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El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

Periódico Digital Qcom.es: El punto de encuentro de la cadena agroalimentaria

23 DE enero DE 2025

De Telegraaf: 'La CE pagó a ONGs para impulsar las reformas 'verdes' de Timmermans

El periódico holandés reveló que la Comisión Europea y más en concreto, el entonces vicepresidente y comisario para el Pacto Verde Europeo (Green Deal), Frans Tïmmermans, habría, supuestamente, pagado en secreto a grupos o ONG ambientalistas en secreto para que promovieran o promocionarán los planes “verdes” de su negociado.

Así lo revela una investigación llevada a cabo por De Telegraaf que, a su vez, cita la existencia de contratos confidenciales, incluido uno por valor de 700.000 euros "para guiar el debate interesado sobre medio ambiente y agricultura.

El artículo menciona que la Unión Europea, bajo la dirección del excomisario Frans Timmermans, habría financiado en secreto a grupos ambientalistas para promover las reformas propuestas relacionadas con el “Green Deal”. 

En concreto, Timmermans fue vicepresidente primero de la Comisión Europea entre 2014 y 2023, estando en la Comisión Juncker y la Comisión Von der Leyen, y fue responsable del Pacto Verde Europeo, de la Estrategia de la granja a la mesa y Comisario de Política de Acción por el Clima. 

Según la investigación del periódico neerlandés, se habrían utilizado fondos multimillonarios para subvencionar actividades de “lobby”, incluyendo un contrato específico de 700.000 euros destinado a influir en el debate sobre la agricultura.

El informe sugiere que estas organizaciones ambientalistas no solo habrían recibido financiación, sino que también se les asignaron objetivos concretos para que ejercieran la correspondiente presión sobre eurodiputados y Estados miembros. Uno de los ejemplos mencionados por el citado diario es la Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB), una organización que agrupa más de 185 entidades ambientalistas ciudadanas en Europa, incluidas Amigos de la Tierra Países Bajos (Milieudefensie) y la sociedad para la preservación de los monumentos de la naturaleza (Natuurmonumenten). 
 
La Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB), según una nota de ASAJA Sevilla, se define como "la red más grande de Europa de organizaciones ciudadanas medioambientales, con más de 185 organizaciones adheridas en 41 países, que representan a unos 30 millones de miembros individuales y simpatizantes". Creada en 1974, la oficina se estableció en Bruselas "con el propósito de ofrecer un centro de atención para sus miembros, para así controlar y responder a la política medioambiental emergente de la UE".
 
Entre las 185 entidades están representadas 9 organizaciones españolas que aparecen en la web de la EEB como miembros de pleno derecho o asociados. Según el periódico holandés, el contrato con este grupo menciona instrucciones explícitas de proporcionar al menos dieciséis ejemplos de cómo, gracias a su labor, el Parlamento Europeo ha hecho que la legislación verde sea más ambiciosa. 
 
La EEB, que habría recibido 700.000 euros, promovió la Ley de la Restauración de la Naturaleza y tuvo que influir en el debate sobre la agricultura en una dirección más verde, según el contrato en posesión del diario. 

La gravedad del asunto estriba, según De Telegraaf, en que la Comisión Europea habría utilizado recursos públicos para orientar el sesgo del debate político y social hacia la aceptación de las propuestas y políticas “verdes” impulsadas por Timmermans.

El origen de este dinero, distribuidos y utilizados en secreto, según la investigación, provendría de un fondo multimillonario, gestionado por la Comisión Europea.

Este tipo de prácticas, añade el rotativo, “podría generar controversia, puesto que plantea preguntas sobre la transparencia y la ética en el uso de recursos públicos para influir en decisiones políticas.”

El artículo del diario holandés de no solo pone en cuestión la imparcialidad de las políticas “verdes” promovidas por Timmermans, sino que también podría alimentar el debate sobre el impacto que tienen estas reformas en sectores, como el de la agricultura, que ya de por sí se enfrenta a desafíos significativos, debido a las regulaciones ambientales de la UE a y las presiones económicas de los mercados.

Contratos secretos

Por su parte, el excomisario europeo Frans Timmermans aseguró a los medios este 23 de enero desconocer la existencia de contratos secretos de la Comisión Europea que, según el diario neerlandés De Telegraaf, otorgaban subsidios a grupos ambientalistas a cambio de que hicieran campaña a favor de los planes verdes de Bruselas.

Timmermans, que volvió en verano de 2023 a la política neerlandesa para dirigir una lista de izquierdas formada por los verdes y los socialdemócratas GL-PvdA, niega estar al tanto de que los subsidios otorgados a algunas organizaciones ecologistas estaban condicionados a que hicieran cabildeo del Pacto Verde Europeo (Green Deal), liderado por él mismo desde 2019.

El excomisario señaló que “yo nunca concluí tales contratos personalmente, ni estuve directamente involucrado en ellos durante mi tiempo como comisario europeo”, declaró, según recogió la agencia neerlandesa ANP.

Consideró también “importante que haya total transparencia” y una investigación sobre cómo se concluyeron esos contratos, pero señaló que son los actuales miembros de la Comisión quienes deben responder al respecto, y no él.

No obstante, defendió la importancia de que la Comisión apoye financieramente a "grupos de interés" porque “todo proceso político de toma de decisiones se beneficia de un debate equilibrado entre diferentes intereses, las grandes empresas tienen mucho dinero, pero las organizaciones sociales no”.

Por otro lado, grupos parlamentarios socios del Gobierno de Países Bajos han exigido aclaraciones al primer ministro neerlandés, Dick Schoof, y quieren saber si el Gobierno estaba al tanto de estos métodos de trabajo de la Comisión y si los ministerios neerlandeses también usan este tipo de contratos para hacer cabildeo.

Se ha sabido también que el eurodiputado neerlandés Dirk Gotink, del partido de centroderecha NSC, está investigando junto a varios colegas del Comité de Control Presupuestario, los contratos de subsidio o pago otorgados a grupos ambientalistas en los últimos cinco años, y asegura que “incluso había listas de lobby con nombres de políticos que debían ser contactados”.

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