El agro valora las ayudas frente a la crisis energética, pero las ve insuficientes

Las organizaciones agrarias consideran positivas las medidas aprobadas por el Gobierno para aliviar la fuerte subida del gasóleo agrícola y de los fertilizantes, así como de otros costes energéticos pero, a la vez, las considera insuficiente para afrontar un problema estructural, como es la persistente subida de los costes de producción sin que, en la mayor parte de los casos, puedan repercutirse (o mínimamente) en los precios de venta de sus productos agrícolas en los siguientes eslabones de la cadena de valor.

Así, ASAJA, tras analizar las medidas publicadas el sábado 21 de marzo en el BOE por el Gobierno para paliar el impacto de la crisis energética en el sector agrario, las considera insuficientes y de carácter meramente coyuntural, en un contexto marcado por el aumento de los costes de producción y la falta de rentabilidad en las explotaciones.

Desde la organización agraria se advierte de que estas iniciativas solo podrían tener cierto efecto si la situación internacional se resuelve en el corto plazo. En caso contrario, resultarán claramente limitadas para afrontar la situación estructural que atraviesan agricultores y ganaderos.

En su análisis, ASAJA resume estas ayudas:

Ayuda al gasóleo agrícola: 20 céntimos por litro

Entre las medidas adoptadas se incluye una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola consumido. El cálculo se realizará tomando como referencia el consumo anual declarado en 2025 a través de la solicitud de devolución del impuesto de hidrocarburos, que deberá presentarse a partir del 1 de abril.

El periodo subvencionable abarca desde el 22 de marzo hasta el 30 de junio. Para determinar la cuantía, se establecerá un consumo medio diario a partir del total anual, que se multiplicará por los días incluidos en ese periodo y por el importe de la ayuda.

Apoyo a fertilizantes

La segunda medida contempla ayudas directas a los fertilizantes, con 22 euros por hectárea en secano y 55 euros por hectárea en regadío, hasta un máximo de 300 hectáreas por explotación.

Podrán beneficiarse tanto perceptores como no perceptores de la PAC, siempre que las explotaciones estuvieran registradas antes del 30 de mayo de 2025. Este requisito deja fuera, por el momento, a quienes se hayan incorporado con posterioridad, una cuestión pendiente de aclaración.

Financiación con aval público: más endeudamiento

El paquete se completa con una línea de financiación de 300 millones de euros a través de créditos ICO avalados por el Estado.

ASAJA señala que, aunque esta medida puede facilitar liquidez, supone incrementar el endeudamiento del sector, que ya se encuentra sometido a una fuerte presión económica.

“El campo necesita medidas estructurales”

La organización agraria insiste en que el problema de fondo no es coyuntural. El incremento sostenido de los costes, unido a unos precios en origen que no compensan, mantiene al sector en una situación crítica.

“Estas medidas pueden ayudar puntualmente, pero no resuelven el problema real. El campo necesita medidas estructurales que garanticen su viabilidad”, recalca ASAJA.

La organización recuerda que esta situación es la que llevó a miles de agricultores y ganaderos a movilizarse a principios de 2024, y advierte de que la actual crisis energética no es más que un agravante de un problema que viene de lejos.

Balance pobre

Por su parte, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UdU) calificó de pobre el balance de las medidas aprobadas por el Gobierno y consideró que no está a la altura de la situación.

Por lo que concierne al sector productor, añade UdU, "no ha evaluado en su correcta medida la gravedad de la situación, ni sus consecuencias, por lo que reclama una intervención mucho más intensa en medidas fiscales, legislativas y financieras, tanto de la Administración central, como de las autonómicas, para prevenir los daños al sector agrario, a la economía general y a los consumidores.

Esta organización agraria presentó en el Consejo Agrario el pasado lunes un paquete de propuestas con 26 medidas que el Gobierno puede y debe adoptar para evitar que esta crisis alcance las proporciones de la ya vivida a raíz del conflicto de Ucrania. Y entiende que lo aprobado por el Consejo de Ministros relativo a la rebaja fiscal de combustibles y energía “es lo mínimo que cabía esperar”.

Unión de Uniones subraya que la reducción del IVA en el gasóleo y la ayuda de 20 céntimos litros es una medida meramente coyuntural y se queda muy lejos de la reivindicación de un gasóleo profesional agrario con fiscalidad mínima en poste aplicada en precio en surtidor.

Además, entre lo aprobado no está la bajada general del IVA de los inputs agrarios al mínimo que permite Bruselas, ni el cumplimiento de la sentencia del contrato eléctrico de doble tarifa para el regadío, ni por supuesto, ayudas directas para compensar el encarecimiento de los costes productivos, algo que considera clave para paliar el impacto que el conflicto empezó a tener en el sector de manera inmediata.

“Para afrontar con responsabilidad una crisis como esta hacen falta algo más que eslóganes a favor de la paz”, critican desde Unión de Uniones, que solicita la constitución de un Fondo Extraordinario de 1.500 millones de euros para la concesión de ayudas directas a las explotaciones agrícolas y ganaderas en los sectores más afectados.

Unión de Uniones recuerda que lo aprobado adoptará la forma de Real Decreto-ley que tendrá que ser convalidado por el Congreso y que podrá ser tramitado como Ley sujeta a posibles enmiendas por lo que todavía se puede mejorar y trabajará para evitar que el sector agrario se resienta y se desencadene otra espiral inflacionista con los agricultores, ganaderos y consumidores más vulnerables como principales perjudicados.