Paradoja de la CE: los aranceles a fertilizantes rusos amenazan al agro

Comité de Organizaciones de Productores Agrarios de la UE y de Cooperativas Agroalimentarias (COPA-Cogeca)

Casi el mismo día (miércoles 29 de enero) en que la Comisión Europea presentaba su “Brújula Estratégica” para la competitividad europea, se publicaba, simultáneamente, una propuesta para imponer sanciones a los fertilizantes rusos y bielorrusos; una medida que afectará gravemente a la competitividad de la producción agrícola.

Sin una estrategia clara de diversificación, los agricultores europeos pronto se encontrarán contra la pared.

Durante años, Europa ha luchado contra una producción de fertilizantes insuficiente para satisfacer la demanda de los agricultores, lo que hace que las importaciones sean inevitables.

Esta situación no ha hecho más que empeorar, tras el cierre de varias plantas de fertilizantes en los Estados miembros de la UE.

A la vez, la aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC) por parte de la UE también aumentará aún más los costes tanto para la producción nacional, como para los proveedores de terceros países que entren en el mercado de la UE.

Si bien comprendemos la legitimidad de las razones geopolíticas que impulsan a la Comisión Europea a actuar, el sector agrícola comunitario debe hacer frente a las consecuencias económicas de estas decisiones.

En la actualidad, los agricultores europeos no tienen garantías de que el déficit de fertilizantes se compense con un aumento de la producción nacional interna y menos a un precio competitivo.  Este es un argumento clave planteado por los partidarios de las sanciones propuestas.

Estas medidas harían subir los precios de los fertilizantes en al menos 40/45 euros por tonelada para la próxima campaña agrícola y ejercería una presión financiera adicional sobre las operaciones agrícolas, que ya están lidiando con un clima económico muy desafiante.

Consecuencias catastróficas

Las consecuencias para la producción agrícola, la competitividad y los ingresos de los agricultores podrían ser catastróficas.

Además, la propuesta de la Comisión Europea se queda corta en muchos aspectos para el sector agrario de la UE, ya sea en relación con los aranceles muy elevados que se aplicarán a partir de julio de 2025; el enfoque gradual de las sanciones, o las suspensiones temporales propuestas en función de los precios de 2024, que ya eran superiores al nivel anterior a la guerra.

Lo que es aún más preocupante es que la propuesta de la Comisión no incluye medidas a medio o largo plazo, que ofrezcan perspectivas para nuestro sector agrícola, ya sea en la diversificación de las fuentes de suministro o en las siguientes medidas urgentes de mitigación:

*Eliminar los derechos antidumping sobre las importaciones de urea, nitrato de amonio y mezclas de UAN originarias de los EE. UU. y Trinidad y Tobago.

*Suspender los derechos convencionales a la importación de urea, UAN, DAP, MAP y NPK (códigos 3102 10, 3102 80, 3105 30, 3105 40 y 3105 20 de la nomenclatura arancelaria).

*Conceder excepciones en virtud de la Directiva sobre nitratos para permitir el uso de efluentes ganaderos transformados (RENURE - Nitrógeno recuperado de ManURE y determinados digestatos) por encima del límite actual de 170 kg N/hectárea.

Detrás de la complejidad de este expediente se esconde una cuestión fundamental: el futuro de la agricultura europea y la seguridad alimentaria de la Unión Europea.

El COPA-Cogeca insta a los Estados miembros y al Parlamento Europeo a que aborden esta cuestión con rapidez.

También contamos con el nuevo Comisario de Agricultura, Christophe Hansen, para que dé un paso adelante rápidamente en esta cuestión y encuentre soluciones concretas para evitar lo que ya puede estar perfilándose como una nueva crisis agrícola.