Los alimentos entran por fin en la reforma del marco de contratación pública de la UE

La Comisión Europea ha incluido una disposición específica sobre alimentos en la propuesta de Ley o reglamento de Contratación Pública en la UE, recién publicada, que ha sido acogido de forma positiva por el sector productor.

Así, desde Farm Europe/Eat Europe se señala que "siempre hemos defendido la contratación pública como una de las herramientas más eficaces disponibles por parte de las autoridades públicas para impulsar sistemas alimentarios más saludables y de mayor calidad."

Los comedores públicos —especialmente en escuelas y hospitales— no son simplemente lugares donde se sirven comidas: son instrumentos poderosos para moldear hábitos alimentarios y proteger la salud pública, añaden ambas organizaciones, que celebran el hecho de que, aunque no se incluyó en la propuesta inicial, el reglamento de Contratación Pública contiene ahora una disposición específica sobre la alimentación, añadiendo que "no reconocer el impacto de las normas de contratación pública en los comedores sobre la salud humana habría representado un gran retroceso."

Sin embargo, en su forma actual, la propuesta de Bruselas aún no reconoce el papel crucial que puede desempeñar la contratación pública en la protección y mejora de la salud ciudadana mediante el acceso a alimentos de calidad, señalan estas dos organizaciones.

En particular, la propuesta se basa en un enfoque voluntario a la hora de considerar los criterios de calidad alimentaria. Y, en este sentido, "teniendo en cuenta la escala del mercado de contratación pública y su impacto directo en la dieta de millones de ciudadanos, creemos que ciertas consideraciones de calidad deberían ser obligatorias y no simplemente fomentadas."

Para Yves Madre, presidente de Farm Europe, "celebramos el fuerte enfoque en los alimentos naturales y de temporada, así como el reconocimiento de que la organización de la cadena de suministro alimentaria, incluida su dimensión local, debe tenerse en cuenta".

"Estos son ahora criterios fundamentales para los ciudadanos europeos a la hora de tomar decisiones alimentarias y deberían reflejarse en una mayor coherencia en la contratación pública y en las futuras normas que rijan la Organización Común de los Mercados (OCM) para los productos agrícolas, tal y como ya reconoce el trabajo en curso del Parlamento Europeo", añade Madre.

La frescura y la estacionalidad, los esquemas ecológicos y de calidad, y el patrón que los alimentos generan a lo largo de la cadena son principios importantes y bienvenidos, indican.

No obstante, aclaran Farm Europe y Eat Europe, "el concepto de calidad alimentaria sigue siendo demasiado limitado: la contratación pública también debería reconocer explícitamente la importancia de priorizar a las cadenas cortas y a los alimentos mínimamente procesados, y debería permitir restringir o prohibir la adquisición de alimentos ultraprocesados (UPF), al menos en entornos especialmente sensibles como escuelas y hospitales."

"Esto no es una ambición irrealista. Enfoques similares ya están empezando a surgir en diferentes partes del mundo", señaló Luigi Scordamaglia, presidente de Eat Europe, quien añadió que "dentro de Europa, tenemos varios ejemplos en esta dirección: Roma, París y muchas otras ciudades pequeñas y medianas vienen demostrando que las autoridades públicas pueden actuar con decisión cuando las consideraciones sanitarias están en el centro de la adquisición de alimentos."

Para estas organizaciones, cuando se trata de los UPF, ya no hay tiempo que esperar. Las iniciativas promovidas por el comisario Várhelyi avanzan en la dirección correcta, pero sigue habiendo demasiada reticencia a abordar el problema y demasiada tendencia a retrasar las decisiones sobre medidas capaces de abordar lo que ya es uno de los principales retos de salud pública relacionados con la alimentación a los que se enfrentan nuestras sociedades.

Por tanto, Eat Europe y Farm Europe esperan que el Parlamento Europeo comience, desde el principio, una reflexión seria sobre cómo fortalecer la propuesta en estos términos, yendo más allá de un marco predominantemente voluntario y garantizando que las normas de contratación pública se diseñen ante todo en interés público.

"El debate no debe estar moldeado por los intereses de las grandes corporaciones alimentarias, cuyo objetivo principal es el beneficio, sino por la responsabilidad de los responsables políticos de salvaguardar la salud humana y garantizar que el dinero público contribuya a sistemas alimentarios más saludables, en particular proporcionando herramientas efectivas y obligatorias para contrastar la expansión de los alimentos ultraprocesados, especialmente en lo que respecta a las normas sobre cómo gastar el dinero público", recalcó Luigi Scordamaglia, presidente de Eat Europe.

Contratación pública y autonomía estratégica

Por su parte, para las organizaciones europeas de productores agrarios y sus cooperativas (COPA-Cogeca), la propuesta de la Comisión Europea, publicada este miércoles 9 de septiembre para reformar el marco de contratación pública de la UE supone un posible cambio en la forma en que Europa utiliza el gasto público, especialmente en la adquisición de alimentos.

Para el COPA-Cogeca, "esta reforma podría ofrecer una vía concreta para fortalecer la autonomía estratégica de Europa y garantizar que el dinero de los contribuyentes europeos apoye la capacidad productiva europea, tras años de prácticas de contratación, centradas principalmente en el precio más bajo."

Durante más de una década, la contratación pública de la UE ha operado en gran medida bajo el marco establecido por las directivas de 2014. Aunque estas normas han ayudado a establecer procedimientos comunes y a promover la competencia en todo el Mercado Único, el contexto en el que fueron diseñadas ha cambiado fundamentalmente. La nueva realidad geopolítica y económica de Europa requería un cambio claro de doctrina, señala esta organización.

Europa se enfrenta a inestabilidad geopolítica, cadenas de suministro alteradas, crecientes dependencias estratégicas y una intensa competencia global.

Al mismo tiempo, la UE busca con razón fortalecer su competitividad y autonomía estratégica. Por eso, la contratación pública, que representa una parte significativa de la actividad económica, ya no puede considerarse únicamente como un proceso administrativo destinado a asegurar los bienes y servicios de menor coste.

Esto es especialmente cierto en el caso de la alimentación. Las autoridades públicas compran cantidades significativas de servicios de alimentos y catering para escuelas, hospitales, residencias, instituciones públicas y otras instalaciones.

Por ello, añade el COPA-Cogeca, tienen un papel importante en el mantenimiento de una base europea de producción alimentaria resiliente. En un momento en que se pide a nuestras explotaciones y cooperativas que lideren con el ejemplo en todos los niveles, la creciente desconexión con las normas obsoletas de contratación pública se ha vuelto cada vez más difícil de justificar.

Por eso, estas organizaciones apoyan la propuesta de la Comisión y, en particular, las disposiciones específicas sobre la adquisición de alimentos. El reconocimiento explícito de la necesidad de una remuneración justa para los agricultores es especialmente importante.

También acogen con satisfacción el mayor reconocimiento de los esquemas de calidad, las indicaciones geográficas y la producción ecológica, junto con los requisitos de bienestar animal.

Estas disposiciones pueden ayudar a garantizar que la contratación pública apoye mejor los productos agrícolas y alimentarios europeos locales, al tiempo que aportan mayor valor a las autoridades públicas y a los ciudadanos.

Aunque algunos elementos de la propuesta presentada aún requieren más aclaraciones, el COPA-Cogeca espera que el Parlamento Europeo y el Consejo aprovechen la oportunidad para fortalecer y perfeccionar aún más este importante texto para el sector agrario, preservando la flexibilidad y transparencia que las autoridades públicas necesitan para tomar decisiones coherentes y efectivas sobre la adquisición de agroalimentos.