¿Cómo fue el apoyo financiero público al sector agrícola mundial en los últimos años?

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que integra a los 54 países más desarrollados del mundo, presentó recientemente su tradicional informe de 'Seguimiento y evaluación de las políticas agrícolas 2025'.

Así, en el marco del 30º Aniversario del Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el informe se centra en las interrelaciones entre el comercio, la agricultura y el medio ambiente.

En concreto, se señala que el apoyo público trasladado al sector agrícola de  promedio entre 2022 y 2024 de unos 842.000 millones de dólares, que representa un 20% que los  niveles promedio observados entre 2025 y 2019, justo antes de la pandemia de Covid-19.

De este importe total, apenas un 5% de ese apoyo a los productores se utilizó para fomentar la acción medioambiental voluntaria, más allá de las regulaciones existentes, siendo mucho menor, de apenas un 0,54% del total el porcentaje de apoyo al sector que se invirtió en sistemas de conocimiento e innovación agrícola.

Según la OCDE, el apoyo público a la agricultura continuó siendo elevado, pero disminuyó en relación con el incremento del valor de producción del sector. El rápido crecimiento del sector agrario en estos años ha ido reduciendo, por tanto, el apoyo económico como porcentaje del valor de la producción. Si bien las formas de apoyo potencialmente más distorsionadoras también han disminuido en términos relativos, aún representan la mitad del apoyo total, señala esta organización.

La mayor parte del apoyo se destinó a productores individuales, mientras que una menor proporción se distribuyó entre el sector en su conjunto o los consumidores.

El informe apunta que las estimaciones indican que las transferencias nominales en los últimos cinco años (posteriores a la pandemia) superan en un 20% los niveles previos a 2020.

El apoyo a los precios de mercado (APM) sigue siendo la forma predominante de apoyo a los productores y generaron transferencias por valor de 334.000 millones de dólares anuales.

Al mismo tiempo, varios países aplicaron políticas que provocaron un apoyo negativo a los precios de mercado (reducción de los precios internos), lo que supuso un coste para los productores de 179.000 millones de dólares anuales durante el mismo periodo.

A pesar de los compromisos internacionales de reforma, incluso a través de declaraciones de la OMC y la OCDE, la proporción de las ayudas públicas y otras formas de apoyo potencialmente más distorsionadoras a los productores ha disminuido solo 5 puntos porcentuales en los últimos 20 años, hasta el 66% de promedio en 2022-24.

No obstante, apunta el informe de la OCDE, el crecimiento del valor de la producción agrícola superó el crecimiento del apoyo, de modo que el apoyo positivo a los productores, como porcentaje de los ingresos brutos agrícolas (IBA), alcanzó mínimos históricos entre 2022 y 2024.

El porcentaje de apoyo positivo a los productores disminuyó del 20% de los ingresos brutos agrícolas entre 2000 y 2002 al 12,6 % entre 2022 y 2024, en promedio en los 54 países. Durante el mismo período, el apoyo positivo a los productores también se redujo del 11,4% de los ingresos brutos agrícolas al 6,7%.

Dado que la agricultura tiende a representar una proporción cada vez menor de la economía general, el apoyo total a la agricultura como porcentaje del PIB también ha disminuido desde el año 2000, señala este informe. En promedio, representó el 1,1% del PIB entre 2000 y 2002, pero fue solo del 0,89% del PIB entre 2022 y 2024.

Sin embargo, en las economías emergentes incluidas en este informe, las transferencias al sector agrario aún representaron más del 1,6% del PIB entre 2022 y 2024, lo que implica una carga económica más importante del apoyo agrícola.

La disminución de las tasas de apoyo como porcentaje del valor de la producción ha reducido la importancia de las formas de apoyo potencialmente más distorsionadoras en la economía agrícola.

Más inversiones en innovación

Por otro lado, el informe de la OCDE analiza también la inversión estimada en servicios generales —inversión en infraestructura y servicios que impulsan el sector— disminuyó al 2,4% del valor de la producción agrícola entre 2022 y 2024.

Para esta organización resulta especialmente preocupante la menor inversión declarada en sistemas de conocimiento e innovación agrícola en relación con el tamaño del sector, sobre todo en las economías emergentes, donde, en promedio, representó apenas el 0,3% del valor de la producción sectorial entre 2022 y 2024.

