El agro valora el proceso de regularización de migrantes ante la falta de mano de obra en el campo

El sector primario español (Agricultura, pero también Pesca) valora de forma positiva el proceso de regularización extraordinaria de medio millón de migrantes, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 14 de abril, ante la insuficiencia y las dificultades para encontrar mano de obra para llevar a cabo la labor de recolección de algunas de las cosechas de temporada y, en general, para atender la demanda laboral en el campo.

Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el número de trabajadores agrarios por cuenta ajena extranjeros al Sistema Especial Agrario (SEA) del Régimen General de la Seguridad Social era de 250.532 personas de media en febrero. Una mayoría (202.696) de esta fuerza laboral procedía de países de fuera de la Unión Europea (sobre todo de Marruecos, con 108.981 afiliados) y otros 47.836 eran comunitarios (principalmente de Rumanía, con 38.363 afiliados).

Por CC.AA., Andalucía concentró el mayor número de afiliados extranjeros al SEA (115.345), seguida de la Región de Murcia (49.825) y la Comunidad Valenciana (27.662).

Asimismo, en el Régimen General de la Seguridad Social, la actividad primaria (Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca) concentraba 23.664 extranjeros afiliados y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) había una media 7.842 extranjeros en el sector primario.

Aún así, no conoce con exactitud cuánto mano de obra haría falta en el campo para evitar el riesgo de que se quedaran cosechas.

Por su parte, el borrador de informe técnico 'España ante el reto migratorio. Dos futuros posibles' de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (OPNE) del Gobierno señala que una menor inmigración pondría en riesgo la sostenibilidad de nuestro sector primario, encareciendo los precios de la fruta y las hortalizas.

Para 2075, se señala, podrían abandonarse más de 220.000 explotaciones agrícolas, casi tres de cada diez de las que existen hoy en España, por falta de mano de obra, lo que transformará profundamente una parte importante del territorio agrícola español.

Según se indica, la agricultura es un sector que, en las últimas décadas, se ha caracterizado por una composición de la fuerza laboral fuertemente centrada en la población extranjera.

La reducción de la población en edad de trabajar, sin un relevo migratorio suficiente, pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones, particularmente en zonas rurales y de menor densidad demográfica.

En el escenario de baja inmigración, se estima una pérdida de aproximadamente 145.000 explotaciones agrícolas en 2055, cifra que se intensifica hasta alcanzar más de 220.000 menos en 2075.

Esta evolución, según añade el informe, no solo compromete la producción agroalimentaria nacional, sino que puede acelerar procesos de despoblación rural y abandono de tierras, con consecuencias ecológicas, económicas y sociales.

Reacción sectorial

Las reacciones de las organizaciones agrarias ante la apertura de este proceso de regularización extraordinaria de migrantes se ve bastante positiva desde el campo español Así, para ASAJA, "cualquier iniciativa orientada a mejorar el funcionamiento del mercado laboral y a dar respuesta a la falta de mano de obra que sufre el campo", confiando en que la normativa tenga en cuenta las particularidades del sector y simplifique los trámites para contribuir a dar estabilidad y seguridad jurídica tanto a los agricultores como a los trabajadores.

Desde COAG, el miembro de su Comisión Ejecutiva, Andrés Góngora, calificó este proceso de 'buena noticia, porque aliviará de forma muy importante la tensión que ha habido en algunas campañas agrícolas.'

Góngora afirmó que es una buena solución para esta problemática y demandó agilidad para su puesta en marcha ante la inminencia del arranque de campañas como la de la fruta de verano.

A su vez, UPA valoró ltambién la medida, porque el campo demanda mano de obra, en especial en aquellos pueblos que "necesitan a las personas migrantes con todos sus derechos y deberes que les permitan acceder a un contrato digno." 

Se trata de personas, añadió esta organización agraria, que "contribuirán a sostener el estado del bienestar en el presente y en el futuro, así como a aportar vida, juventud y capacidad de trabajo a zonas como el medio rural."

También Carles Vicente, responsable de Economía y Seguridad Social de Unión de Uniones, enfatizó en esta medida, ante la falta de mano de obra del campo, en un sector necesitado de operarios, pese a recurrirsr a alternativas como la contratación en origen, contratos de proximidad o el impulso de fijos discontinuos.

Vicente recalcó que actualmente "hay cosechas que se quedan casi sin recoger por este problema, cuando existe un potencial disponible de 600.000 personas viviendo entre nosotros, que no tienen papeles para trabajar."

"A veces, añadió el portavoz de la UdU, "se acercan personas que buscan trabajo en el campo pero con el problema de que no tienen documentación y, ante eso, el sector no les puede dar trabajo."

Patronales y empresarios

Patronales sectoriales de empresas y sindicatos de trabajadores agrarios valoraron también el proceso de regulación extraordinaria de migrantes. Así, desde la Federación Española de Asociaciones de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX) ven positivo el proceso de regularización, pero esperarán a conocer bien cómo será el proceso y las posibilidades de contratación que se abren en el campo.

Esta Federación considera que "puede ayudar a resolver la falta de personal en las explotaciones agrarias, junto a otros instrumentos como fomentar el modelo actual de contratación en origen."

Por su parte, el responsable del sector agrario de Comisiones Obraras (CCOO), Vicente Jiménez, afirmó que "las patronales siempre se han quejado del déficit de trabajadores por cuenta ajena en los picos de actividad de las campañas agrícolas y, por eso, esta medida permitirá acceder a más mano de obra con contrato y con condiciones dignas de trabajo."

Jiménez recordó que desde CCOO siempre han defendido que, en vez de traer contingentes con contrato en origen para campañas puntuales, se regularizara a los trabajadores que ya están en el país para que tuvieran contratos, con aplicación de convenios y cumpliendo la Ley de prevención de los riesgos laborales.

Cuando el Gobierno anunció a finales de enero pasado que aprobaría esta regularización extraordinaria, añadió este portavoz, desde este sindicato calcularon que el plan podría beneficiar a entre 150.000 y 200.000 extranjeros que ahora trabajan en el campo en situación irregular.

Por último, Sebastián Serena, secretario del sector de Alimentación, Bebidas y Tabaco de UGT-FICA, estimó que la regularización puede ser buena para el sector agrícola y ganadero, puesto que "ayudará a reducir la 'economía sumergida' en esta actividad y, para los que ya trabajan sin papeles, poder tener salarios y condiciones de un convenio colectivo."

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Informe: Regularización extraordinaria:  claves económicas y sociales