Últimos pasos para determinar la representatividad en el sector agrario

El pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley sobre el desperdicio alimentario que incluye en su dictamen cambios en la norma de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, que se envían también para su trámitación parlamentaria al Senado.

Esta modificación permitirá el reconocimiento oficial de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UdU) y su inclusión legal en el Consejo Agrario, órgano consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en el que participan desde su creación las organizaciones agrarias de ámbito estatal ASAJA, COAG y UPA.

La nueva norma sustituirá a la Ley de Representatividad Agraria, que fue aprobada ya en 2014 durante el gobierno de Mariano Rajoy, en la que preveía una consulta electoral estatal, que no fue convocada durante todos estos años ante la falta de desarrollo reglamentario de esta normativa.

El texto, que fue aprobado sin enmiendas para su debate en el Senado, establece los requisitos a cumplir por las organizaciones para solicitar su reconocimiento como las más representativas.

Para ello, en primer lugar, deben estar constituidas y reconocidas como opas de carácter general y ámbito estatal, y tener inscritos sus estatutos en el registro competente como organización empresarial con al menos un año de antigüedad que tenga entre sus objetivos la defensa de los intereses generales de la agricultura.

Si la entidad la forman organizaciones de ámbito inferior, se deberá acreditar la integración con al menos seis meses de antigüedad a la fecha de solicitud del reconocimiento.

La representatividad se determinará exclusivamente a partir de las certificaciones de representatividad emitidas por las CC.AA. y basadas en una serie de criterios. Así, en las comunidades con una legislación vigente y donde se hayan celebrado elecciones, se tomarán los resultados más recientes.

También se tendrá en cuenta la acreditación realizada "conforme a los datos" en las regiones que cuenten con una legislación para establecer la mayor representatividad; y en el resto se considerará la participación de esas organizaciones en instituciones autonómicas y en los procesos de elaboración de normas.

Para alcanzar la condición de organización más representativa en ámbito estatal, determinada por el MAPA, la norma exige que esta sea la de mayor representatividad o esté acreditada su participación institucional en al menos siete CC.AA.

Además, se requerirá que la organización alcance al menos el equivalente al 10 % del total de afiliados nacionales en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA) y el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios, con sus respectivos cálculos.

Acreditación

Las resoluciones del MAPA en las que se declare la representatividad estarán en principio vigentes cinco años y, antes de que expire ese plazo, el Gobierno deberá impulsar un nuevo sistema de acreditación.

Este sistema estará basado fundamentalmente en las elecciones entre las personas dadas de alta en el RETA y deberá consultarse antes con las comunidades y las organizaciones agrarias más representativas de ámbito estatal.

Además de estar presentes y participar en el Consejo Asesor Agrario, Las OPAs recibirán subvenciones directas para sus actividades de representación y colaboración ante la Administración General del Estado, la Unión Europea y otras instituciones.

El MAPA deberá acordar la incoación inicial del primer procedimiento para determinar la condición de organización más representativa en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la nueva disposición normativa.

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UdU), que ha sido la organización agraria que lleva años defendiendo su representatividad agraria a nivel de Estado y la convocatoria de elecciones en el campo a nivel nacional, apoyó los cambios introducidos por el Congreso de los Diputados.

Por su parte, los responsables de las organizaciones agrarias de ámbito estatal ya reconocidas, ASAJA, COAG y UPA, manifestaron que asumen los cambios aprobados por los diputados, pero con el añadido de que hubiesen preferido una tramitación distinta, mediante proyecto de ley y, en todo caso, reclamaron que se cumplan los requisitos y criterios exigidos que justifiquen la representatividad en el campo español.