Planas analiza con las asociaciones pesqueras la propuesta de MFP 2028-34

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne este jueves 11 de septiembre con las diferentes organizaciones pesqueras para intercambiar opiniones sobre la propuesta de la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, destinado a este sector, que ha recibido fuertes críticas, entre otras cosas, por el fuerte recorte presupuestario previsto en apoyo de la actividad y de la modernización de este sector.

A este encuentro asistirán la Asociación Empresarial de Acuicultura Española (Apromar); la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar); la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (Anfaco); la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (Anmupesca); la Confederación Española de Pesca (Cepesca); la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca); la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), así como la Federación Nacional de Mayoristas de Pescados (Fenamar).

En el pasado mes de julio, media docena de CC.AA. costeras, donde gobierna el Partido Popular (Galicia, Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Cantabria e Islas Baleares), beneficiarias en la actualidad de más de la mitad de los fondos comunitarios destinados por la UE a nuestro país, demandaron al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que convocara una Conferencia Sectorial especifica para abordar este asunto, que es causa de enorme preocupación

Esta preocupación viene por el hecho de que el Ejecutivo comunitario pretende fusionar el actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca, y de Acuicultura (FEMPA) dentro de un macro-fondo, en el que se incluye también la PAC, que supone un recorte inicial de más del 60% de los actuales y ya insuficientes recursos destinados al desarrollo de la Política Pesquera Común (PPC), hasta dejarlo en poco más de 1.000 millones de euros para toda la UE y todo el periodo.

Si sale adelante tal propuesta presupuestaria, España sería el país más perjudicado de la UE, en un contexto especialmente complejo para esta actividad extractiva, con retos por delante, que serían aún más difíciles de abordar, como la descarbonización de la flota, el impacto del cambio climático en los océanos o el relevo generacional.