Fedepesca pide exonerar a las pescaderías del sistema VERIFACTU

Fedepesca, la federación nacional de las pescaderías y tiendas de productos congelados tradicionales, que representa a más de 6.000 establecimientos en España y que defiende los intereses del sector y la mejora de sus condiciones, así como el fomento de la adaptación a las nuevas obligaciones legislativas y la orientación de sus empresas hacia la excelencia empresarial, solicitó por escrito y por el procedimiento contemplado por la Agencia Tributaria (AEAT) la exoneración de la aplicación el próximo año del sistema VERIFACTU, el sistema informático de facturación, para sus sector.

Esta Federación argumenta que en los últimos tiempos en España el comercio de proximidad en general, y las pescaderías en particular, han perdido un tercio de sus tiendas, añadiendo que "nuestras empresas (microempresas) tienen una media de 2 trabajadores por cuenta ajena y 2 autónomos (matrimonios en muchos casos).

Y añade que "los autónomos que hoy en día se siguen ganando la vida como empresarios detallistas de pescados son en su mayoría personas mayores, que han trabajado duro en este oficio (abastecimiento nocturno, horarios comerciales muy amplios, producto perecedero, hielo, frío, muchas horas de pie, etc.) para salir adelante y labrarse un futuro."

"Un gran porcentaje de los pescaderos tradicionales van a jubilarse en poco tiempo y sus pescaderías, salvo casos extremadamente concretos, no van a traspasarse. No existe relevo generacional, especialmente por los cambios sociales que dificultan extremadamente la incorporación de jóvenes al sector por el horario comercial, y por la discriminación sufrida por los sucesivos gobiernos que han excluido al sector del comercio de alimentación de la Formación Pública Profesional."

"Hay sectores, según Fedepesca, como el de la hostelería "que han gozado de esta formación, financiada por todos los españoles, desde los años 60, mientras que el comercio mayorista y minorista de alimentación ha sido excluido, no gozando de título hasta el 2018, título que todavía no se oferta en ninguna Comunidad Autónoma."

"La entrada en vigor del VERIFACTU, prevista para el 1 de enero de 2026 para sociedades y el 1 de julio de 2026 para personas físicas, no hace sino acelerar esta realidad. Está suponiendo para muchos de ellos el detonante definitivo para plantearse la jubilación anticipada, pues la norma conlleva nuevas inversiones y gastos periódicos."

Además, añade esta Federación, "la nula perspectiva de futuro por la falta de relevo, no incita a realizar inversiones (que no conlleven aumento de rentabilidad o de cifra de ventas), sino más bien a renunciar a seguir luchando."

"En España se ha perdido un tercio de las 15.000 pescaderías que existían en 2007, lo que supone el cierre de más de 350 pescaderías tradicionales al año, perdiendo capilaridad en la venta. También se ha pasado en el mismo periodo de 26.237 personas ocupadas en el sector a 18.396, según los datos de INE."

Motivos de vulnerabilidad

Nuestro sector es vulnerable a este respecto por los motivos siguientes:

- La inversión en básculas que estén conectadas a un sistema informático de facturación que cumpla con los requisitos del VERIFACTU es costosa y no disponen del músculo financiero necesario.

- Otras soluciones, como la instalación de Terminales Punto de Venta conectados a las básculas son complicadas y en la práctica, no factibles. En las pescaderías se trabaja con pescado fresco, con abundante agua y con hielo. Esto no es fácil de compaginar con la instalación de complejos sistemas informáticos.

- Es un sector muy envejecido y con dificultades para el relevo generacional: esta adaptación tecnológica supone para la mayoría de ellos retos inalcanzables.

- No tienen dentro de sus empresas departamentos contables, financieros, fiscales, informáticos ni de ningún tipo, con personal dedicado en exclusiva a estas tareas. En la mayoría de los casos, se trata del autónomo pescadero con quizá algún empleado de pescadería y que cuenta con la gestoría, que le lleva los trámites con Hacienda y con la Seguridad Social, como único soporte.

