20 DE julio DE 2026
La Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac) declaró la pasada semana que el trabajo forzoso en la pesca de Tailandia continúa siendo un problema sin resolver, tras la publicación de un informe de la organización Humanity United, en el que se admiten avances en ese país en la última década, pero aún muy insuficientes.
Opagac se hizo eco de un informe de esta ONG, en el que se analiza la evolución de las condiciones laborales en la industria pesquera y de productos del mar de Tailandia, y en el que se dictamina que, pese a los "importantes avances, registrados durante la última década, el trabajo forzoso sigue siendo un problema en este país del Sudeste asiático."
No obstante, el estudio también reconoce que las reformas impulsadas por las Administraciones públicas, el sector privado y las organizaciones sociales han permitido reducir muchas de las formas más graves de explotación laboral y mejorar las condiciones de miles de trabajadores.
Opagac subrayó que el informe confirma que la lucha contra el trabajo forzoso "requiere un compromiso sostenido de todos los actores implicados, pero también que el acceso al mercado europeo debe estar condicionado al cumplimiento de los mismos estándares laborales aplicados a la flota europea".
Según indicó Julio Morón, director gerente de Opagac, a distintos medios, "este informe demuestra que los esfuerzos realizados por Administraciones, empresas y organizaciones sociales están dando resultados. Sin embargo, mientras la Unión Europea (UE) no exija el cumplimiento de los estándares laborales básicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como condición para acceder al mercado, será muy difícil erradicar definitivamente el trabajo forzoso en las cadenas de suministro."
El informe señala que uno de los principales obstáculos para erradicar el trabajo forzoso es que el mercado no recompensa a quienes invierten en mejorar las condiciones laborales.
Ante esta situación, Opagad defiende que el acuerdo comercial entre la UE y Tailandia garantice que todos los productos pesqueros que accedan al mercado comunitario cumplan los mismos estándares laborales y sociales que se exigen a la flota comunitaria.
Para Morón, "no podemos pedir a unas empresas que hagan un esfuerzo por garantizar los derechos laborales mientras otras compiten en nuestro mercado sin asumir esos mismos estándares. La UE tiene la oportunidad de cambiar esa realidad incorporando criterios sociales exigibles en sus acuerdos comerciales. Solo así conseguiremos acelerar la erradicación del trabajo forzoso y garantizar que todos los operadores compitan bajo las mismas reglas."
Ante esta situación, OPAGAC, que forma parte de Europêche, solicita a la Comisión Europea que introduzca salvaguardas concretas antes de avanzar en la liberalización comercial. En concreto, añaden:
-Restablecer aranceles para los filetes de atún o, como mínimo, fijar un contingente arancelario limitado.
-Incluir una cláusula de salvaguarda específica para el atún, activable en caso de aumento de importaciones o alteraciones de precios.
-Condicionar el acceso preferencial al mercado europeo al cumplimiento de estándares en materia de seguridad alimentaria, pesca INDNR y derechos laborales.
-Reforzar los requisitos de trazabilidad y control de toda la cadena de suministro, incluyendo buques, plantas de transformación, certificados de captura y datos de transbordo.
“La sostenibilidad pesquera no puede medirse sólo desde el punto de vista ambiental. Debe incluir también seguridad alimentaria, transparencia, derechos sociales y condiciones de competencia equilibradas para todos los operadores que acceden al mercado europeo”, señaló Morón recientemente al respecto, añadiendo que “si queremos proteger al consumidor, a la industria y garantizar una pesca verdaderamente responsable, Europa debe exigir los mismos estándares a todos los productos que llegan a su mercado."
Qcom-es © 2026 | Todos los derechos reservados