26 DE junio DE 2025
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) reunió la denominada "Mesa de Diálogo para la coexistencias del lobo", en la que pasó la "patata caliente" de la gestión de los daños de esta especie silvestre a la ganadería al Ministerio de Agricultura, al señalar que es este departamento el que tiene las competencias en materia cinegética, según afirmó la organización agraria ASAJA.
Según esta Asociación, "Transición Ecológica se lava ahora las manos con el lobo y deja al ganadero solo ante el peligro y, mientras Europa da un paso al frente y permite controlar al lobo en toda España, este Ministerio se aparta y deja el problema -y sus costes- en manos del Ministerio de Agricultura."
Las organizaciones agrarias asistieron a la reunión convocada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a la “Mesa de Diálogo para la Coexistencia del Lobo”, una cita que, señala ASAJA, llega justo cuando la Unión Europea ha oficializado la rebaja del nivel de protección del lobo ibérico, puesto que, a partir del 14 de julio, la especie dejará de estar en régimen de protección estricta, y su caza será legal también al sur del Duero, por primera vez en más de treinta años.
ASAJA añade que "la modificación de la Directiva de Hábitats de la UE activa en España la cláusula que obliga a sacar al lobo del Lista de Especies Silvestres con Protección Especial (LESPRE) en toda España, reconociendo, por fin, el derecho a gestionar una especie que causa miles de bajas al año en la ganadería extensiva."
Sin embargo, el Miterd, añade esta organización agraria, ha aprovechado este cambio para desligarse por completo del problema, escudándose en que la competencia cinegética ha sido siempre del Ministerio de Agricultura.
En la reunión, Morán se limitó a señalar, según indica ASAJA, que "es Agricultura quien tiene la competencia de la gestión de los daños, incluidas las indemnizaciones por ataques de lobos y conejos."
El resultado final es que este asunto queda en el aire por las competencias de unos y otros. "Nadie concreta cómo ni cuándo se compensarán los daños", añade ASAJA, y "mientras las competencias se reparten entre despachos, el que vuelve a pagar el precio es el ganadero, que cada día pierde animales sin saber quién va a responder."
Ante tal situación, esta organización agraria reclama al MAPA que "actúe con urgencia y diseñe un nuevo marco de ayudas que proteja a las explotaciones, que garantice indemnizaciones rápidas y que permita gestionar de forma eficaz los daños de toda las especies cinegéticas", puesto que "la coexistencia no puede convertirse en una excusa para mirar hacia otro lado. Hay que proteger al lobo, sí, pero sobre todo al que lo alimenta sin querer: al ganadero”.
ASAJA recuerda que el cambio legal conseguido es fruto de un trabajo de fondo: años de protestas, de informes, de presión política en España y en Bruselas. Sin ese esfuerzo colectivo, hoy el campo seguiría sin capacidad de defensa ante el lobo.
Pero esa victoria no puede quedar ahora vacía. Si la gestión no va acompañada de recursos, compensaciones y voluntad política, volveremos al punto de partida: la indefensión, añade esta organización agraria.
Falta de transparencia
Por su parte, desde Unión de Uniones (UdU) se ha criticado "la falta de transparencia sobre el empleo de los fondos contemplados en los Presupuestos Generales del Estado, insistiendo en que es imposible al sector poder hacer un seguimiento de cómo se están ejecutando estos fondos."
Con respecto al presupuesto, de 20 millones de euros, la UdU defenderá una transparencia y trazabilidad que permita que hasta el último céntimo llegue a los ganaderos se enfrentan a la problemática del lobo, ya que para lograr la coexistencia real, "además de presupuesto se deben contar con todas las herramientas posibles en la gestión de la especie, incluido el control letal."
UdU recordó a Morán que "la propia Estrategia para la conservación y gestión del lobo, aprobada en 2022, contemplaba el establecimiento de mesas sectoriales de diálogo sobre el lobo a nivel estatal y autonómico y que su Ministerio lo ha puesto en marcha con un retraso de tres años y solo después de que haya salido del LESPRE."
“El Miterd tiene que ver de una vez que somos los ganaderos los que estamos sufriendo la expansión del lobo, soportando el coste que esto supone, porque las indemnizaciones en todos los territorios del Estado son totalmente insuficientes."
Unión de Uniones señala que "mientras desde las ciudades y despachos se vive en la nube del ecologismo ideal, sus decisiones nos empujan a las pérdidas económicas y la frustración de tener que aguantar ataques sin que nadie controle la especie”.
Unión de Uniones denuncia también que, desde las partes interesadas en la defensa del lobo, se alega que apenas producen daños, comparando los ataques con los censos totales a nivel estatal o autonómico, una comparación “totalmente burda”, porque los daños deben examinarse también a nivel comarcal.
Así, la UdU desvela que, por ejemplo, en 12 concejos de Asturias los daños oficialmente reconocidos suponen anualmente la pérdida de más del 5% de los animales susceptibles (ovino, caprino, potros y terneros), pudiendo llegar a más del 10% en varios concejos y a los que habría que sumar los daños que las Administraciones no reconocen, como los desaparecidos, o los no denunciados por hartazgo del ganadero.
Unión de Uniones señala que los datos de la realidad a nivel comarcal, "son los que demuestran el verdadero impacto del lobo sobre el sector ganadero. La gravedad de las pérdidas, que por ejemplo en el caso de Asturias se estiman en más de 5 millones al año, ponen de manifiesto la urgente necesidad de dotar a las autoridades competentes de más herramientas de control de la población de lobos."
Asimismo, la UdU, denuncia también que la situación al sur del Duero y así, algunas provincias cono Ávila han experimentado un gran crecimiento en la población de lobos incrementando así también sus daños, lo que hace necesario también el control de la especie en estos territorios.
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