23 DE octubre DE 2024
La Federación Española del Vino (FEV), considera que el sector vitivinícola de nuestro país debe contar con mecanismos de flexibilidad para poder adaptarse a cada realidad y dar respuestas a situaciones de crisis, pero no apoya como medida adecuada incentivar el arranque de cepas de forma generalizada.
Según declaraciones a diversos medios, el director general de la FEV, José Luis Benítez, señaló que eso no supone ignorar el hecho de que, en particular, haya determinadas zonas de producción con problemas. Algo que tendrían que analizar en las mismas.
Para Benítez, más que el arranque de viñedo tiene mucho más sentido controlar el potencial de producción mediante por otras alternativas, puesto que esta medida sería irreversible.
Además, el director general de la FEV cuestiona que se tenga que dar incentivos económicos al arranque de cepas y, en todo caso, de llevarse a cabo, debería ir a acompañada de medidas específicas de condicionalidad para que no se produzca un aumento alternativo de los rendimientos productivos.
Esta es la respuesta de la patronal de la industria y el comercio vitivinícola a la petición expresada por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA y Unión de Uniones para que, al igual que se está haciendo en Francia (30.000 ha, con ayuda de Estado de 120 M€, y potencial para arrancar hasta 100.000 ha), se destine partidas extraordinarias a subvencionar un arranque social o “quirúrgico” de viñedo, con el fin de adaptar la oferta de vino al retroceso que experimenta la demanda en las últimas campañas,
Más en concreto, UPA pidió al ministro Luis Planas que medite su negativa al arranque social de viñedo, dando preferencia a los colectivos con mayores problemas de rentabilidad (pequeños a agricultores, jubilados, o viticultores con dificultades económicas).)=
Por su parte, COAG afirmó que están en riesgo de abandono más de 95.000 ha de viñedo (10% del total) en España, si se dan subvenciones a su arranque.
Las OPAs solicitan una ayuda financiera para esta medida, independiente de su posterior replantación o arranque definitivo, y proponen luego un período mínimo de tres años y en máximo de seis años, para que los viticultores pueda elegir entre replantar las mismas superficies objeto de arranque, accediendo a una ayuda financiera o, si decide no replantar, tras un periodo de seis años después del arranque real, le sea asignado una compensación económica definitiva.
Una compensación económica que, según estas OPAs, podría sufragarse con fondos comunitarios, de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) nacional, que no se hayan ejecutado, o bien con ayudas de Estado.
Ante la situación actual defienden también que la Comisión Europea (CE) prohíba nuevas autorizaciones de plantación de viñedo para los próximos tres años, 2025, 2026 y 2027.
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