- Ha de recordase las numerosas subidas de los costes salariales en los últimos años, a costa de la rentabilidad de estos negocios que no pueden trasladar a los precios finales a los clientes estas subidas, con un incremento del SMI del 80,7% (de 2016 a 2025) y de las cotizaciones sociales a cargo del empleador, donde se incluye el 23,6% por contingencias comunes, el 5,5% por desempleo o el 0,67% del Mecanismo de Equidad Intergeneracional para pagar las pensiones del baby boom, entre otros. Y de añadirle las cotizaciones por accidentes y enfermedades laborales en sectores en los que se llega a alcanzar el 7,25%, como la industria o la construcción.

Esto provoca el deterioro del tejido comercial español, especialmente de las microempresas (menos de 10 trabajadores). La propia Comisión Europea ha adoptado nuevas propuestas que buscan reducir la burocracia y simplificarán las normas de la UE para la ciudadanía y las empresas, con mención especial a las microempresas (menos de 10 trabajadores), tras la alarmante bajada de productividad de las mismas.

En la reciente Brújula para la Competitividad, de Enero de 2025, la Comisión expuso su visión de hacer que la economía de la UE sea más próspera y competitiva, con las recomendaciones del informe Draghi como base. Para recuperar la competitividad e impulsar el crecimiento, la UE debe fomentar un entorno empresarial favorable y garantizar que las empresas puedan prosperar.

Los dos primeros paquetes «ómnibus» de medidas de simplificación están destinados a lograr este objetivo, para evitar que ciertas normas supongan una carga para las empresas más pequeñas y reducir la carga administrativa y las obligaciones de información al menos un 25 % y al menos un 35 % en el caso de las pymes. Está ya en la hoja de ruta establecer un nuevo control de adecuación para las pymes y la competitividad que ayudará a evitar cargas administrativas innecesarias y proponer la renovación del acuerdo interinstitucional sobre simplificación y mejora de la legislación, algo que deberían de asumir las administraciones públicas españolas.

Retroceso en la dieta

La lamentable pérdida, no solo de tejido empresarial y empleo en nuestro sector, contribuye también al retroceso de nuestra afamada dieta pesco-mediterránea que nos ha permitido situarnos entre uno los países más longevos y con mayor calidad de vida del mundo y que se basaba en gran medida en la compra de proximidad y en el consumo de productos pesqueros y acuícolas al menos 3 veces a la semana, como recomienda la propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) las tenemos bien identificadas y son principalmente, expresadas de la forma más resumida posible, tres:

- Cambios en los hábitos de consumo de productos pesqueros en hogares, habiendo pasado de 27,2 kilos por persona y año en el 2013 a 17,99 kilos en el 2024, una caída de 9,21kilos, un descenso del 33,86. (Datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

- Caída en picado del margen comercial que ha provocado muchos cierres por falta de rentabilidad, debido en buena medida al incremento de costes de gestión y burocráticos que, desde nuestras Asociaciones, y basándonos en datos reales de empresarios de nuestro gremio, para un empresario minorista con dos empleados y un comercio, la hiperregulación le supone un coste anual de 10.550 euros. Esto equivale a gastarse casi 1.000 euros al mes (que, respecto de su rendimiento neto mensual, es un porcentaje bastante alto) en gestiones que nada tienen que ver con su actividad comercial de compraventa de productos pesqueros, que no le generan ningún beneficio económico y que, sin embargo, sí van directamente contra su margen comercial.

Fedepesca reconoce estar haciendo un seguimiento intensivo de la normativa VERIFACTU, conscientes de sus implicaciones para nuestros asociados, pero el propio Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación, ha dejado abierta, mediante la redacción de su artículo 5, la posibilidad de que ciertos sectores empresariales sean eximidos de esta obligación.

Entendemos en FEDEPESCA que, en base a todo lo anteriormente expuesto, "cumplimos con los requisitos para que se considere al sector de venta minorista de pescado (epígrafe 643.1) un sector empresarial vulnerable a este respecto y solicitamos se nos incluya en esta excepción de “no aplicación".