La CE evaluará los fitosanitarios peligrosos en productos importados

La Comisión Europea presentó este 25 de noviembre su evaluación de impacto, con el fin de reforzar la armonización de las normas de producción de la UE sobre los plaguicidas o fitosanitarios más peligrosos con los requisitos aplicables a los productos importados.

En la 'Visión para la Agricultura y la Alimentación', la Comisión se comprometió a 'establecer el principio de que los plaguicidas más peligrosos prohibidos en la UE por razones sanitarias y medioambientales no puedan volver a la UE a través de productos importados'.

Esta reciprocidad reforzada pretende garantizar, según Bruselas, que las ambiciosas normas de la UE no generen desventajas competitivas para los agricultores y el sector agroalimentario de la UE, a la vez que responden a las expectativas de los consumidores.

La evaluación de impacto constituye un paso importante para comprender el impacto económico, ambiental y social que podría tener una mayor coherencia en los requisitos en lo que respecta a los fitosanarios más peligrosos prohibidos en la UE.

Evaluará, en particular, los posibles impactos en los flujos comerciales de la UE, la competitividad de los productores europeos y el posible impacto en los consumidores.

La evaluación de impacto servirá de base para futuras medidas políticas, incluida una posible propuesta legislativa que se presentará al respecto.

Si bien la legislación vigente de la UE ya protege a los consumidores y garantiza que todos los alimentos comercializados cumplan con nuestros altos estándares de salud y seguridad, el anuncio reitera el compromiso de la Comisión de buscar una mayor armonización de los estándares de producción que se aplican a los productos importados, garantizando la igualdad de condiciones para nuestros agricultores y productores y manteniendo la protección del consumidor.

La evaluación de impacto proporcionará la base analítica para posibles modificaciones adecuadas y proporcionales del marco jurídico vigente con el fin de avanzar hacia una mayor reciprocidad de las normas.

Incluirá un estudio dirigido por el Centro Común de Investigación (JRC/CIC), que se basará en datos empíricos y permitirá una evaluación exhaustiva de los posibles impactos y las aportaciones de las partes interesadas.

Se prevé que el estudio preliminar concluya para el verano de 2026, y a continuación se darán los siguientes pasos de la evaluación de impacto.