Las CC.AA. no esperan al Miterd: envían una carta a Roswall sobre la conservación favorable del lobo en España

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, remitió a finales de la pasada semana una carta a la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall.

Esta carta va acompañada de una certificación del informe sexenal sobre estado de conservación favorable del lobo en España, emitido por la Comité de Flora y Fauna Silvestres, órgano colegiado adscrito a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y del que forma parte el Gobierno de España.

La carta se remite en nombre de todas las CC.AA. que participaron el pasado día 30 de enero de 2026 (País Vasco, Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León) en un encuentro en Santander, en el que denunciaron la rebeldía del Gobierno de España en el cumplimiento de la obligación que le impone el artículo 17 de la Directiva Hábitats 92/43/CEE.

Según insistieron en la misiva, el Gobierno tiene la obligación de comunicar cada seis años a la Comisión Europea el Estado de conservación en España de las especies silvestres protegidas por dicha Directiva, incluido el lobo, y que correspondía remitir antes del 31 de julio de 2025 respecto al período 2019-2024.

Por ello, las CC.AA. participantes en el encuentro emitieron un comunicado (apoyado por las CC.AA. de Andalucía, Valencia, Murcia, Canarias, Baleares y Extremadura y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla), que también fue remitido a la comisaria europea.

Está comunicación y la documentación remitida a la Comisaria europea viene obligada por la negativa obstructiva y reiterada del Gobierno de España a cumplir con mencionada obligación de remitir el informe sexenal antes de la fecha indicada, y que no ha hecho.

En el comunicado emitido por las comunidades autónomas, tras la reunión de Santander, se ponen de manifiesto las acciones desplegadas por el Gobierno de España para no remitir el informe, y así es que estando señalada una Conferencia Sectorial el día 18 de julio de 2025 para proceder al acuerdo de remisión del informe favorable de conservación del lobo que había elaborado el Comité de Flora y Fauna de la Comisión Estatal indicada, y dado que el Gobierno no quería remitirlo, desconvocó dicha Conferencia Sectorial sin motivo justificado y tampoco convocó una nueva Conferencia Sectorial que le pidieron el número de CC.AA. previsto para hacerlo en el reglamento de dicha Conferencia Sectorial.

La posición del Gobierno es impedir que se haga efectiva la modificación de la Directiva europea sobre el régimen de protección del lobo, que flexibiliza su estatus jurídico y permite a las CC.AA. gestionar la especie en todo el territorio nacional, señalan en la misiva.

Esta posibilidad fue ratificada por el Parlamento español mediante la Ley 1/2025, de 1 de abril, que excluyó al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

En este contexto, el Gobierno ha optado por impedir que las CC.AA. ejerzan sus competencias para buscar un equilibrio entre la conservación del lobo y la protección de la ganadería.

Esta decisión se adopta pese al informe técnico-científico aprobado por la Comisión de Flora y Fauna de la Comisión Nacional de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, órgano estatal de carácter público.

Asimismo, se denuncia una actitud obstructiva que, según se sostiene, incumple la normativa europea y española con el objetivo de mantener el bloqueo, sin atender a los graves daños que se están produciendo en las explotaciones ganaderas y al impacto que ello tiene en la supervivencia del medio rural y de la población en nuestros pueblos.

Estas CC.AA. recurdan que la Comisión Europea ha iniciado acciones formales contra el Reino de España en relación con la gestión y protección del lobo ibérico en enero de 2026, abriendo un expediente de infracción (carta de emplazamiento) por no remitir el reiterado informe sexenal, que no sólo es de la especie lobo, sino de todas las especies protegidas por la Directiva.

Estas CC.AA. señalan que el Gobierno ha faltado a la verdad manifestando que se le había concedido una prórroga en el plazo, inexistente, buena prueba de lo cual es la apertura del expediente de infracción.