Lobby, la palabra maldita, la acción más interesante

Ricardo Migueláñez. Director General de Agrifood Comunicación

La palabra “lobby” sigue arrastrando en España una carga semántica incómoda, casi sospechosa, como si hablar de influencia organizada fuese necesariamente hablar de prácticas opacas.

Sin embargo, conviene empezar por lo básico: el lobby es una actividad legal, legítima y, bien ejercida, imprescindible en cualquier sistema democrático moderno, sobre todo cuando hay muchas Administraciones Públicas que no permiten el contacto con sus administrados, y eso les impide saber hacia donde se mueve el sector.

La cuestión de fondo no es si existe o no influencia —porque siempre la hay—, sino quién la ejerce, con qué objetivos y bajo qué reglas. Y aquí surge una reflexión interesante: ¿dónde hay realmente más negocio, en comprar y vender o en hacer que pasen cosas que favorezcan un negocio?

La respuesta, aunque incómoda para algunos, es clara. Influir en el entorno regulatorio, anticiparse a los cambios normativos o incluso impulsarlos puede ser mucho más determinante que la propia actividad comercial.

Eso es el lobby en esencia: no se trata de atajos ni de privilegios, sino de participar activamente en la construcción del marco en el que operan las empresas. Porque las normas no nacen en el vacío. Se elaboran en un contexto donde confluyen intereses económicos, sociales y políticos, y donde la información técnica y sectorial resulta clave.

El problema aparece cuando la legislación avanza a un ritmo distinto al de la realidad. Hoy, el consumidor evoluciona rápido: demanda transparencia, sostenibilidad, innovación y nuevas soluciones alimentarias.

Las empresas, especialmente en el ámbito agroalimentario, responden a esa presión con agilidad. Pero la normativa, en muchas ocasiones, llega tarde o no llega. Y ese desfase genera incertidumbre, frena inversiones y limita la capacidad de competir.

Ahí es donde el lobby adquiere todo su sentido. No como herramienta de presión indebida, sino como mecanismo para trasladar a los decisores públicos lo que está ocurriendo en el mercado real. Es, en definitiva, una vía para reducir la distancia entre la norma y la necesidad.

Pero en el ámbito agroalimentario hay un matiz clave que no se puede obviar: el centro real de decisión no está únicamente en España. Gran parte de la regulación que afecta al sector se define en Bruselas. Y eso cambia completamente las reglas del juego.

Acción colectiva

Influir en el ámbito europeo exige algo más que voluntad. Requiere conocimiento, presencia y, sobre todo, profesionalización. No basta con “estar”, hay que saber cómo funciona el proceso comunitario, qué tiempos maneja, qué interlocutores son relevantes y en qué momento hay que actuar.

De mis años de experiencia en Bruselas he aprendido que allí no se improvisa: se trabaja con estrategia, con información y con continuidad.

Saber qué teclas tocar —y cuándo hacerlo— marca la diferencia entre llegar a tiempo o quedarse fuera. Porque cuando una norma ya está cerrada, el margen de influencia es mínimo. El verdadero lobby se ejerce mucho antes, en las fases iniciales, donde todavía es posible aportar, matizar y construir.

Existe además otro error bastante extendido: pensar que el lobby es terreno exclusivo de las grandes multinacionales. Nada más lejos de la realidad. Las pequeñas y medianas empresas, por sí solas, pueden tener más dificultades para acceder a los centros de decisión, pero cuentan con una herramienta poderosa: la acción colectiva.

Las asociaciones sectoriales, especialmente en el ámbito agroalimentario, tienen no solo la capacidad, sino la responsabilidad de ejercer esa función. Representan intereses legítimos, agregan conocimiento y pueden articular propuestas sólidas que ayuden a construir mejores políticas públicas, tanto a nivel nacional como europeo. Renunciar a ello es, en cierto modo, quedarse fuera de la conversación.

Porque mientras unos participan, otros deciden. Y en un contexto donde la innovación avanza más rápido que la regulación, no participar equivale a aceptar que las normas se diseñen sin tener en cuenta la realidad del sector.

El lobby, bien entendido, no es una anomalía del sistema, sino una pieza más de su funcionamiento. Una pieza que, además, puede contribuir a algo fundamental: que la legislación no solo ordene, sino que acompañe. Que no frene, sino que impulse.

En un momento en el que el consumidor va por delante con sus deseos y la innovación marca el paso, hacer que las cosas pasen no es una opción cuestionable. Es, simplemente, una necesidad estratégica, y existen profesionales que pueden ayudar a las empresas, grandes y pequeñas, a conseguirlo.