Esta tendencia supone un riesgo para las mejoras de la productividad a largo plazo y para la preparación del sector ante los desafíos futuros.

Los estudios de la OCDE concluyen que la financiación pública de la I+D agrícola es fundamental. Debe proporcionar fondos estables para la infraestructura del conocimiento, fortalecer la investigación con un enfoque de bien público y complementar los esfuerzos de investigación privados.

La OCDE considera que la lentitud de las reformas tiene repercusiones en la productividad y la seguridad alimentaria. La combinación de una baja inversión pública en innovación y las persistentes distorsiones del mercado incrementa la presión sobre los sistemas alimentarios mundiales.

También constata que la desaceleración del crecimiento de la productividad en muchos países de la OCDE dificulta el progreso hacia objetivos políticos comunes, como el aumento de los ingresos agrícolas, la mejora del desempeño ambiental y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

La inversión pública en innovación sigue siendo un factor clave para reactivar el crecimiento de la productividad.

Aún así, el gasto en servicios generales que sustentan el funcionamiento del sector está experimentando una disminución similar, lo que podría plantear riesgos a largo plazo.

Para la OCDE, invertir en el Sistema de Conocimiento e Innovación Agrícola (AKIS) será fundamental para impulsar el crecimiento de la productividad, que se ha ralentizado en muchos países según este informe.

Así, se estima que el gasto en AKIS representó el 0,54% del valor de la producción en la OCDE entre 2022 y 2024, pero solo el 0,28% en las economías emergentes.

Por eso, apunta el informe, reorientar el apoyo presupuestario hacia los servicios generales es una forma en que los países pueden invertir en el futuro de sus sectores agrícolas sin renunciar a las ventajas del comercio mundial.

Apoyo a los consumidores

La mayor parte del apoyo a los consumidores (o proveniente de ellos) se genera mediante políticas de apoyo a los precios de mercado. Estas políticas transfirieron un promedio de 249.000 millones de dólares de los consumidores entre 2022 y 2024, mientras que el apoyo presupuestario a los consumidores (como la asistencia nutricional) ascendió a 105.000 millones de dólares.

Se considera que el apoyo presupuestario a los consumidores puede ser más eficaz que las medidas de apoyo a los precios de mercado, ya que permite una mejor focalización en los consumidores de bajos ingresos u otros grupos necesitados.

Estos mecanismos generan contrapartidas entre el bienestar de los consumidores y el de los productores, lo que a menudo limita la reforma de las políticas debido a sus impactos distributivos.

La transición de las políticas de apoyo a los precios de mercado (financiadas principalmente por los consumidores) a un apoyo presupuestario focalizado (financiado con los impuestos de los contribuyentes) podría mitigar estas contrapartidas y mejorar la eficacia de la asistencia.

Esto resulta especialmente útil para los grupos de consumidores vulnerables o de bajos ingresos.

Según el informe, la reforma de las políticas de apoyo a los precios de mercado también puede beneficiar a los productores. Estas políticas suelen tener una menor eficiencia en la transferencia de ingresos a los productores y pueden dificultar los ajustes estructurales del sector, por lo que otras alternativas podrían ofrecer mayores beneficios.

Apoyo al medio ambiente

La mayor parte del apoyo a los productores se sigue prestando sin condiciones ambientales específicas. Tan solo una cuarta parte del apoyo a los productores se otorga con restricciones, la mayoría de ellas obligatorias en materia de insumos, mientras que las restricciones ambientales voluntarias se aplican únicamente al 5% de todas las transferencias a los productores.

Dichas restricciones pueden contribuir a mejorar el desempeño ambiental del sector, si bien los detalles de la implementación del programa son cruciales. Al diseñar estas políticas, los gobiernos deberían armonizar la protección ambiental y la mitigación de los impactos ambientales negativos con la promoción de un comercio agroalimentario abierto y transparente, y abordar el triple desafío que enfrentan la agricultura y los sistemas alimentarios.

En suma, apunta el informe de la OCDE de este año, el monto total de apoyo positivo brindado entre 2022 y 2024, de 842.000 millones de dólares anuales, demuestra la disposición de los Gobiernos a destinar recursos sustanciales para apoyar a sus sectores agrícolas. Reorientar y optimizar este apoyo podría impulsar un sector agrícola más productivo, resiliente y sostenible, señala la OCDE en su informe.