Hacia una representatividad agraria certificada

La nueva norma que regula la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) evita que pueda celebrarse una cita electoral estatal para reconocer a quienes representan a los agricultores y ganaderos del campo español el sistema de elecciones al campo, al considerar que su aplicación práctica conlleva "dificultades", y establece un nuevo sistema que podrá arrancar en tres meses.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 2 de abril la Ley 1/2025 sobre desperdicio alimentario, que incluye la modificación normativa en la que se detalla cómo será el nuevo procedimiento para el reconocimiento oficial de las OPAs de ámbito estatal.

La norma contiene los requisitos que las organizaciones agrarias han de cumplir para poder concurrir al procedimiento de determinación de la representatividad.

Entre ellos, se reclama que estén constituidas y reconocidas como OPAs de carácter general, ámbito estatal, e implantación y actividad efectivas en al menos siete Comunidades autónomas.

Representatividad certificada

Dicha representatividad estatal se determinará exclusivamente a partir de las certificaciones emitidas por las Comunidades Autónomas, de acuerdo con los sistemas de reconocimiento de representatividad establecidos o, en su caso, situaciones de implantación en cada una de ellas.

Estas certificaciones se remitirán al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que será el encargado de determinar la condición de más representatividad estatal de cada una de ellas.

Además, para conseguir ese nivel, se requerirá que la organización alcance al menos una cifra equivalente al menos al 10 % del total de afiliados nacionales en el sistema Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y del propio Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA).

Concluida la tramitación, la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación declarará, motivadamente, las organizaciones profesionales agrarias más representativas de ámbito estatal, mediante las respectivas resoluciones individuales.

Vigencia de la representatividad

La vigencia de las resoluciones en que se declare la representatividad será de cinco años desde el día de su publicación.

El Gobierno, antes de que expire la vigencia de estas primeras resoluciones, impulsará "un nuevo sistema de acreditación de la representatividad" basado en criterios "objetivos, precisos y establecidos mediante leyes, en los que las elecciones entre las personas en alta al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social por sus actividades agrícolas, ganaderas o forestales sea su base fundamental".

La norma recuerda que las opas generales de carácter estatal forman parte del Consejo Agrario y desarrollan funciones de representación institucional en defensa de sus intereses ante la Administración General del Estado y otras entidades u organismos.

Hasta ahora, las organizaciones agrarias que forman parte de este Consejo son ASAJA, COAG y UPA.

No obstante, el MAPA ya firmó el acuerdo e 43 medidas para el sector agrario tras las tractoradas con Unión de Uniones, además de UPA, mientras ASAJA y COAG declinaron hacerlo.

Una de las cuestiones pendientes que se tendrán que dirimir es qué supondrá la representatividad oficial de Unión de Uniones en las distintas Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias (OIAS) de ámbito estatal y si esta organzación demandrá su entrada "de facto" en las mismas, tras su reconocimiento a nivel estatal o si será cada OIA la que tenga que decidir, de acuerdo con sus estatutos internos, al respecto. Esta última parece la opción más probable.

Según se argumenta en la legislación aprobada, la necesidad de este cambio del sistema de representatividad agraria se justifica porque la anterior Ley de representatividad (Ley 12/2014, de 9 de julio) se basaba en la celebración de un mecanismo de consulta pública nacional "exhaustivo", pero que conllevaba "dificultades para aplicarlo desde las perspectivas material, económica e incluso teleológica".

Así, añade, "basta referirse al importante despliegue de medios humanos y materiales que requeriría, especialmente dada la previsión de participación presencial en mesas repartidas por todo el territorio nacional, a su elevado coste económico, a las diferencias entre los procesos electorales estatal y autonómicos, que afectan al censo y a la configuración misma de los procesos, lo que podría dar lugar a resultados dispares en un mismo ámbito territorial, y a la duplicidad de consultas en determinadas Comunidades autónomas".

Por todos estos motivos, se ha optado por un sistema "de nueva planta que asegure la efectiva consideración de tal representatividad", según queda recogido en la nueva normativa.

Reacciones

Unión de Pequeños Agricultores (UPA)

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se lamentó el camino recorrido para llegar a un procedimiento de determinación de la representatividad agraria que no les resulta satisfactorio.

Fuentes de esta organización agraria indicaron que en su día ya existía una razonable aceptación por parte de las asociaciones de la Ley 10/2009 de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias, que fue promulgada con un amplio consenso parlamentario.

UPA acusa a "la obsesión del (entonces) ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, para imponer una ley distinta, amparado en la mayoría absoluta que entonces tenía el Partido Popular en el Congreso, para derogar la citada ley su derogación y propone y finalmente aprobar la Ley 12/2014, que se ha demostrado inaplicable tras más de una década de Gobiernos de distinto signo político.

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UdU)

Por su parte, el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, mostró su confianza en que su organización acreditará la suficiente representatividad estatal, en base a la nueva norma que entra en vigor este jueves 3 de abril, con el fin de pasar a formar parte del Consejo Agrario a partir del verano.

Cortés valoró la nueva norma de representatitividad agraria, publicada en el BOE el 2 de abril (Ley 1/2025), a pesar de que prescinde de un proceso de consulta pública estatal, como la UdU solicitaba.

Aún así, el coordinador estatal de Uniones ve que la nueva norma es "insuficiente" para conseguir los objetivos que pretende, a pesar de ser fruto de muchas horas de negociación y porque siempre han pedido que llegue la democracia al campo a través de elecciones.

Cortés espera que el MAPA abra el proceso para que las organizaciones agrarias, que lo consideren, justifiquen su ámbito de representatividad estatal, y considera que las cuatro principales (ASAJA, COAG, UPA y Unión de Uniones) no tendrán problema para justificar dicha representatividad.

El responsable de UdU calcula que el reconocimiento de su organización llegará a partir de este verano, "para julio o agosto", y partir de ahí  podría formar parte del Consejo Agrario y desarrollar funciones de representación institucional en defensa de sus intereses ante la Administración General del Estado  (AGE)y otras entidades u organismos oficiales.

Según Cortés, conviene recordar que sigue vigente la posibilidad de celebrar elecciones al campo de ámbito autonómico (ahora se celebran solo en cuatro CC.AA., Castilla y León, Cataluña, Madrid y Extremadura), por lo que, desde la UdU se insistirá para que CC.AA. agrícolas relevantes, caso de Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón o Galicia, celebren también esos procesos, que luego les sirven para acreditar la representatividad a nivel estatal.

"Seguimos pensando que las personas que representen a los agricultores tienen que salir de una urna", señaló Cortés.