Acuerdo UE-PE para simplificar burocracia y mejorar la competitividad empresarial

La presidencia del Consejo de la UE y los negociadores del Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional este 9 de diciembre para simplificar los requisitos de información sobre sostenibilidad y diligencia debida, con el fin de impulsar la competitividad de la UE.

En concreto, el acuerdo simplifica las directivas sobre información corporativa de sostenibilidad ( CSRD ) y diligencia debida de sostenibilidad ( CS3D ) al reducir la carga informativa y limitar el efecto dominó de las obligaciones para las empresas más pequeñas.

Según Marie Bjerre, ministra de Asuntos Europeos de Dinamarca, "hoy cumplimos nuestra promesa de eliminar cargas y normas e impulsar la competitividad de la UE. Este es un paso importante hacia nuestro objetivo común de crear un entorno empresarial más favorable que ayude a nuestras empresas a crecer e innovar."

Por su parte, Morten Bødskov, ministro de Industria, Negocios y Asuntos Financieros de Dinamarca afirmó que "durante años, las empresas europeas se han enfrentado a una oleada tras otra de burocracia. Esto ha ralentizado las inversiones verdes y debilitado nuestra competitividad. Ahora estamos dando un paso importante en la dirección correcta. Con normas claras y sencillas, las empresas pueden centrarse en su actividad principal, lo que nos permite lograr una mejor relación calidad-precio en la transición verde, crear empleo europeo y fortalecer la capacidad de las empresas para crecer e invertir. La Presidencia danesa ha impulsado este resultado, y seguimos el ritmo."

Directiva sobre informes de sostenibilidad corporativa

En relación con la  Directiva sobre la Directiva sobre la Renta de las Empresas Comunes (CSRD), la Comisión propuso aumentar el umbral de empleados hasta 1.000 y excluir a las pymes que cotizan en bolsa del ámbito de aplicación de la directiva.

En el acuerdo provisional alcanzado, los colegisladores añadieron un umbral de facturación neta superior a 450 millones de euros para aliviar aún más la carga de información de las empresas.

Los colegisladores también acordaron eximir a las empresas de cartera financiera del ámbito de aplicación de la CSRD y acordaron una exención transitoria para las empresas que debían empezar a informar a partir del ejercicio 2024 (las denominadas empresas de la “ola uno” ) que quedarían fuera del ámbito de aplicación para 2025 y 2026.

Por último, el acuerdo provisional introduce una cláusula de revisión relativa a una posible ampliación del ámbito de aplicación tanto del CSRD como del CSDDD.

Directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa

Por otro lado, si bien la propuesta de la Comisión no cubrió el alcance de la CS3D, el acuerdo provisional aumenta los umbrales a 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación neta.

Los colegisladores consideraron que estas grandes empresas tienen la mayor influencia en su cadena de valor y son las más preparadas para generar un impacto positivo y absorber los costes y las cargas de los procesos de diligencia debida.

Identificación y evaluación de impactos adversos

La propuesta de la Comisión limita la evaluación posterior de la fase de identificación a las operaciones propias de la empresa, las de sus filiales y las de sus socios comerciales directos. El acuerdo provisional elimina esta limitación.

En su lugar, las empresas pueden centrarse en las áreas de sus cadenas de actividades donde es más probable que se produzcan impactos adversos reales y potenciales.

Para proporcionar flexibilidad a las empresas, cuando una empresa ha identificado impactos adversos igualmente probables o igualmente graves en varias áreas, se les da la capacidad de priorizar la evaluación de los impactos adversos que involucran a socios comerciales directos.

Además, ya no se debería exigir a las empresas que realicen un ejercicio de mapeo exhaustivo, sino que realicen un ejercicio de alcance más general. Se supone que las empresas deben basar sus esfuerzos en información razonablemente disponible, lo que reducirá el efecto de goteo de las solicitudes de información en los socios comerciales más pequeños.

Planes de transición climática

Para aliviar significativamente la carga, se ha eliminado la obligación de que las empresas adopten un plan de transición para la mitigación del cambio climático.

Responsabilidad civil, sanciones y transposición

El acuerdo provisional elimina también el régimen de responsabilidad armonizado de la UE y la obligación de los Estados miembros de garantizar que las normas de responsabilidad sean de aplicación obligatoria en los casos en que la legislación aplicable no sea la nacional del Estado miembro.

Se ha incluido una cláusula de revisión sobre la necesidad de un régimen de responsabilidad armonizado de la UE.

En materia de sanciones, los colegisladores acordaron un límite máximo del 3% de la facturación neta mundial de la empresa y la Comisión emitió las directrices necesarias a este respecto.

Finalmente, el acuerdo provisional pospone la fecha límite de transposición de la CS3D un año más, hasta el 26 de julio de 2028. 

Las empresas deberán cumplir con las nuevas medidas antes de julio de 2029.

El acuerdo provisional debe ahora ser refrendado por el Consejo y el Parlamento Europeo antes de ser adoptado formalmente por ambas instituciones.

Revolución de simplificación

En octubre de 2024, el Consejo Europeo instó a todas las instituciones de la UE, Estados miembros y partes interesadas, con carácter prioritario, a impulsar la labor, en particular en respuesta a los retos identificados en los informes de Enrico Letta ('Mucho más que un mercado') y Mario Draghi ('El futuro de la competitividad europea').

La Declaración de Budapest del 8 de noviembre de 2024 instó posteriormente a 'lanzar una revolución de simplificación', garantizando un marco regulatorio claro, simple e inteligente para las empresas y reduciendo drásticamente las cargas administrativas, regulatorias y de presentación de informes, en particular para las pymes.

El 26 de febrero de 2025, atendiendo al llamamiento de los dirigentes de la UE, la Comisión presentó dos paquetes ómnibus destinados a simplificar la legislación vigente en materia de sostenibilidad e inversión, respectivamente.

El 20 de marzo de 2025, los dirigentes instaron a los colegisladores a impulsar la elaboración de estos paquetes ómnibus de simplificación con carácter prioritario y gran ambición, con vistas a finalizarlos lo antes posible en 2025.

En esta ocasión, el Consejo Europeo pidió específicamente a los colegisladores que adoptaran el mecanismo de "detención del reloj" sin demora y a más tardar en junio de 2025.

El 14 de abril de 2025, el Consejo adoptó el mecanismo y aplazó dos años la entrada en vigor de los requisitos de la CSRD para las grandes empresas que aún no han comenzado a informar, así como para las pymes que cotizan en bolsa, y un año el plazo de transposición y la primera fase de la aplicación (que abarca a las empresas más grandes) de la CS3D.