasta 2020).

También de que la PAC deberá apretarse el cinturón en mayor o menor medida. No hay que olvidar que en la presentación del documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE, publicado en junio pasado, la Comisión Europea planteaba cinco escenarios, de los que cuatro de ellos, implicaban una reducción del gasto actual asignado a esta política común.

De dónde recortará la PAC, haya o no ampliación presupuestaria a partir de 2021, es un dilema. La Comunicación presentada por el comisario de Agricultura, Phil Hogan, el pasado 29 de noviembre, abre el debate de las ideas sobre las que deberá inspirarse el futuro de esta política común agraria y alimentaria. En ese giro, los focos se ponen sobre el medio ambiente (descarbonización de la actividad, lucha contra el cambio climático, protección de la biodiversidad…) y sobre la inversión en la I+D+i, como la fórmula mágica para ahorrar y ser más eficaces (hacer más con menos); en más subsidiariedad por parte de los Estados miembros, que deberían presentar a Bruselas un plan estratégico y tendrían un papel más determinante en su diseño, aplicación y control (¿supondría eso una renacionalización de la PAC?), así como en el mantenimiento de los dos pilares de la PAC (pagos directos y Desarrollo Rural), tratando de mejorar el reparto de las ayudas y flexibilizando la convergencia entre los mismos.

La Comunicación apenas propone nada nuevo sobre la gestión de mercados, al considerar la Comisión que los instrumentos actuales son más que suficientes para afrontar la persistente, cuando no extrema volatilidad de la que hacen gala los precios de los productos agrícolas. Nada parece haberse aprendido de la última gran crisis láctea y de otras que pueden llegar muy pronto y sin previo aviso.

La CE insiste en que la solución a la incertidumbre sobre los mercados debe provenir del propio sector, que tiene que ser capaz de auto-gestionar su oferta y resistir a los embates de los mercados. Considera que son las organizaciones de productores y sus asociaciones, como iniciativa privada, las que deben ejercer ese papel “interventor” o de autorregulación, y no depender de las políticas públicas de apoyo. Pero esto es algo que se ha demostrado, por el momento, muy difícil de llevar a cabo y, cuando se ha logrado, lo ha sido de manera muy insuficiente y limitada, al tener siempre detrás la “espada de Damocles” de la política de Competencia.

Nadie pone en duda la necesidad de la gestión medioambiental y de lucha contra el cambio climático que debe contemplar toda actividad agraria en las zonas rurales, pero todo ello conlleva unos costes de inversión para el sector, que no parece que esté dispuesto a remunerar o compensar por sí solo un mercado cada vez más abierto por los acuerdos comerciales a las producciones de países terceros países. Unas producciones competitivas que no se ven obligadas por tales condicionantes, como si lo están las comunitarias y que, además, tienen muchas menos exigencias sociales, económicas y medioambientales.

En esta tesitura, si se establecen nuevas prioridades para la PAC post-2020, deberán fijarse también los instrumentos para financiarlas adecuadamente. Si no, será imposible que se puedan afrontar tales retos y su no consecución solo conseguirá llevar frustración a los agricultores y un mayor grado de abandono de la actividad que la que ya existe. El cumplimiento de los objetivos de seguridad y la garantía de autoabastecimiento agroalimentario por parte de la UE podría irse alejando, ante la pérdida creciente de competitividad de la agricultura europea en los mercados mundiales.

Calendario complejo

El nuevo marco financiero post 2020 será debatido por vez primera por los Jefes de Estado y de Gobierno en una reunión informal prevista el 23 de febrero en Bruselas. En el mes de marzo, el Parlamento Europeo tratará de fijar su posición inicial al respecto y para el 9 de ese mismo mes la presidencia semestral búlgara ha organizado también una conferencia de alto nivel sobre la misma cuestión.

Para finales de mayo, la  Comisión Europea presentará sus propuestas formales sobre el nuevo marco financiero de la UE y poco después deberían presentarse un estudio de impacto y las propuestas legislativas sobre la reforma de la PAC.

La CE busca que los Estados miembros y las instituciones europeas y nacionales aprovechen al máximo este año para realizar las discusiones y luego cerrar la negociación en 2019 tanto del nuevo marco financiero plurianual, como de la PAC que regirá en los próximos años los destinos de los agricultores y ganaderos de la Unión Europea.

El calendario se presenta, sin embargo, muy ajustado y lleno de incertidumbre,  puesto que a finales de mayo de 2019 habrá elecciones al Parlamento Europeo y de allí deberá salir un nuevo equipo de la Comisión Europea y, es posible que también, un nuevo comisario de Agricultura y de Desarrollo Rural, ya que su mandato, iniciado en noviembre de 2014, expirará en octubre del próximo año. Todo eso coincidirá además con la previsible salida de la UE del Reino Unido, programada para finales de marzo de 2019.

Algunas fuentes se resignan a que será imposible, dada la extrema complejidad del asunto, de contar con ese nuevo marco financiero y con esa nueva PAC antes de la conclusión de la actual legislatura del Parlamento Europeo y de la Comisión y, que como mucho, se lanzarán unos debates que tendrán que ser cerrados por otra Comisión y por otro Parlamento Europeo después de la cita electoral.

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