Las ONG marinas instan al Congreso a combatir la pesca ilegal

Las organizaciones conservacionistas marinas, ClientEarth, Ecologistas en Acción, EJF, Oceana, SEO/BirdLife y WWF consideran la propuesta legislativa una oportunidad clave para mejorar la transparencia del sector pesquero y consolidar el liderazgo del país en la lucha contra la pesca ilegal. 

No obstante, para que sea efectiva, la norma debe abordar la publicación de información sobre las personas y entidades beneficiarias de las actividades pesqueras

Las ONG marinas señalan que se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) el proyecto de ley de control, inspección y régimen sancionador de la pesca marítima, por lo que inicia su tramitación parlamentaria la norma que actualizará el marco de control pesquero de España de acuerdo con la normativa de la Unión Europea.

El texto refuerza la inspección, la rendición de cuentas y la imposición de sanciones frente a la pesca ilegal, independientemente de dónde se produzca.

También consolida el papel de España como referente para prevenir la entrada de productos ilegales en el mercado europeo.

Sin embargo, estas ONGs advierten de que la ley no será suficiente si no aborda uno de los principales puntos ciegos del sector: la publicación de información sobre quiénes son las personas y empresas que realmente se benefician de las actividades pesqueras. 

Como explican ClientEarth, Ecologistas en Acción, EJF, Oceana, SEO/BirdLife y WWF, el titular real es el individuo que en última instancia controla o se beneficia económicamente de una embarcación pesquera, lo cual puede diferir del propietario legal registrado, donde con frecuencia figuran intermediarios.

La opacidad en la propiedad de las embarcaciones permite que las sanciones por pesca ilegal y otros delitos graves, como el trabajo forzoso, la trata de personas, el contrabando de drogas o el tráfico de especies protegidas, se queden en esos intermediarios y no repercutan sobre los verdaderos beneficiarios.

Esto incluye tanto a los buques con bandera española como aquellos con bandera extranjera en los que ciudadanos o empresas españolas tengan participación.

Algo que resulta especialmente relevante, ya que investigaciones recientes de Oceana han demostrado que el 23% de los buques de fuera de la UE pero de propiedad española - un total de 52 embarcaciones - podrían estar registrados en países donde hay riesgo de pesca ilegal, y que en muchas ocasiones son paraísos fiscales. 

Desenmascaramiento

Al respecto, Ignacio Fresco Vanzini, asesor político de Oceana en Europa, explica en nombre de las ONG que "España es un líder en la gobernanza del océano y el control pesquero, y la aprobación de esta nueva Ley de Control es una prueba de ese compromiso. Para consolidar su liderazgo y combatir la pesca ilegal, el país debe garantizar que la norma incluye medidas de transparencia que desenmascaren a los verdaderos propietarios de las embarcaciones pesqueras. Esto creará unas condiciones equitativas para los operadores legítimos y permitirá que los infractores rindan cuentas”.

Por su parte, Clara Burillo, responsable de políticas oceánicas de Environmental Justice Foundation añade en nombre de las ONG que “la mayoría de los pescadores españoles operan de forma responsable, y una mayor transparencia protegerá su reputación y competitividad. Exigir información sobre la titularidad real es una práctica habitual en otros sectores económicos y permitirá que la pesca española se alinee con las mejores prácticas, ayudando a las autoridades a distinguir entre los buenos y los malos operadores y a cerrar lagunas en la aplicación de la ley".

Por último, ClientEarth, Ecologistas en Acción, EJF, Oceana, SEO/BirdLife y WWF instan a los miembros del Congreso y del Senado a tomar las siguientes medidas:

-Incluir una obligación clara para identificar y registrar a los titulares reales de las embarcaciones pesqueras. 

-Asegurar poderes sancionadores efectivos para actuar contra los titulares reales de embarcaciones implicadas en la pesca ilegal y otras actividades ilícitas.

- Exigir que la información sobre la titularidad real sea de acceso público de modo que las autoridades, el sector y la ciudadanía puedan verificar qué empresas controlan realmente las embarcaciones pesqueras.